lunes, 21 de enero de 2013

Los sueldos de los políticos y de los funcionarios

En estas fechas en que ha salido a la luz la existencia de sobresueldos de políticos procedentes de cuentas en paraísos fiscales, hemos de volver a pensar en las motivaciones para desempeñar un cargo público o para participar en los órganos rectores de los partidos políticos.

Es fácil criticar las retribuciones que los políticos tienen asignadas, sobre todo en estos momentos en que hay tantos desempleados, los servicios públicos hasta ahora gratuitos y universales están reduciéndose y en algunos casos se exige que contribuyamos a su sostenimiento, en la sanidad, en la justicia.

Siempre se ha defendido la asignación de unas retribuciones dignas para los cargos públicos, sean de elección o sean profesionales, entre otros motivos, para evitar las tentaciones. Pero éstas siempre existen, la ambición no tiene límites. Lo que no se debe consentir es que no existan reglas y éstas deben ser iguales para todos los cargos públicos. Pero la hipocresía y la envidia, tan nuestras, no pueden hacer que no veamos la realidad. No se puede exigir capacitación, competencia, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad y que todo ello sea por vocación de servicio público. El "quid" es el montante de las retribuciones y que esto sea una guerra política. Que se eliminen las retribuciones de los cargos electos (como en las Cortes de Castilla-La Mancha) no parece la solución. Tampoco se puede exigir que profesionales cualificados, que en su vida privada obtienen unos ingresos muy elevados se dediquen a prestar sus servicios a los gobiernos o a la administración abandonando su actividad y lo hagan a costa de perder nivel adquisitivo: Así sólo se dedicarán a la política unos pocos vocacionales y muchos más mediocres.

En la empresa privada, y esto se sabe, hay parámetros retributivos, con o sin incentivos, que si bien no son trasladables directamente a la actividad pública, debían ser los que determinen los sueldos de nuestros políticos. O es que el Presidente del Gobierno, nos guste la persona que desempeña el puesto o su partido más o menos, debe cobrar la mitad, la tercera parte o menos, de lo que percibe un directivo de una empresa mediana (por no hablar de bancos).

Lo mismo cabe decir de la Administración. La garantía de permanencia (ahora en discusión) no debe ser el único argumento para mantener unas retribuciones muy por debajo de lo que se percibe en puestos similares en el mercado privado. Es cierto que la política social aplicada a las plantillas de las Administraciones Públicas ha hecho que los puestos más básicos perciban unos sueldos equiparables (cuando no mejores) que los que se perciben en las empresas privadas, pero no creo que nadie se atreva a criticar los sueldos de muchos mileuristas al servicio de las entidades y organismos públicos. 

Esa misma política ha hecho que los puestos más altos reservados a funcionarios tengan unas retribuciones contenidas, lo que unido a la incompatibilidad legal para el ejercicio de otras actividades públicas y privadas (con excepciones, legales o reales). Pero no se olvide que los directivos deben pagarse, y los dueños de las empresas (o los políticos) obtener los rendimientos de su conocimiento profesional. Pero, ¿como se premian los buenos resultados de una gestión política a un cargo electo? ¿Ganando elecciones? ¿Con un cargo vitalicio en un órgano consultivo o en una multinacional al final de su carrera? ¿Merecen algunos de ellos estos destinos sólo por lo que han hecho en su actividad pública?

Siempre he pensado que lo verdaderamente criticable no son las retribuciones (dentro de un orden) sino que no exista responsabilidad por la gestión realizada, no es suficiente la responsabilidad política (someterse a unas nuevas elecciones). A la vista está que tanto las normas administrativas han sido insuficiente o ineficaces ("entre bomberos no vamos a pisarnos la manguera") y a nivel penal las imputaciones  levantan la indignación popular pero al final las condenas son la excepción.



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