La crisis y la implantación en los Ayuntamientos de la Ley 11/2007

He leído en algunos blogs (por ejemplo, en el de Rosa Cobos) los efectos de la crisis económica en relación a la implantación de la "Ley de administración electrónica".
Ciertamente el condicionamiento contenido en la Disposición adicional tercera de la Ley a que se dispongan de recursos económicos suficientes, está justificado para muchos Ayuntamientos en circunstancias normales, y en estos momentos aún lo está más.
Pero esto es así para todas las decisiones sobre gasto que se puedan planificar. Me explico: dejando a salvo los casos en que los ingresos ordinarios apenas alcancen a cubrir gastos obligatorios (servicios contratados, suministros, gastos de personal, amortizaciones de préstamos, etc.) lo que es frecuente en muchos ayuntamientos, corresponde a los políticos municipales decidir cuáles son las prioridades.

Y reflexionando sobre cuáles pueden ser los motivos que pueden hacer decidir sobre si un gasto es prioritario o no, encuentro que la implantación de la administración electrónica los reúne todos:

1. Dar cumplimiento a un norma (valdría también un compromiso electoral, aunque creo que no es vinculante, ni exigible jurídicamente)
   
2. Mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos (o implantar nuevos servicios).
3. Incrementar el número de votos de la candidatura que apoya al equipo de gobierno.

Dentro de cada uno de los motivos, se podrían priorizar las actuaciones a realizar, en función de la mayor o menor consecución del objetivo. Y la implantación de la Ley 11/2007 puede tener una mayor "puntuación" según quien valore, pero lo que no se puede negar, entiendo yo, que reune todos los méritos para ser prioritaria.