Aparece publicado en el Diario EL PAIS de 18/02/2009 la siguiente noticia:
Desaparecen varios documentos del Ayuntamiento de Pinto
El gobierno local (PSOE, Izquierda Unida y Juntos por Pinto) denunció ayer que han desaparecido cerca de una decena de facturas y expedientes emitidos durante la época en la que el Partido Popular estuvo al frente del Ayuntamiento.
Más leña al polvorín de Pinto. El gobierno local (PSOE, Izquierda Unida y Juntos por Pinto) denunció ayer que han desaparecido cerca de una decena de facturas y expedientes emitidos durante la época en la que el Partido Popular estuvo al frente del Ayuntamiento. Entre esos documentos hay un encargo a una agencia de detectives realizada por el Departamento de Recursos Humanos.
El Consistorio, según confirmó un portavoz municipal, desconoce "para qué se realizó ese encargo". También han desaparecido expedientes relativos a diferentes contrataciones, valoración de puestos de trabajo o la elaboración de una auditoría de las cuentas municipales de la localidad.
Es algo que puede ocurrir en un ayuntamiento como el nuestro, en que no existe todo el orden que debiera (es una generalización injusta, por supuesto). Pero no estaba pensando en eso: ocurre que muchos contratos de servicios, de asesoramiento especialmente (por no citar la contratación de detectives) tienen como clientes los Concejales o Alcaldes, que los encargan directamente, definen su objeto y conciertan su precio. Y aunque no se trate de contratos tan truculentos como los de espionaje, tan de moda estos días (¿se formalizarán contratos con este objeto?) sus resultados muchas veces acaban en mesas poco duchas en la organización, el archivo y demás técnicas de custodia y ordenación de documentos.
No digo yo que la Intervención municipal o el responsable del departamento correspondiente (si es posible, que no sea funcionario eventual) deba tener una copia de un documento que contiene información "confidencial" antes que el político la conozca (aunque sería lógico, incluso que el encargo partiera de ese departamento, aunque sólo sea para cumplir las exigencias de la Ley de Contratos en cuanto a la racionalidad del gasto y la justificación de su contratación), pero sí parece lógico que antes de la aprobación de la correspondiente factura, quedara un ejemplar "en su sitio". Y sí, también en los contratos menores, debería haber un sucinta descripción de la necesidad del contrato (al menos los que superen un determinado importe).
Y es que estos "tochos" de informes, estudios, etc., que precisan un gran número de horas para su comprensión y asimilación, acaban arrumbados en estanterías o incluso en domicilios particulares (sin mala intención, incluso) y luego, cuando cambia el gobierno municipal puede que nadie se acuerde de donde estaban (o también puede ocurrir que "...sí, a tí te lo voy a dar").
Y estos escándalos que a veces saltan a la prensa, a veces no esconden más que una mala organización (aunque no sé si es el caso del Ayuntamiento de Pinto). Pero para que a nosotros no nos ocurra, habríamos de pensar cuál es el sistema para controlar que una prestación (de contenido material) no sólo se haya entregado (firma de la factura, albarán o informe) sino también se determine quien queda a cargo de su resultado (a quien corresponde mantener, al menos, un ejemplar del informe, dictamen, estudio, etc.), a ser posible, que sea empleado público.
Y, desde luego, las facturas que se digitalicen, para que por lo menos las que ya están pagadas que no se pierdan (como en Pinto). A lo mejor no han pagado esas facturas que se han perdido..., aunque si son "buenos clientes" supongo que cobrarán un poquito antes.
Desaparecen varios documentos del Ayuntamiento de Pinto
El gobierno local (PSOE, Izquierda Unida y Juntos por Pinto) denunció ayer que han desaparecido cerca de una decena de facturas y expedientes emitidos durante la época en la que el Partido Popular estuvo al frente del Ayuntamiento.
Más leña al polvorín de Pinto. El gobierno local (PSOE, Izquierda Unida y Juntos por Pinto) denunció ayer que han desaparecido cerca de una decena de facturas y expedientes emitidos durante la época en la que el Partido Popular estuvo al frente del Ayuntamiento. Entre esos documentos hay un encargo a una agencia de detectives realizada por el Departamento de Recursos Humanos.
El Consistorio, según confirmó un portavoz municipal, desconoce "para qué se realizó ese encargo". También han desaparecido expedientes relativos a diferentes contrataciones, valoración de puestos de trabajo o la elaboración de una auditoría de las cuentas municipales de la localidad.
Es algo que puede ocurrir en un ayuntamiento como el nuestro, en que no existe todo el orden que debiera (es una generalización injusta, por supuesto). Pero no estaba pensando en eso: ocurre que muchos contratos de servicios, de asesoramiento especialmente (por no citar la contratación de detectives) tienen como clientes los Concejales o Alcaldes, que los encargan directamente, definen su objeto y conciertan su precio. Y aunque no se trate de contratos tan truculentos como los de espionaje, tan de moda estos días (¿se formalizarán contratos con este objeto?) sus resultados muchas veces acaban en mesas poco duchas en la organización, el archivo y demás técnicas de custodia y ordenación de documentos.
No digo yo que la Intervención municipal o el responsable del departamento correspondiente (si es posible, que no sea funcionario eventual) deba tener una copia de un documento que contiene información "confidencial" antes que el político la conozca (aunque sería lógico, incluso que el encargo partiera de ese departamento, aunque sólo sea para cumplir las exigencias de la Ley de Contratos en cuanto a la racionalidad del gasto y la justificación de su contratación), pero sí parece lógico que antes de la aprobación de la correspondiente factura, quedara un ejemplar "en su sitio". Y sí, también en los contratos menores, debería haber un sucinta descripción de la necesidad del contrato (al menos los que superen un determinado importe).
Y es que estos "tochos" de informes, estudios, etc., que precisan un gran número de horas para su comprensión y asimilación, acaban arrumbados en estanterías o incluso en domicilios particulares (sin mala intención, incluso) y luego, cuando cambia el gobierno municipal puede que nadie se acuerde de donde estaban (o también puede ocurrir que "...sí, a tí te lo voy a dar").
Y estos escándalos que a veces saltan a la prensa, a veces no esconden más que una mala organización (aunque no sé si es el caso del Ayuntamiento de Pinto). Pero para que a nosotros no nos ocurra, habríamos de pensar cuál es el sistema para controlar que una prestación (de contenido material) no sólo se haya entregado (firma de la factura, albarán o informe) sino también se determine quien queda a cargo de su resultado (a quien corresponde mantener, al menos, un ejemplar del informe, dictamen, estudio, etc.), a ser posible, que sea empleado público.
Y, desde luego, las facturas que se digitalicen, para que por lo menos las que ya están pagadas que no se pierdan (como en Pinto). A lo mejor no han pagado esas facturas que se han perdido..., aunque si son "buenos clientes" supongo que cobrarán un poquito antes.
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