Los sueldos de los políticos y de los funcionarios

En estas fechas en que ha salido a la luz la existencia de sobresueldos de políticos procedentes de cuentas en paraísos fiscales, hemos de volver a pensar en las motivaciones para desempeñar un cargo público o para participar en los órganos rectores de los partidos políticos.

Es fácil criticar las retribuciones que los políticos tienen asignadas, sobre todo en estos momentos en que hay tantos desempleados, los servicios públicos hasta ahora gratuitos y universales están reduciéndose y en algunos casos se exige que contribuyamos a su sostenimiento, en la sanidad, en la justicia.

Siempre se ha defendido la asignación de unas retribuciones dignas para los cargos públicos, sean de elección o sean profesionales, entre otros motivos, para evitar las tentaciones. Pero éstas siempre existen, la ambición no tiene límites. Lo que no se debe consentir es que no existan reglas y éstas deben ser iguales para todos los cargos públicos. Pero la hipocresía y la envidia, tan nuestras, no pueden hacer que no veamos la realidad. No se puede exigir capacitación, competencia, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad y que todo ello sea por vocación de servicio público. El "quid" es el montante de las retribuciones y que esto sea una guerra política. Que se eliminen las retribuciones de los cargos electos (como en las Cortes de Castilla-La Mancha) no parece la solución. Tampoco se puede exigir que profesionales cualificados, que en su vida privada obtienen unos ingresos muy elevados se dediquen a prestar sus servicios a los gobiernos o a la administración abandonando su actividad y lo hagan a costa de perder nivel adquisitivo: Así sólo se dedicarán a la política unos pocos vocacionales y muchos más mediocres.

En la empresa privada, y esto se sabe, hay parámetros retributivos, con o sin incentivos, que si bien no son trasladables directamente a la actividad pública, debían ser los que determinen los sueldos de nuestros políticos. O es que el Presidente del Gobierno, nos guste la persona que desempeña el puesto o su partido más o menos, debe cobrar la mitad, la tercera parte o menos, de lo que percibe un directivo de una empresa mediana (por no hablar de bancos).

Lo mismo cabe decir de la Administración. La garantía de permanencia (ahora en discusión) no debe ser el único argumento para mantener unas retribuciones muy por debajo de lo que se percibe en puestos similares en el mercado privado. Es cierto que la política social aplicada a las plantillas de las Administraciones Públicas ha hecho que los puestos más básicos perciban unos sueldos equiparables (cuando no mejores) que los que se perciben en las empresas privadas, pero no creo que nadie se atreva a criticar los sueldos de muchos mileuristas al servicio de las entidades y organismos públicos. 

Esa misma política ha hecho que los puestos más altos reservados a funcionarios tengan unas retribuciones contenidas, lo que unido a la incompatibilidad legal para el ejercicio de otras actividades públicas y privadas (con excepciones, legales o reales). Pero no se olvide que los directivos deben pagarse, y los dueños de las empresas (o los políticos) obtener los rendimientos de su conocimiento profesional. Pero, ¿como se premian los buenos resultados de una gestión política a un cargo electo? ¿Ganando elecciones? ¿Con un cargo vitalicio en un órgano consultivo o en una multinacional al final de su carrera? ¿Merecen algunos de ellos estos destinos sólo por lo que han hecho en su actividad pública?

Siempre he pensado que lo verdaderamente criticable no son las retribuciones (dentro de un orden) sino que no exista responsabilidad por la gestión realizada, no es suficiente la responsabilidad política (someterse a unas nuevas elecciones). A la vista está que tanto las normas administrativas han sido insuficiente o ineficaces ("entre bomberos no vamos a pisarnos la manguera") y a nivel penal las imputaciones  levantan la indignación popular pero al final las condenas son la excepción.

Ahora dicen que van a hacer algo contra la corrupción

Los últimos episodios de corrupción, por citar algunos por su nombre policial, "Gürtel" que significa correa en alemán (iniciada en Boadilla del Monte y Majadahonda y con su extensión en la Comunidad Valenciana, el más sonado), "Pretoria" (Santa Coloma de Gramenet y otros, Barcelona), "Molino" (La Muela, Zaragoza), "Poniente" (El Ejido, Almería), están obligando a los dirigentes de los grandes partidos políticos, ahora que las implicaciones empiezan a extenderse a cargos públicos de todos ellos, a anunciar la toma de decisiones antes que se les recrimine de que no hacen nada para evitarlo. Ya no vale decir que los corruptos son los otros, ya no se lo cree nadie.

A pesar de lo que se mantiene por la mayoría de comentaristas políticos, prefiero pensar que la causa real de la corrupción no es la financiación de los partidos políticos, y que los corruptos lo hacen en beneficio propio y no para financiar los partidos políticos que, desde luego, ni fiscalizan ni investigan ni denuncian cuando tienen sospechas de corrupción, tal vez porque reciben parte de los beneficios obtenidos, tal vez por los efectos negativos que tendría en los resultados electorales reconocer que en su partido hay corrupción.

Respecto a las medidas legislativas propuestas creo que, a pesar de que no puedan calificarse de negativas, serán poco eficaces. Ni el endurecimiento de penas y modificación del elemento subjetivo en varios delitos cometidos por los funcionarios públicos; ni la modificación de la Ley de Financiación de Partidos, haciendo pública la actividad de los partidos políticos y sus contratos, aumentando sus ingresos procedentes del erario público; ni la modificación de la Ley de Bases del Régimen Local, aumentando la transparencia sobre las actividades y patrimonio de los miembros de la Corporación, regulando los derechos y obligaciones de los concejales y reforzando las posibilidades de control de la oposición; tampoco la reforma de la financiación local, para desvincularla del urbanismo, "la gran tentación"; y desde luego, que gobierne la lista más votada, para evitar el transfuguismo, que lo que pretende no es actuar sobre la corrupción sino reforzar el poder de los grandes partidos políticos en detrimento de las minorías.

En particular, las propuestas de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local sobre los contratos de obras públicas me suenan a tomadura de pelo: pensar que la ampliación de las atribuciones del Pleno, además de suponer una inflexión a la evolución en la materia desde el año 1985, sirve de algo, me atrevo a calificarlo de pueril.

Y respecto de la publicación de los bienes de los políticos, ¿alguien se cree que los políticos que se han enriquecido durante su mandato o participan en negocios oscuros van a publicar su patrimonio real? ¿A qué patrimonio se refieren, al que figura a su nombre, al de su familia, a los títulos y bienes inmateriales que no figuran en registros públicos, las obras de arte, las joyas, los inmuebles adquiridos por sociedades participadas o por testaferros, a las cuentas y fondos en cuentas abiertas en otros países...?

Y mientras tanto los dirigentes del partido político afectado por corrupción miran hacia otro lado, o incluso refuerzan explícitamente su confianza sobre el sospechoso y esperan a que haya una condena (amparándose en la presunción de inocencia) tras largos años de investigación judicial y numerosas estrategias procesales dilatorias o anulatorias de pruebas o actuaciones desarrolladas. Parece que son presuntos de "primera división" y la prensa se hace eco de los ataques a su dignidad y su imagen, algo que parece que no tienen los presuntos "delincuentes comunes" (que también tienen conocidos, familiares, amigos, un trabajo, etc., y pueden ser inocentes de los delitos de que se les acusa).

Respecto a la afirmación de que la corrupción está en los Ayuntamientos, creo que puede ser deliberadamente falsa ya que la corrupción en realidad se encuentra siempre donde está el poder y el dinero, y cuanto más posibilidades hay, más fuerte y organizada será la corrupción y probablemente más difícil de probar en los tribunales (muchos casos ha habido antes de ahora, sobre todo sin condenas). Lo que ocurre es que muchos casos municipales son chapuceros y descarados, y la investigación lo tiene bastante más fácil; y además, los controles internos realmente son mucho más débiles en la administración local que en el Estado o las Comunidades Autónomas.

En fin, la corrupción no es exclusiva de nuestro pais, existe en todos los paises del mundo pero, eso sí, campa a sus anchas en los que no tienen un sistema democrático verdadero cuyo eje fundamental es el derecho y el deber de los ciudadanos de exigir la asunción de sus responsabilidades a los políticos, al menos a la hora de votar. Hay cosas que no se pueden perdonar a un cargo público.

La hipocresía de los políticos o la tiranía de los votos

Vengo dándole vueltas a cuál sería la actuación correcta en casos como el "Gürtel" , qué deberían hacer los cargos políticos, tanto electos como altos cargos de la Administración (no me importa tanto lo que hagan los puestos directivos de los partidos) en caso de sospechas de corrupción. Y no valen las presiones de un lado, de dimisiones en masa y, por otro, de aguantar "haste que amaine" ya que está por ver si afecta a los votos (creo que no afecta tanto como pensamos)

Comoquiera que no existe un criterio legal y, mucho menos, uniforme de cómo se debe actuar, las decisiones que se toman en cada caso y en cada partido son distintas más en función de la imagen que se quiera dar que por convencimiento, y siempre pensando en la reacción del electorado. Esto último no está del todo mal, que se decida en función de la presumible voluntad del votante, pero es más probable que lo que se pretenda es influir en la opinión pública y no "limpiar" las instituciones de indeseables, con el mensaje subliminal que la corrupción es inevitable.

De cualquier forma, igual que los partidos se pusieron de acuerdo con el pacto antitransfuguismo (esto les interesaba más porque refuerza la disciplina intra-partido), podrían ponerse de acuerdo en cómo y cuándo se debe abandonar un cargo público (aunque luego este acuerdo no serviría de mucho, como ya sabemos, más hipocresía que realidad).

Para la elaboración de este acuerdo pueden abordarse, entre otros puntos, los que se citan a continuación

Cualquier sospecha no es suficiente. Esto es lo primero que habría que delimitar. Cualquier imputación de la comisión de un delito o de un comportamiento impropio de un representante político publicada en prensa o, incluso, contenida en una querella, no puede dar lugar a la exigencia de una dimisión o suspensión del cargo. Muchas veces estas acusaciones son infundadas o incluso malintencionadas.

La recuperación del cargo es obligada. Si admitimos las reglas del juego en un estado de derecho, una vez finalizado, sin condena, un procedimiento judicial sobre los hechos que se imputan, se debe restaurar el cargo dimitido o suspendido y, lo que es más difícil, la honorabilidad. Incluso en los casos en que el convencimiento general es que el afectado era responsable de aquéllo de que se le acusaba, pero por anulación de pruebas, defectos procesales o decisiones judiciales controvertidas, no ha sido condenado.

Los cargos y el personal al servicio de las administraciones públicas no son tratados igual si son "sospechosos". Esto merece una explicación algo más extensa.

La Ley electoral vigente declara inelegibles e incompatibles a los electos en caso de haber sido condenados a penas privativas de libertad mediante sentencia firme. Del mismo modo, los empleados públicos pierden su condición en caso de sentencia firme que les inhabilite para la misma, lo que incluye también las condenas a penas privativas de libertad.

A efectos penales los cargos electos y los empleados públicos tienen la misma condición de funcionarios públicos y únicamente se diferencian en los casos en que se exige la previa autorización de la cámara a que pertenece (suplicatorio) y los que tienen un fuero especial (no le corresponde conocer los hechos al juez ordinario sino a otro Tribunal).

Pero en el caso que los hechos reprochables no tengan la consideración de delito o falta, las diferencias sí son muchas:

• Los cargos electos no tienen un verdadero régimen disciplinario: La pérdida de su cargo sólo puede ser declarada por los jueces y no se prevén actos cometidos por los mismos que, no siendo delitos, puedan suponer dicha pérdida. Tampoco los partidos pueden utilizar un régimen disciplinario propio, entre otros motivos, por la prohibición del mandato imperativo.
• Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario a un empleado público resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal (artículo 94.3 del Estatuto básico del empleado público). Y podrá acordarse la suspensión provisional en sus funciones como medida cautelar en dicho expediente disciplinario y durante la tramitación de un procedimiento judicial (artículo 98.3 del mismo Estatuto).

No estoy nada convencido que la aplicación de un régimen disciplinario específico a los cargos políticos sea la solución. Muchos problemas legales e incluso constitucionales tendría esta medida, en particular, en cuanto a efecto a su derecho al cargo.

Pero lo que no parece de recibo es que las "medidas ejemplarizantes" que los partidos toman con sus miembros, sólo se apliquen con quién ellos decidan y cuando les parezca oportuno; lo que ahora se hace parece que se decide más en función del rendimiento electoral.

Lo que ocurre y no debería ocurrir nos debe enseñar, al menos, lo que no debe repetirse en el futuro (proverbio chino o lo parece).

El transfuguismo lo permite la Constitución

Aunque se empeñen los partidos políticos, el cargo de Concejal o Diputado pertenece a quien lo ostenta y no a la lista o partido político en cuya candidatura participó en las elecciones y no tiene la obligación de abandonarlo si deja de pertenecer a dicho partido.

Este derecho al cargo de los electos, que deriva de su naturaleza de mandato representativo o libre (frente al mandato imperativo) que se reconoce en nuestra Constitución y se defiende tajantemente por el Tribunal Constitucional, se manifiesta principalmente como el libre ejercicio de las funciones públicas para las que han sido elegidos nuestros representantes sin vinculación alguna a sus votantes. Libertad que también gozarían respecto de los partidos políticos o candidaturas de las que forman parte.

Y así se cumple en cuanto a los electores que, fuera de sus votos, no tienen otros medios democráticos para exigir que el candidato que ha resultado elegido cumpla sus propuestas, sin perjuicio de otras formas que pueden considerarse legítimas para mover sus voluntades, como las manifestaciones públicas o los escritos con miles de firmas, pero que no vinculan a los concejales o diputados, aunque son a veces eficaces, pues los políticos valoran el rendimiento electoral que puede producirles acceder a esa presión o no.

Pero los partidos políticos tienen a su disposición distintas herramientas legales y otras no tanto, para hacer que el electo cumpla sus instrucciones, aun en contra del propio programa político.

• Dentro de las facilidades que les otorgan las leyes, destaca la de confeccionar y presentar las listas de candidatos, ya que el sistema electoral favorece los partidos y coaliciones frente a otras opciones (agrupaciones de electores).
• Aún más importante son las denominadas listas cerradas: No se puede votar a Concejales, Diputados del Congreso o de las Asambleas autonómicas individualmente, necesariamente se vota a un partido, una candidatura o lista completa.
  

Estas atribuciones de que gozan los partidos son contrarias a la esencia del mandato representativo, que el pacto anti-transfugismo considera irreal, pues defiende que la realidad tiene más que ver con el mandato imperativo y los puestos de los Concejales y Diputados resultan de los votos de los ciudadanos a una candidatura, a un partido político, y por tanto no les pertenece a los elegidos sino a los partidos, algo que como ya he dicho es contrario a la Constitución.

El catedrático Pedro de Vega (1) describe esta contradicción del siguiente modo:
"Por un lado, y conforme al principio clásico de representación y a la lógica implícita en la prohibición del mandato imperativo, no es cuestionable que la titularidad del mandato corresponde jurídicamente al diputado y, por tanto, sólo él puede ejercer y disponer de esa titularidad.

Pero, por otro lado, no es menos claro que, de acuerdo con la lógica de la democracia de partidos y del principio de proporcionalidad electoral, la representación individual del diputado y las actuaciones parlamentarias de éste, deben quedar en todo caso encuadradas en la acción global del partido, para que la relación entre composición política del Parlamento y composición política del cuerpo electoral, no sufra alteraciones ni conmociones notables. Es entonces cuando el mandato representativo del diputado protegido constitucionalmente, se convierte de facto en un mandato imperativo condicionado por las órdenes del partido a que pertenezca".

Lo que sería conforme a la Constitución y a la verdadera democracia es que si un partido se desvía de su programa electoral injustificadamente, el concejal o diputado pueda decidir conforme a sus convicciones. Aunque lo que parece que exige la opinión pública mayoritaria es que cuando un electo abandona su partido o se suscribe un pacto con quien que algún concejal o diputado que lo ha abandonado (porque no está permitido pasar de un partido a otro, tránsfuga en sentido estricto) debe ser sancionado y "desterrado" a pesar de que no es una práctica ilegal. En la legislación de régimen local, a consecuencia de este pacto un Concejal que abandona o es expulsado de su grupo pasa a ser"no adscrito", perdiendo las ventajas de su integración en grupo político.

Además de estar amparado por nuestro ordenamiento jurídico el tránsfuga, el que desobece las instrucciones del partido o lo abandona pactando con otro grupo, no siempre es el malo. Y téngase en cuenta que, en la práctica, no en las declaraciones públicas, los partidos sólo condenan explícita y tajantemente los casos de transfuguismo de los demás y suelen justificar los propios ("este caso es distinto", dicen, "es por la gobernabilidad", también suele oirse).

Todos podríamos recordar alguna polémica decisión en una Cámara o Pleno de un Ayuntamiento en la que los miembros de un grupo político defendían lo contrario a lo que teóricamente esperarían sus electores (por ir en contra de su programa político o incluso sus promesas electorales) y cuando alguno de sus miembros anuncian su intención de votar en coherencia con sus principios o su ideología y en contra de la "disciplina de voto", suelen ser amenazados con la expulsión de sus partidos. Eso por no hablar de las legendarias "dimisiones en blanco" que debían entregar los candidatos a sus partidos (parece que en su día fue práctica común) pero que además de ser ilícitas, son inútiles una vez se ha reconocido pacíficamente la revocabilidad de los escritos de renuncia.

Con todo esto no niego que en muchos pactos con tránsfugas haya intereses inconfesables. Y tampoco que lo más ético, mientras nuestro sistema sea el que es, que cuando el cargo elegido se separa de la línea de su partido, debe renunciar a su puesto de Concejal o Diputado. Pero también tendría sentido (y es la verdadera democracia, dirían algunos) que los ciudadanos elijan a sus representantes y éstos sean los responsables de las decisiones que toman y no meros instrumentos que materializan el voto que les imponen sus partidos en las Cámaras o Asambleas de las que forman parte.

Para esto sería necesario cambiar la ley electoral y modificar el sistema de elección de nuestros Concejales y Diputados y, al menos, que las listas no sean "propiedad" de los partidos políticos. Muchas propuestas hay al respecto, como las llamadas listas abiertas. La elección directa de Alcaldes, que a veces se cita como beneficiosa en la democratización de los Ayuntamientos, intuyo que tiene "gato encerrado"...

(1) Una referencia sobre el origen y la aplicación del mandato no imperativo, puede ser el artículo de Pedro de Vega "Significado constitucional de la representación política", a pesar de ser de 1985. Opiniones críticas muy conocidas sobre nuestro sistema, las de Antonio García Trevijano, sirva por ejemplo ésta. Y en blogs, el de Antonio Morcillo en el que se incluye una viñeta de Forges muy ilustrativa.

El PP y el PSOE son iguales en muchas cosas: las subvenciones

(rectificado el 29 de agosto)

Antes de explicar el título de esta entrada, aclaro que cito los dos partidos con mayor número de votos y de gobiernos en España (contados los autonómicos y los locales), aunque podría extenderse a todos los partidos con suficiente cota de poder y asumiendo que es una generalización que en casos particulares no se cumple.

Desde luego no me refiero ni a sus políticas, ideologías o programas (aunque me temo que hay más similitudes de las que podamos pensar). En lo que yo creo que son iguales 'igualicos' es en su forma de administrar el poder, o mejor dicho, los dineros que atribuye ese poder, que distribuyen favoreciendo de un modo descarado a los de su propio partido o, incluso, a los de su línea afín dentro del mismo. Y lo peor de todo, como ambos partidos lo hacen, admiten y consienten que el otro partido lo haga. O incluso lo ven "democrático", lo que es peor.

En algunas ocasiones salen a la luz excepciones a esta regla, pero no por tanto por la ilegalidad de las subvenciones otorgadas sino por la discriminación de unos partidos políticos frente a otros.

Admito que cuando escribo todo esto estoy pensando en los criterios de adjudicación de subvenciones del Estado, Comunidades Autónomas y Diputaciones Provinciales a los Ayuntamientos, bien sea mediante convocatoria pública, bien sea mediante convenios singulares, bien ejecutando directamente determinadas obras, servicios o instalaciones. Y en el mejor de los casos, las subvenciones o ayudas se distribuyen en atención a cuotas de representación de cada uno de los partidos o grupos de poder de los mismos, prescindiendo de la priorización en función del valor del proyecto, de la necesidad, etc., aunque formalmente aparezcan valorados y adjudicadas las subvenciones en función de los criterios que figuran en la convocatoria.

Últimamente se han publicado las quejas del PP de Andalucía denunciando favoritismo en determinadas subvenciones de la Junta a favor del PSOE, y CiU denuncia en Cataluña el trato de favor a ERC. Se observará que la queja siempre se dirige a la desproporción entre representatividad y subvenciones otorgadas pero, o mucho me equivoco, ésta no es ni puede ser legalmente el criterio de distribución de estas ayudas. Y en esto son todos exactamente iguales, esa es la regla en que mejor se mueven: el poder o el dinero se reparte proporcionalmente a los votos obtenidos (escaños, alcaldías, lo que sea...). Recuerdénse los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, y otras altas instituciones del Estado, en los que el criterio de reparto es el que subyace (o "florece") en la decisión correspondiente.

No obstante, los recientes Planes anti-crisis como el Fondo estatal de inversión local incluido en el Plan E o el Plan de inversión productiva de apoyo a los Municipios de la Comunidad Valenciana, atribuyen un importe en función de la cifra de población, pero ha de tenerse en cuenta que en estas "convocatorias" no hay concurrencia ni competencia entre los diversos proyectos, hay "dinero para todos" si se cumplen las condiciones establecidas.

NOTA: La imagen procede de la página www.laotrafsp.com/images/ratones.jpg

No siempre se cobran comisiones

En estos últimos tiempos la corrupción en las instituciones públicas aparece a menudo en las primeras páginas. Parece que los medios de comunicación pretenden sensibilizarnos sobre su trascendencia. O en realidad no, únicamente se trata de destacar los sucios asuntos de los políticos del partido contrario al de la "línea editorial" del medio de que se trate.

En otras entradas de este blog he tratado de este tema (ahora mismo voy a crear una nueva etiqueta que se llame "corrupción" para agruparlos todos), porque realmente me preocupa. Y en ésta me propongo recopilar diversas formas de obtener beneficios, ventajas o privilegios ilegítimos (cuando no delictivos) de la actividad política, distintos a la "legendaria" comisión del 3 por 100.

Así, algunos motivos por las que se contrata con una empresa o profesional, distintos al único procedente, que es la mejor oferta, técnica o económicamente, podrían ser:

• Por amistad, el contratado es amigo o conocido.
  
• Por familiaridad, el contratado es familiar (más allá del grado en que existe prohibición, o incluso dentro de éste, a través del más viejo truco: mediante la titularidad del capital de una mercantil).
  
• Por no complicarse la vida, si esta empresa lo viene haciendo y no del todo mal.
  
• Por pereza, para qué complicarse la vida.
  
• Porque más vale malo conocido, no es tan fácil encontrar empresas de confianza.
  
• Para quedar bien, ya conocemos la empresa y sus directivos, que nos hacen regalos y nos invitan a comer (esto ya sería entrar en otras cuestiones, aunque si no lo hacen en consideración a nuestra función...).
  
• Para devolver un favor o incluso, pedir un favor que luego habrá que devolver...
  
• Para presumir de eficacia o celeridad o de buenos contactos
  
• Porque es del partido la empresa o profesional que se contrata
  
• Porque es simpático el empresario, su directivos o el profesional a quien se hace el encargo.
  
• Porque invita a comer o a cenar, que puede incluso ser el motivo principal (a veces invitan a clubs, puticlubs, vamos)
  
• Porque hace "regalitos chulos", más de lo mismo.
  
• Porque da prestigio, es una empresa con renombre en los medios de comunicación (aunque en un círculo más cercano todos conozcan su "reputación").
  
• Porque es "del poble", expresión valenciana para referirse a las empresas hechas y radicadas en el municipio, con trabajadores del mismo. Este motivo puede decirse que es el mismo que alguno de los anteriores como amistad, familiaridad, etc., pero lo he puesto porque alguna vez lo he oido literalmente.
  
• Por costumbre, también con elementos comunes a alguno de los anteriores, como la pereza, el no complicarse la vida o más vale malo conocido.
  
• Por error, motivo autónomo y trágico ya que se elige un contratista pensando que es competente y se yerra totalmente (e incluso involuntariamente).
  

Estos días, en una búsqueda amplia sobre el tema en google, encontré en una publicación del Instituto Nacional de Administración Pública de México la siguiente fórmula (que se cita como conocida): Corrupción = Decisiones monopólicas + Discrecionalidad - Rendición de Cuentas

Y es la rendición de cuentas, en la que se incluye la transparencia y el acceso a la información, por tanto, la mejor medicina para esta enfermedad.

NOTA: El libro es "Corrupción. Patología colectiva" de GONZÁLEZ LLACA EDMUNDO (2005)

Los españoles se toman su voto en serio

Ya ha pasado el tiempo de las valoraciones sobre la última convocatoria electoral celebrada, las elecciones europeas de 7 de junio de 2009. En cualquier caso, lo más destacable sería la baja participación (aunque podría haber sido peor, había predicciones que nos acercaban al "Ensayo sobre la lucidez" de José Saramago).

Me propongo en esta entrada confeccionar una lista, al puro estilo Rosa Cobos, de algunos hechos que no afectan al sentido del voto de los españoles (incluidos vascos y catalanes, por el momento), aunque los mismos españoles critican airadamente. Y es que, como decía en una entrada anterior, la hipocresía es una de las grandes "virtudes" nacionales (perdón, estatales, que es como se dice ahora). Y es que, a la hora de votar, se olvidan las "pequeñeces" y se vota de verdad.

Esta es mi lista de lo que se critica y se ensalza, pero que luego no afecta al voto (al menos no afecta en una medida trascendente).

1. La corrupción en sentido estricto, en sus diversas formas delictivas, principalmente malversación de fondos, prevaricación y cohecho. Ni siquiera en las elecciones municipales parece afectar en gran medida. Los votantes no acaban de creerse las imputaciones, a veces ni aún recayendo sentencias condenatorias.
   
2. Los "regalitos", en la medida que no constituyan cohecho (ni siquiera el ya famoso cohecho impropio). Impagable la Sra. Alcaldesa de Valencia en el arranque del cambio de estrategia del Partido Popular: ahora ya no es que no existan los regalos, sino que son normales. Así lo entienden todos, también el PSOE y alguno más atrevido afirma que prohibirlos sería como suprimir los Reyes Magos (el Conseller de Inmigración y Ciudadanía). Probablemente esta nueva línea pueda dar mejores frutos en sede judicial y total, los ciudadanos "votantes" (a estos dos partidos principalmente, que son más del 80 por 100 de los españoles), lo aceptarán perfectamente. Bueno a lo mejor hasta lo quitan del Código Penal.
   
3. Obtener ventajas del cargo, en la sanidad, en el transporte, en la educación, en la información de todo orden. Entre "colegas" se hacen favorcillos, faltaría más.
4. Cometer errores de todo orden: en las previsiones económicas, en los resultados de una estrategia política (como en extranjería o educación), en la planificación operativa en las operaciones de tráfico, en gestión de graves accidentes militares o medioambientales, etc. Al fin y al cabo, todos somos humanos (salvo l@s secretari@s judiciales y l@s enfermer@s..., en que las medidas disciplinarias son ejemplarizantes).
5. Mentir a los ciudadanos. Esto también se suele perdonar por los votantes, habrá alguna buena causa para mentir, aunque hay una honrosa excepción: los atentados del 11 de marzo de 2004. Al menos yo creo que esa fue la principal razón del inesperado resultado de las elecciones, con ayuda de prensa, con maniobras varias del partido ganador y todo lo que se quiera.
6. La gestión del gobierno de turno. A nivel municipal se suele decir que las obras que dan rentabilidad son las que se ven (parques, centros culturales o sociales) pero que los alcantarillados, redes de aguas pluviales o agua potable, no dan rendimiento. Pero si llevar adelante todas esas obras ha exigido un insoportable endeudamiento o prescindir de otras inversiones objetivamente más necesarias, eso no importa. A nivel estatal no puedo evitar mencionar la multimillonaria inversión en las líneas AVE, que parece que todos apoyan pero que personalmente me parece cualquier cosa menos prioritaria.
7. El talante de los dirigentes políticos. Utilizo esta expresión a sabiendas de su desgaste y de su vinculación al Presidente del Gobierno, aunque el PSOE, tampoco es un ejemplo de ello (tampoco el PP, desde luego). En realidad me refiero a la ampliación de las posibilidades de participación ciudadana, más negociación, más transparencia. Lo que me da la sensación que se suele hacer es calibrar la rentabilidad política de las decisiones y para ello es necesario contrastar la opinión de determinados grupos, los que tienen voz.
   

Supongo que al final que la mayoría de los ciudadanos que acuden a las urnas tienen el voto decidido y muy pocas cosas lo cambian (igual que del Madrid o del Barça, aunque pierdan). Y esto los políticos parecen saberlo, da la sensación que cuando hablan sólo se dirigen "a los suyos".

Ni que decir tiene que personalmente me gustaría que estos hechos afectaran al voto de los ciudadanos. Pero me temo que aquellos a los que les afectan estos hechos y podrían hacer variar los resultados piensan que "todos los políticos son iguales" y al final ni siquiera acuden a votar.

De aquí que lo más importante en una campaña electoral (creo que ahora coincido con los analistas) es movilizar el voto, incrementar la participación, que los que no suelen votar lo hagan, pero claro..., echándose "mierda" encima constantemente y no siendo capaces los principales partidos políticos de llegar a acuerdos en cuestiones trascendentales (educación, sanidad, política penitenciaria y penal, o medidas contra la crisis económica), qué podemos esperar. Tal vez no quieran que se movilicen los ciudadanos desencantados, tal vez porque no les van a votar a ellos.

Todo esto no está respaldado por ningún estudio profundo, de esos por los que alguna reputada consultora podría cobrar 'tropecientos' euros (o mejor un importe que no supere el límite del contrato menor, y ya vendrán nuevos encarguitos).

Ah, se me olvidaba. El dibujito de arriba es el escudo nacional de Chile, con una inspiradora leyenda que dice "por la razón o la fuerza", expresión que a veces se simboliza gráficamente con la balanza y la espada y que, contrariamente a lo que parece, no defiende el uso de la fuerza.

Los enchufes y "lo corriente"

El trabajo de la hija de Chaves, los viajes en avión militar de Zapatero, el supercontrato en Telefónica de Zaplana, el puesto de senadora de Leire Pajín..., todos casos muy "celebrados" por los medios de comunicación y los partidos políticos oponentes.

Yo siempre he pensado que a los afectados les parece normal, son los privilegios propios de su posición, aunque lógicamente nunca lo reconocerán en público, no es políticamente correcto. Y también me da la sensación a veces que esos "cabreos" entre ellos cuando se critican todas estas cosillas es por que duele más que los que son de su misma condición no entiendan que estas cosas son así, "entre bomberos no se pisa la manguera".

Pero ahora miremos lo que es normal en nuestro contexto, el de los que no tenemos un alto cargo. Y es que para que te atiendan en la sanidad pública mejor o más rápido, se llama a un amigo que trabaja en tal hospital, si lo tienen; o para que te gestionen un alta o una modificación en iberdrola, telefónica o aguas municipales, le pides a otro amigo que te eche una mano para evitar colas o reducir papeleo; para presentar alguna escritura pública en un registro o liquidar un impuesto, le pides a un vecino que trabaja en Hacienda que te haga el favor. Y así, una lista interminable. Qué importante es tener muchos amigos, y si tienen un trabajo que te pueda ayudar, mejor. Pero, ¡qué hipócritas e interesados somos! Tal vez sea cierto que el favor o la ventaja obtenida depende de nuestra posición social o profesional y lo que obtienen los altos cargos es comparable a alguno de los ejemplos a nuestro nivel.

Y esto por no hablar de los regalos en navidad, las invitaciones a comidas por empresas, etc. Una vez oí decir algo así: "los jamones no suponen cohecho". Siguiendo ese planteamiento, llamar a un amigo de un organismo público para que te proporcione información a la que no tienen derecho los ciudadanos o te tramite con más celeridad una petición tuya, no supone ílicito sancionable ni administrativa ni penalmente. O que un pariente funcionario de sanidad te proporcione una cita en fecha muy próxima saltándose la lista de espera, tampoco lo es.

El que no tenido nunca alguno de estos deslices, es digno de mi admiración, sinceramente. Es lo que debe ser, de verdad. Pero para la mayoría (aclaro que no me incluyo en este grupo) el que no utilice estos "enchufes" será considerado un bicho raro, cuando no (perdón) un "gilipollas".

Y por lo expuesto, entiendo (esto parece un informe) que la airada crítica a los supuestos casos escandalosos citados al inicio, no es más que un ejercicio flagrante de hipocresía española. La mayoría lo que piensa, aunque no lo reconozca, es que en su caso haría lo mismo. Así nos luce.

Corrupción en los Ayuntamientos

Verdaderamente preocupante parece el incremento de los casos de corrupción en los Ayuntamientos, o al menos, el número de los que trascienden a los medios de comunicación.

Pienso que el asunto "estrella" fue el Ayuntamiento de Marbella, ejemplo paradigmático no sólo de corrupción, sino de estructura creada específicamente para eludir todos los controles, especialmente la fiscalización previa por la Intervención, mediante la creación de varias sociedades municipales que mediante encomienda de gestión u otras fórmulas (esto lo desconozco) asumían las competencias municipales en las áreas de gobierno correspondiente.

Pero ¿realmente han aumentado últimamente los casos de corrupción en los Ayuntamientos? o ¿la persecución policial y judicial (o su eficacia) es mayor?
La respuesta a la primera pregunta es que no, su aumento estoy seguro que no ha sido significativo. En cuanto a la segunda pregunta, quiero pensar que hay más o mejores medios para perseguir la corrupción.

De todos modos la tolerancia de la corrupción por parte de los ciudadanos es mucho mayor de lo que podemos pensar y voy a señalar algunos datos que me permiten afirmarlo:

1. Los resultados electorales en los Ayuntamientos no suelen variar en gran medida, siempre y cuando el político corrupto haya reforzado suficientemente su red clientelar, tenga un número amplio de electores agradecidos. Si aumentará el índice de abstención (aunque esta tendencia existe, aun sin aflorar casos de corrupción). No hay más que ver el número de vecinos que jalean y apoyan a los políticos cuando los detienen (al menos al principio).
   
2. Las pequeñas corruptelas están muy enraizadas en la cultura administrativa y por ejemplo un buen número de profesionales o empresarios de diversos sectores económicos o empresariales son conocedores cuando no partícipes o autores de los delitos relacionados con la corrupción (cohecho, tráfico de influencia, etc.) y no lo destapan porque se encuentran inmersos en el sistema, "esto funciona así...". El empleado municipal puede sospecharlo, intuirlo, incluso conocerlo con certeza, pero lo normal es que no tenga pruebas de la existencia de dichos delitos (en otro caso, hay que ir a la fiscalía, por supuesto), eso salvo los cómplices o autores de los mismos, que haberlos hay tantos como políticos. No debemos caer en el error que los políticos son una rara avis, son reflejo de nuestra sociedad. Y también el ciudadano suele pedir al político con mucha frecuencia que haga "trampillas" para solucionarle un pequeño problema (una multa de tráfico, la admisión en un curso o centro, una ayuda de emergencia,...) y no suelen entender que el político les diga que no puede hacer nada, que es contrario a las normas.
   
3. Los partidos políticos no actúan decididamente en contra de los casos de corrupción de sus cargos públicos tal vez pensando en lo que pueda afectar a sus resultados electorales, tal vez por complicidad (amistad) personal o corporativismo, o incluso por otros motivos... (¿financiación ilegal? ¿participación en beneficios?)

Creo que la situación se va a complicar más en los próximos años y las normas y las prácticas en materia contratación, selección de personal (tal vez debería decir provisión de puestos), haciendas locales.., no parece que vayan a solucionar las cosas: contratos menores o procedimientos negociados de importes muy elevados, incremento de puestos de libre designación, creación de organismos privados para gestión de asuntos públicos (sociedades mercantiles o fundaciones), etc.

Sólo la profundización en la democracia, un avance en la real participación de los ciudadanos en los asuntos públicos puede suponer un freno a la corrupción pero claro, a quién le interesa estas cosas: la gobernanza, la transparencia... Y esto sin dejar de lado que algunos procesos de participación ciudadana son bastante frustrantes: particulares o entidades ciudadanas que únicamente pretenden resolver sus problemas particulares o sus necesidades más cercanas pero bueno, por algo se empieza. Hay que educar en la participación, el ciudadano debe saber que si participa puede conseguir algo positivo.

Tampoco les interesa demasiado a la mayoría de los empleados públicos que en los mejores casos piensan para qué o por qué van a empujar del carro en una dirección opuesta a la que sus dirigentes pretenden y que los ciudadanos ni siquiera piden: Bueno, y ¿a nosotros quien nos motiva? Aunque este ya es otro tema.