Los funcionarios por los suelos: Algo debe cambiar en la Administración y los Sindicatos

La imagen pública de los funcionarios, en general, está en uno de sus puntos más bajos. 

Para atajar la crisis, en aplicación del axioma de la austeridad en el gasto público, una de las medidas adoptadas ha sido bajar los sueldos (un 15 por 100 más IPC, de media, en los últimos dos años) y todavía no estamos seguros de que esto haya terminado. Otra de las vertientes en las que se viene actuando es la reducción de efectivos, con despidos de personal laboral y ceses de interinos, a lo que se une la natural reducción por jubilaciones, excedencias, etc., sin que se cubran las vacantes. 

Respecto al 'redimensionamiento' de las plantillas, sin duda se reducirán gastos, pero cuando se pierden efectivos sin que se lleven a cabo los reajustes necesarios, se producen efectos en las funciones públicas correspondientes. Y lo que no parece de recibo es que, dada la imposibilidad de recurrir a nuevo personal, se presten los servicios a través de empresas privadas que no tienen las garantías de independencia y objetividad requeridas e incluso, pueden desarrollar las actividades encomendadas a un mayor precio, con menor calidad, o ambas cosas a la vez.

Tal vez existe el convencimiento de que las plantillas están sobredimensionadas pero, ¿no será que hay una mala organización de los recursos? ¿Cómo puede haber al mismo tiempo una valoración, muy extendida, de que el servicio es deficiente (retrasos, esperas, falta de información, falta de medios) y un exceso de efectivos?

Sí que parece cierto que con la complicidad de unos (gobiernos) y otros (sindicatos) y con el conformismo del personal existen grandes males que no tiene pinta de que se atajen pronto, cuando no se agraven con las medidas adoptadas:

1. Desorganización: El crecimiento o disminución de efectivos se viene realizando sin demasiada justificación y no se suelen adoptar acciones para responder a las nuevas necesidades, a través de la planificación de recursos humanos que, por otro lado, viene prevista en el ordenamiento jurídico: redistribución de efectivos, medidas de racionalización, etc.
2. Desmotivación: Cuando no hay una política conocida y previsible de promoción profesional y los incentivos o la evaluación del desempeño no se pone en práctica, los empleados públicos con capacidad de mejora por su formación académica y sus aptitudes, acaban cumpliendo a duras penas con sus obligaciones laborales.
3. Ausencia de objetivos: Tampoco es desconocida para la Administración la planificación estratégica o, al menos, la operativa. Sin planes de acción, al menos a medio plazo, sin dirección profesional, y sin liderazgo político, es difícil llegar a ningún sitio.

No quiero caer en la tentación de acusar de todos nuestros males a los políticos, que asumen el papel que el sistema les ha adjudicado, dirigirse a los ciudadanos, que como los niños, buscan satisfacción inmediata. Y ahora piden nuestras cabezas, las de los empleados públicos.

¿Debemos ser nosotros mismos los que debemos encabezar todas estas acciones? ¿Tenemos la formación adecuada para ello? Y aún peor, ¿es nuestra función suplantar a nuestros dirigentes?