miércoles, 27 de enero de 2010

El Padrón Municipal de Habitantes ya no es lo que era

Al menos desde 1985, desde la aprobación de la Ley de Bases
de Régimen Local y de su Reglamento de Población y Demarcación Territorial de 1986, el Padrón siempre ha sido un registro administrativo destinado a contener los datos identificativos y el domicilio de los residentes en un Municipio.

Esta información que se pretendía fuera lo más ajustada a la realidad, debiendo prevalecer el domicilio efectivo (okupas, sintecho, etc.,) sobre la legitimidad en la ocupación de la vivienda, siempre ha tenido dos funciones esenciales:
  1. El adecuado ejercicio de las competencias municipales (fiscalidad, tráfico, ordenanzas municipales, etc.)
  2. La confección del Censo electoral.
En la versión actual de las normas citadas al principio, se preveía un proceso de revisión quinquenal que aseguraba que, al menos, cada cinco años se realizaba un trabajo de campo para comprobar la efectividad de la residencia.

Además de la supresión de la figura del transeunte, con la implantación de la actualización continua se eliminó esta revisión y también se suprimió la necesidad de efectuar previamente la baja en un padrón para inscribirse en el de nueva residencia. Ambos procesos reforzados por una mayor intervención en la coordinación de los Padrones por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), si bien se mantenía la esencia del instrumento, las dos funciones esenciales antes referidas.

Sí que produjo una ruptura de la esencia del Padrón de Habitantes la modificación introducida en la legislación de régimen local por la Ley Orgánica 14/2003, de reforma de la "ley de extranjería", en la primera revisión de esta norma especialmente ideada para controlar a los extranjeros "ilegales" (entiéndase "no comunitarios sin permiso de residencia"):
  • Se prevé la cesión de los datos del Padrón a la Dirección General de Policía para el control y permanencia de los extranjeros en España (actual Disposición Adicional Séptima de la Ley de Bases).
  • Se establece la caducidad en dos años de la inscripción en el Padrón de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia no permanente (actual artículo 16.1 de la Ley de Bases).
Dejando de lado la cesión de los datos a la Policía, necesaria mientras la normativa exija permisos de residencia o similares, la caducidad ha supuesto una fractura colosal de la verdadera naturaleza del Padrón. Habrá quien diga que se trata de un simple trámite adicional para los afectados, que deben volver a tramitar su inscripción o renovación, pero en realidad supone un trato diferenciado para estos ciudadanos, no justificado por los fines de este registro municipal.

Esta legal "persecución" de los ilegales, solapada si se quiere, desde las oficinas municipales ha llevado a algunos Ayuntamientos a intentar dar algún paso más, ya que es cierto que la normativa vincula al Padrón con el control de la legalidad de la permanencia en nuestro país, que como ya he dicho el propio legislador introdujo. Y así últimamente en Vic, o en Torrejón de Ardoz, pero ya se hablado muchas veces de esto, y se ha intentado en algunos otros Ayuntamientos, creo que incluso se propuso por la Administración del Estado (que luego corrigió su posición), pero no hay duda ninguna que se han pretendido ejercer competencias que no corresponden a los Ayuntamientos y utilizar el Padrón de habitantes más allá de la misión que siempre ha tenido este registro administrativo.

Más sutil me parece la nueva propuesta del gobierno, pero creo que sigue siendo lo mismo: utilizar el Padrón, que debe servir para proporcionar información (más o menos real, según los medios que se destinen a comprobación y revisión) para controlar el derecho de acceder a prestaciones públicas básicas, como la educación o la sanidad.

Y es que, si se quieren limitar estos derechos, dígase, hágase, pero no pasen la pelota a los Ayuntamientos y provoquen que algunos alcaldes utilicen estas estrategias para captar votos de los descontentos y hacer campañas que lo único que provocan es mover los vientos de la xenofobia que, no olvidemos, en tiempos de crisis siempre arrecian.

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