así nos luce

Héroes y villanos

2011-07-17T13:15:00.005+02:00

Este es un país en el que siempre han coexistido grandes héroes y grandes villanos; pícaros y santos; quijotes y sanchos.

En todas las facetas de la vida, en la literatura, en el deporte, en la medicina, en la ciencia, en la pintura. Fácil es citar grandes hombres y mujeres en todos estos campos, con una altura a nivel mundial. Tampoco es difícil citar personajes deleznables en casi todos ellos, aunque puedan haber algunos/as que puedan considerarse una cosa u otra, según quien opine.

Lo que sí suele coincidir es que la grandeza no se suele apreciar en el momento, es la historia la que pone a cada uno en su sitio. Y en estos momentos difíciles, con una crisis económica y también una crisis aun mayor de valores, hacen falta más que nunca, pero no para que se les reconozca ahora o en los próximos cuatro años, sino para que perdure su nombre y figure en la lista de los indiscutibles de la política o de los gobernantes, que sus decisiones sean discutidas y poco brillantes en el momento, pero acertadas para encaminar el futuro en la línea correcta.

Y no todo se trata sólo de medidas económicas, de austeridad en el gasto. También la transparencia, la participación ciudadana, la cohesión social, el desarrollo sostenible o el respeto al medio ambiente.

Especialmente en los ayuntamientos...

La nueva ley del registro civil y los secretarios como "maestros de ceremonia" matrimonial..

2011-06-08T19:17:00.008+02:00

El proyecto de ley del registro civil, que actualmente se tramita en el Senado ya en su exposición de motivos anuncia que la instrucción del expediente matrimonial y la celebración del matrimonio compete a los ayuntamientos. Su celebración ya venía realizándose al amparo del artículo 51 del Código civil, compartiendo esta función con los Juzgados encargados del registro civil. Esta modificación es complementaria de la separación de los expedientes matrimoniales de la función de justicia, separándose incluso el registro civil de los juzgados, que pasan a integrar la función administrativa.

Esta modificación en la organización jurisdiccional tiene su reflejo en un proyecto de ley Orgánica complementaria, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En el apartado 2 de la disposición final segunda del proyecto, con la técnica normativa a la que ya nos tienen acostumbrados evita cualquier posible incongruencia normativa del modo siguiente:

"Las referencias que se encuentren en cualquier norma al Juez, Alcalde o funcionario que haga sus veces, competentes para autorizar el matrimonio, deben entenderse referidas al Alcalde o Concejal en quien éste delegue."

Pero el contenido del artículo 58 del proyecto de ley alberga algo más que problemas de técnica normativa, incluyendo las siguientes genialidades:

La tramitación del expediente corresponde al Secretario del Ayuntamiento.
El expediente finalizará con una resolución del Secretario del Ayuntamiento en la que se autorice o deniegue la celebración del matrimonio.
Contra esta resolución cabe recurso ante el Encargado del Registro Civil, cuya resolución se someterá al régimen de recursos ante la Dirección General de los Registros y del Notariado previsto por esta Ley.

Es decir, que a través de una ley procesal se introducen modificaciones en el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter estatal, atribuyéndole funciones incoherentes con su regulación, contenidas ahora en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto Básico del Empleado público: la facultad de dictar resoluciones.

Eso sí, estas resoluciones no son firmes en vía administrativa. Son impugnables ante el "superior jerárquico": la Dirección General de los Registros y del Notariado. Toma castaña...

Austeridad en elecciones. Los representantes y la "administración electrónica"

2011-05-19T17:38:00.008+02:00

No dudo que se hayan reducido algunos gastos por los partidos políticos en la campaña electoral, entre otros motivos porque la ley electoral ha modificado, a la baja, las subvenciones con est fin. Pero la verdad es que sigo observando una gran profusión de propaganda electoral, especialmente en internet (en las ediciones digitales de los períodicos).

Donde sí me consta que se han reducido los gastos es la financiación por la Administración del Estado de la colaboración de los Ayuntamientos en organizar todo lo necesario para el buen funcionamiento de la jornada electoral: se han reducido todas las partidas de personal colaborador, Policía Local, distribución de papeletas, montaje de colegios..., hasta en la subvención para confeccionar las papeletas electorales. Eso sí, hay que hacer las mismas cosas pero o, por menos dinero (otra bajada de retribuciones) o con dinero del ayuntamiento (que cada vez tiene menos).

Pero, ah, sorpresa. La "administración electrónica" aumenta su gasto: se trata de los "transmisores PDA", que siguen su imparable progresión. Esta figura, que a medio plazo habrá de absorber la figura tradicional de los representantes de la administración, tiene como misión fundamental la remisión electrónica de los datos obtenidos de las mesas electorales por los representantes de la administración a través de un "ordenador de bolsillo" que se conecta de manera inalámbrica con el sistema informático del centro de recogida de datos y que introduce directamente los datos en dicho sistema.

Hasta la introducción de la figura de los transmisores PDA, los representantes de la administración recogían la información de todas y cada una de las mesas electorales y transmitían telefónicamente al centro de recogida de datos correspondiente (delegaciones del gobierno y/o gobiernos autonómicos) los resultados del escrutinio efectuado que se iban haciendo públicos por los responsables gubernativos, primero en cifras provisionales y finalmente en cifras casi definitivas. El escrutinio definitivo y la proclamación de los electos por las Juntas electorales unos días después, dejando a salvo las posibles reclamaciones formuladas, se limita prácticamente a confirmar dichos resultados, no suele haber grandes diferencias.

Con el nuevo sistema, los representantes no llaman por teléfono al centro de datos sino que proporcionan la información a los que, entre ellos, han sido designados para realizar la función de transmitir los datos. La relación aproximada es de 1 transmisor cada 3 representantes. Y este nuevo sistema "electrónico" supone añadir a los costes del "primitivo" sistema, con las deficiencias propias de la comunicación oral, la retribución adicional a los transmisores y el precio de los aparatitos PDA (que hoy ya solemos llamar smartphones, en este caso en sistema windows) con su mantenimiento, su tarjeta SIM, etc.

Si lo que se quería es que la transmisión fuera electrónica y no telefónica, había un sistema muchísimo más fácil y muchísimo más económico e, incluso más fiable: que la transmisión se realizara a través del sistema informático del ayuntamiento en un entorno web seguro.

Inconvenientes:

1) La transmisión no se haría desde el propio colegio, habría que trasladarse al local o locales establecidos por el ayuntamiento, con lo que se perderían quince o veinte minutos.

2) El operativo de transmisión de datos no aparecería como tan moderno y avanzado.

Ventajas:

1) El sistema informático de un ayuntamiento medio dispone de un número suficiente de equipos, con conexión a internet más rápida fiable y no necesita baterías que hay que mantener cargadas, por lo que es innecesaria inversión en equipos.

2) La introducción de los datos a través de un teclado convencional es más rápida y tiene menos errores que un teclado PDA, especialmente si es táctil.

3) Con un número de personas muy inferior (uno cada 10-20 mesas) sería suficiente y los costes de personal serían muy reducidos o inexistentes, ya que en muchos casos la toma de los datos del escrutinio en todas las mesas se hace por los ayuntamientos para fines propios.

Lamentablemente el gasto en TIC muchas veces es un despilfarro. Será muy "chulo" y muy moderno, dará una imagen muy avanzada de nuestro administración que los datos se remitan a través de PDA en los propios colegios pero realmente su eficiencia es muy discutible: un gran gasto sólo para adelantar unos minutos en dar los resultados provisionales de las elecciones.

Pero los representantes realizan además otras misiones que son calificadas como complementarias pero que en muchos casos son trascendentales para el buen funcionamiento de una mesa electoral, ya que suelen tener experiencia y formación de la que carecen muchos presidentes y vocales sobre las tareas a realizar y les asisten en el escrutinio, la confección de actas, etc. Y además, el Ayuntamiento les asigna todas aquellas tareas que, por falta de tiempo de las Juntas electorales, la Oficina del Censo Electoral, la Delegación del gobierno, como llevar el mismo domingo por la mañana a las mesas las listas electorales, las copias de las credenciales de los interventores, algún acuerdo de última hora de la Junta electoral, etc.

Esperemos que la figura del transmisor no fagocite a los representantes cuyas tareas "complementarias" son fundamentales para el buen del proceso electoral, y no se termine dejando aún más solos a los miembros de las mesas electorales, uno de los pocos ejemplos vivos de democracia directa por los ciudadanos, junto al jurado popular.

Y luego se extrañan de movimientos como el 15-M...

Llega la Ley de economía sostenible: nuevos planes también para la administración electrónica

2011-03-07T20:02:00.004+01:00

En fecha 5 de marzo de 2011 se ha publicado en el BOE la Ley de Economía Sostenible. No, todavía no me he acostumbrado a estas leyes "monstruosas" que con la excusa de alcanzar un objetivo, en este caso, la Estrategia de recuperación de la economía española (ahora son todo Estrategias, con mayúsculas) contienen una ingente cantidad de modificaciones de leyes.

Ya no se aborda esta elevada tarea con la técnica dual, una ley general y otra modificativa como se hizo con ocasión de la transposición de la Directiva de Servicios (las famosas leyes "paragüas" y "omnibús"). Ahora todo en una que tiene la friolera de 203 páginas del BOE en pdf. Más detalles, sin aburrir(me) demasiado: 114 artículos, 20 Disposiciones Adicionales, 7 Transitorias, una Derogatoria y, ta-ta-chán, 60 Disposiciones Finales, que modifican un número similar de leyes.

Como siempre, leyendo desde el final (o con el índice, gran invento) nos encontramos ya el primer golpe: Salvo una modificación del régimen de seguros, la entrada en vigor de la Ley es desde ya, el día siguiente de su publicación lo que, para los que no nos hayamos empapado ya los anteproyectos y proyectos de esta ley disponibles desde hace meses, hace que una lectura rápida sea urgente y, a primera vista dos cosas, dos, encuentro "publicables" en este blog:

1.- MODIFICACIÓN DE LA LEY 11/2007, más conocida como LEY DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Ya ha pasado más de un año de la fecha establecida para la plena efectividad de la Ley de acceso electrónico y ante la limitada implantación de la misma, provocada, en parte, por el agujero negro de su Disposición Final Tercera que la exigía para las entidades locales "siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias", se plantean medidas algo más concretas, pero también "sin agobiar":

En el plazo de 6 meses las entidades locales deberán aprobar y hacer públicos los programas y calendarios sobre cumplimiento de la Ley (Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/2011, por el que se adiciona un nuevo apartado 5 a la Disposición Final Tercera de la Ley 11/2007), aunque no se exige realmente que se cumpla la implantación de la Ley en ninguna fecha. Triunfa, por tanto, la interpretación de este precepto legal, que deja la implantación efectiva de la Ley a decisión de cada entidad local.

No obstante, muchos ya veíamos necesario aprobar este tipo de documentos y no hacía falta ser un lumbreras: en la propia Ley 11/2007 se preveía la necesidad de una planificación y un calendario para la Administración del Estado.

2.- TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS.

No ha sido tampoco muy exitosa esta tarea en gran parte de los ayuntamientos pero en este caso creo que es algo positivo. Cuantas menos regulaciones municipales haya, menos daño se ha producido al mercado único, a la eliminación de obstáculos para la implantación de actividades de servicios ya que si cada ayuntamiento dicta unas normas distintas, menos mercado único, y menos eliminación de barreras, cualquier cosa.

En esta materia, la Ley de Economía Sostenible contiene dos disposiciones Adicionales, la primera y la octava:

En la octava se establece, entre otras cosas, que los municipios deberán hacer públicos los supuestos en que subsiste la licencia local de actividad, anunciándose una ley estatal en la que se dirá en qué casos es innecesaria la previa licencia. Bueno yo leo esta disposición y me da que, de momento, nada, a esperar a ver que pasa: 12 meses para una cosa, 6 meses para la otra...

En la disposición final primera, la regulación de la responsabilidad de entidades públicas distintas del Estado por incumplimiento del derecho comunitario, que tiene alcance general pero a mi me recuerda alguna discusión en diversos foros sobre la directiva de servicios, que surgió ante la imposibilidad de cumplir dicha directiva por los ayuntamientos que, en mi opinión prudente y profesionalmente, esperaban a que la Comunidad Autónoma dictara las normas correspondientes, antes de dictar ordenanzas municipales sobre licencias urbanísticas, licencias de actividad, etc. En resumen, en esta norma, se establece la posibilidad de repercutir las sanciones que la Unión Europea imponga al Estado por incumplimiento de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, más por las primeras, competentes para dictar la normativa reguladora sobre licencias de actividad.

Modificación de la Ley electoral: siempre barriendo para casa

2011-01-28T19:18:00.013+01:00

El pasado 19 de enero el Senado aprobó una modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Y digo una modificación porque el día 26 de enero aprobó otra modificación más, para trasladar a ésta lo dispuesto en la Ley Orgánica de Partidos Políticos, en cuanto a las limitaciones y prohibiciones para participar en nuestro sistema democrático de los partidos ilegalizados y en particular, los que amparan el terrorismo.

Pero la primera modificación de nuestra Ley electoral tiene otro objeto (otros objetos, para ser más precisos).

En primer lugar, se realizan diversas modificaciones en la regulación del Censo Electoral. Nada que decir. Aquí podríamos incluir la polémica, para algunos partidos, exclusión del voto en las municipales de los residentes ausentes pero, parece lógico que el que no resida en un municipio (criterio único para las municipales) no vote en esa convocatoria, no son vecinos de esa localidad, como establece el artículo 140 de la Constitución, terminando con la ficción existente hasta ahora, que puede ser defendible por razones morales, simbólicas, ideológicas o lo que se quiera, pero carecía de lógica. Así lo ha mantenido el Consejo de Estado.

No se ha aprovechado para modificar el sistema electoral, para proporcionar un número de diputados acorde con el número de votos a nivel nacional (que solicita Izquierda Unidad y UPD, los más perjudicados del actual) que planteaban un cambio en el sistema de cálculo (del actual D'Hondt a la fórmula Hare) y una disminución del número mínimo de diputados por provincia. En esto, opiniones para todos los gustos. O mejor dicho, cada uno, la opinión que más le conviene.

Se han introducido criterios de la Junta Electoral Central, del Tribunal Supremo (la consideración como voto nulo los que corresponden a papeletas enmendadas, con tachaduras, abandonando el criterio de "la intención del votante"), las limitaciones en los gastos electorales (no me parece interesante, en esto siempre va a reinar la hipocresía), algunos cambios sobre elección de miembros de mesas electorales (prefiero no opinar).

Voy a lo que quiero comentar. Las medidas contra el transfuguismo. Otra vez. Se nota a quien perjudica. En este están todos de acuerdo. Seguimos con la partitocracia.

En esta ocasión se trata de lo siguiente:

Para presentar una moción de censura contra el Alcalde se requiere, con carácter general, que la suscriban la mayoría absoluta de los Concejales (más de la mitad del número legal de Concejales, que como es número impar, no es la mitad más uno). Pero hay una especialidad, si los que firman esa moción son tránsfugas (bueno la modificación de la ley no los llama así, pero se entiende), no cuentan. Y además, si aún no son tránsfugas sino que los han expulsado del partido o los van a expulsar (el texto dice " formara o haya formado parte del grupo municipal al que pertenece el Alcalde" pero después de firmar la moción de censura, seguro que se va fuera), esas firmas no cuentan, "la mayoría exigida... se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias".

Ahora si que no entiendo nada. Pero ¿la prohibición de mandato imperativo no impedía limitar los derechos de los concejales tránsfugas? Ya escribí algo sobre esto hace tiempo. Y no poder suscribir una moción de censura (o que su firma no cuente, que a mi me parece lo mismo) ¿no limita sus derechos políticos, el más importante, elegir y destituir al alcalde?

Ah.., pero lo que se trata es de que los Concejales no abandonen el redil del partido, el control de las listas. En fin..., la política nacional, ¿o ahora se dice la política estatal?

Ideas clave sobre participación ciudadana y algunas fuentes

2011-01-24T20:17:00.010+01:00

Ando en estos días preparando una presentación del borrador de reglamento de participación ciudadana. Me viene perfecto en estos momentos porque acabo de terminar un curso on-line titulado "Gobiernos locales y participación ciudadana" del INAP, cuyo tutor es Marc Parés de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Algunas ideas que he recogido para utilizarlas en ese acto las incluyo en esta entrada. Y al final, unas referencias bibliográficas accesibles (total o parcialmente) en la red.

1. SITUACIÓN ACTUAL

1.1 - Ante los nuevos problemas globalización económica, el cambio climático, el terrorismo global o los flujos migratorios , exclusión social (pobreza, inmigración, paro, problemas relacionales, déficits educativos, déficits infraestructurales de determinados barrios..,) y la irrupción de nuevos actores sociales y políticos (los movimientos sociales, las ONGs, etc.), nuevos intereses y nuevas reivindicaciones (ecologismo, pacifismo, feminismo), la forma de hacer política actual es incapaz de resolver los problemas.

1.2 - Los factores que producen esa incapacidad son:

La escala: mientras los nuevos problemas son globales y tienen efectos locales; la política sigue actuando a nivel nacional. Los gobiernos locales no tienen los recursos ni las habilidades para dar respuesta a las consecuencias locales.
El ritmo: la política -y la administración- es lenta y se mueve en el medio y el largo plazo; los cambios de la sociedad actual, sin embargo, son rápidos y requieren de actuaciones rápidas.
La homogeneidad: mientras los nuevos problemas son complejos y generan una multiplicidad de situaciones específicas, la política se empeña en dar respuestas homogéneas (iguales para todos y para todos los territorios) El modelo burocrático y tradicional de gobierno se ha caracterizado por diseñar las políticas de arriba a abajo. Los problemas actuales (más complejos y con un mayor número de actores en juego) no se pueden resolver con estas formas de proceder, pues sin tener en cuenta la realidad específica de cada problema y sin escuchar a los distintos actores (afectados, beneficiados, etc.) lo más probable es que la respuesta (la política impulsada) sea inadecuada.

1.3- Deslegitimidad de la política. Cada vez hay una mayor desafección política, algunos han llamado al sistema actual la “democracia marchita”. Los ciudadanos/as cada vez se sienten más alejados de unas formas de gobierno que no les resuelven los problemas y que les generan una enorme desconfianza. La corrupción política, la falta de transparencia, los intereses y las luchas partidistas y una forma de actuar autoritaria (olvidando la voluntad de la ciudadanía entre comicios electorales) han hecho aumentar esta desconfianza, hecho que se ha visto plasmado en un aumento de la desafección y un incremento de la abstención electoral. Por otro lado, la ciudadanía cada vez es más educada, tiene más cultura, es más exigente y menos sumisa. Y la cultura imperante es el individualismo y el consumismo.

2- NUEVAS FORMAS DE GOBIERNO

2.1 -Frente a la crisis del gobierno tradicional, que no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos hay que buscar nuevas maneras de hacer las cosas para dotarnos de gobiernos que sean funcionales y que recuperen la legitimidad perdida. Si la sociedad ha cambiado, parece lógico pensar que las formas de gobernar también deben cambiar.

2.2 - Situación de los ayuntamientos: Los gobiernos locales, por su proximidad a los ciudadanos, resultan los más adecuados para dar respuestas específicas a unas demandas sociales que cada vez son más segmentadas y más diversificadas. Sólo desde la proximidad (y esta la ofrece el gobierno local) podremos atender demandas que son muy específicas de cada situación personal-familiar y de cada territorio. Además, también es desde la proximidad del gobierno local desde donde va a ser posible detectar las necesidades de aquellos ciudadanos que están quedando excluidos de nuestra sociedad y son incapaces de hacer llegar sus demandas a la Administración.

2.3 - La gobernanza: se trata de implicar a la sociedad civil y a los actores del mercado en la acción de gobierno y en el proceso de elaboración de las políticas públicas; incorporar mecanismos de participación y de innovación democrática a través de los cuales pretenden involucrar a los ciudadanos y a los distintos actores en los procesos de toma de decisión. Según el Libro Blanco de la Gobernanza Europea, estos procesos habrían de estar caracterizados por la transparencia, la coherencia, la eficacia, la apertura a la participación, la rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades.

2.4 - La participación ciudadana. Se puede definir como el conjunto de prácticas políticas y sociales a través de las cuales la ciudadanía pretende incidir sobre alguna dimensión de aquello que es público. Esta intervención puede decirse que tiene los siguientes grados de intensidad:

0. Información

1. Consulta

2. Implicación

3. Colaboración

4. Delegación

Hasta el nivel de consulta no existe participación ciudadana. Pero en realidad, si no existe la aspiración o la capacidad de incidir desde la ciudadanía en la toma de decisiones del ámbito público y en los valores de la sociedad, no podemos hablar de participación ciudadana real.

3- LOS SUJETOS DE LA PARTICIPACIÓN

Aunque pueden variar en cada caso y de los objetivos que se persigan, los potenciales participantes en la toma de decisiones públicas son los siguientes:

a) Los políticos, del gobierno y las de la oposición: Es necesaria la pluralidad de visiones. A veces es conveniente que no participen los políticos para que evitar un excesivo protagonismo en el proceso de decisión.

b) Los técnicos: municipales, supramunicipales o expertos. Cuando no hay una respuesta técnica clara y cuando hay diversidad de opciones políticas y sociales, entonces la participación se hace necesaria para llegar a soluciones factibles.

c) Los ciudadanos: son los verdaderos protagonistas de la participación ciudadana. Podemos distinguir los siguientes grupos:

1. La ciudadanía organizada: asociaciones, entidades y sus representantes. No son representativos del conjunto de la sociedad.

2. La ciudadanía no organizada: son el resto de ciudadanos. Habitualmente menos implicados en la vida pública y más difíciles de movilizar.

3. Los colectivos específicos, "colectivos diana" a los que dirigirse con estrategias específicas para lograr su participación: Jóvenes, mujeres, la gente mayor, las personas inmigradas, etc.

4. Los empresarios y sindicatos.

En la ciudadanía, los ciudadanos de “a pie”: los que quieren implicarse tienen muchas dificultades de horario y requieren un esfuerzo que no es recompensado: o el tema no es relevante o el proceso no afecta a las decisiones del gobierno. Y las asociaciones a menudo son endogámicas, poco representativas y con una limitada democracia interna (sin renovaciones en sus directivas), pretenden ser un contrapunto al poder del Ayuntamiento y a veces están influenciadas políticamente.

4- LA PRÁCTICA DE LA PARTICIPACIÓN

4.1 - La situación de partida es de desconfianza y falta de cultura participativa, por parte de gobernantes y de ciudadanos.

Es importante transmitir a todos los sujetos que con la participación se pretenden tomar decisiones mejores y más informadas, y que se desarrollen políticas públicas que podrán contar, de cara a su implementación, con la complicidad y la colaboración de los propios colectivos ciudadanos. Se espera, asimismo, que la participación ciudadana contribuya a generar una mayor confianza en el gobierno y en las instituciones políticas y democráticas en general

4.2 - La participación ciudadana no funciona, ¿por qué?

a) No existe cultura de participación, la educación recibida no nos ha preparado para ello, nos preparan para competir no para colaborar. Nuestra vida se desarrolla en estructuras como la escuela, la universidad, la empresa o las instituciones políticas representativas, donde la participación se ve muy limitada y donde se promueve antes la confrontación defensiva de las ideas, que su asociación creativa.

b) La participación presencial es difícil por el esfuerzo que exige (dedicación, renuncia a actividades personales)

c) Los organizadores de los procesos tienden manipulan o persuadir por temor a perder poder.

5 - ELEMENTOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORMALIZADA

5.1 -Se llama formalizada o auspiciada a la que organizan las entidades públicas (administraciones), frente a la participación informal que surge, espontáneamente, de los ciudadanos y no tiene reglas.

5.2 - El marco regulador está compuesto de Reglamento de participación ciudadana y otras normas, los órganos estables de participación.

6- ALGUNAS FUENTES UTILIZADAS

Federación Española de Municipios y Provincias: Agenda Local de Participación
Proyecto Ciudades Kyosei, la participación ciudadana como puede ser, con abundante documentación
Open Government, Gobierno Abierto
Participación y Calidad Democrática, de Marc Parés
Varios documentos sobre observatorios locales de participación, buenas prácticas y guía de evaluación en la web del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa

Todavía no me he puesto con la "e-participación", que parece el camino definitivo a la verdadera participación

La atrevida ignorancia o la malévola inteligencia (de los políticos)

2010-10-23T11:43:00.002+02:00

Siempre que se hace alguna propuesta electoral (electoralista) o una crítica "feroz" de una acción de gobierno, cuando tenemos algo más de conocimiento de ese asunto que la mayoría de la población a que va dirigida me planteo lo siguiente: ¿Realmente saben tan poco de lo que están diciendo, es tan absurdo y descabellado lo que plantean, y ni siquiera se dan cuenta? O, por el contrario, ¿son conocedores de que siendo algo irrealizable o incluso directamente falsa la propuesta o la crítica, la mayoría de sus potenciales votantes lo verán como algo muy acertado y que mejorará su imagen y su número de votantes?

Esto es todavía peor en algunos casos en los que todos o casi todos los partidos políticos están de acuerdo, porque saben que la opinión mayoritaria es favorable a ello, y aún sabiendo que es un error (no sé si lo saben pero los más expertos están de acuerdo en que lo es), siguen planteándolo.

Prefiero no poner ejemplos, no sea que la mayoría estemos a favor de la propuesta de los políticos y en contra de la opinión de los expertos.

Si compras un coche, pide que lleve intermitentes

2010-10-04T23:15:00.004+02:00

Hasta Tráfico se está dando cuenta. Los intermitentes en los coches (qué vamos a decir de las motos) están en desuso, la mayoría de los conductores ya no los utilizan.

Intento decidirme por alguna de las causas que han llevado a esta situación. La primera que se me ocurrió es que la gente va a su bola, no piensa más que en sí mismo. También que hay una general relajación en el cumplimiento de normas cuando no se imponen sanciones (parece que sólo importa el alcohol, la velocidad y los estacionamientos prohibidos que, es cierto, son importantes). Y relacionado con esto, la creencia por muchos conductores que no poner los intermitentes no parece implicar un grave riesgo de accidente. Incluso me he planteado si el exceso de tecnología y/o seguridad de los coches tiene algo que ver.

Estoy bastante convencido que se trata de lo primero: A los demás que les den, yo hago lo que me da la gana, mi opinión es la que vale, tengo todo el derecho, etcétera. Y luego las culpas son de la sociedad, del gobierno, de los funcionarios, del muñeco del pimpampum: Hoy, Zapatero.

Celíacos

2010-08-22T18:11:00.002+02:00

Incluyo desde hoy un apartado sobre enlaces a páginas de interés para celíacos.
Ya somos dos en la familia, dos de tres, y aquí se para la lista.

Y es que no hay nada que mueva más el mundo que la búsqueda de lo que nos satisface o lo que necesitamos. Y en algunos casos los actos que reconocemos como solidarios o generosos responden a la satisfacción del que realiza dichos actos y en eso estriba el valor de esa persona, que obtiene su felicidad haciendo algo que beneficia a los demás. Ojalá fuera mi caso...

Aplicación en los Ayuntamientos de las medidas de reducción de retribuciones del Real Decreto-ley 8/2010

2010-06-05T21:29:00.006+02:00

I - Aplicación a todas las Administraciones Públicas

La Disposición final segunda del Real Decreto-Ley establece el carácter básico de su artículo 1, apartados Dos y Tres, siendo de aplicación directa a los Ayuntamientos. No es de aplicación, por el contrario, el resto de sus preceptos en esta materia, como su artículo 2, que permitiría aplicar automáticamente la reducción de los créditos asignados para complementos de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios.

II - Efectos en las retribuciones de funcionarios de carrera e interinos

Debemos distinguir en la regulación básica referida, su aplicación a las distintas clases de empleados públicos, comenzando con los funcionarios de carrera e interinos.

Para las retribuciones que se devengan a partir del 1 de junio de 2010, excepto la paga extraordinaria de ese mes, el conjunto de las retribuciones (y no cada uno de sus conceptos) debe experimentar una reducción del 5 por 100, en cómputo anual. Este precepto permite cierto margen de apreciación por las distintas Administraciones Públicas, en los términos que ahora se indicarán:

a) Las retribuciones básicas (sueldo y trienios) de las mensualidades ordinarias, quedan fijadas en los importes que establece el Real Decreto-Ley, que suponen una reducción distinta en función del grupo de titulación. Esta “progresividad”, dado que los importes de estas percepciones son establecidas directamente por el legislador no parece discutible, no se exige un proceso de valoración o cálculo vinculado a las condiciones de trabajo, sin perjuicio de su relación con el nivel de titulación correspondiente (así lo viene siendo tradicionalmente en la Administración Pública española, y continúa siendolo en aplicación del artículo 23 del Estatuto Básico del Empleado Público).

b) Las pagas extraordinarias, a partir de la de diciembre de 2010, quedan fijadas, en cuanto a la parte correspondiente a retribuciones básicas, en otros importes distintos a los establecidos para una mensualidad, que igualmente se señalan en el Decreto-Ley lo que supone una evidente contradicción con el Estatuto Básico del Empleado Público, que en su artículo 22.4 establece:

Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aquéllas a las que se refieren los apartados c y d del artículo 24.

c) En cuanto a las retribuciones complementarias, el Real Decreto-Ley exige “una reducción de modo que resulte, en términos anuales, una minoración del 5 por ciento del conjunto global de las retribuciones”, incluida la reducción anterior de las básicas.

Es decir, que no se exige una deducción automática del 5 por 100 del complemento de destino y del complemento específico, sino una reducción global del conjunto de las retribuciones en ese porcentaje.

Ahora bien, ¿cómo se pueden aplicar esas reducciones?. La respuesta nos la da la Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios... (BOE de 26 de mayo).

En cuanto al complemento de destino, los importes correspondientes a cada uno de los niveles del 1 al 30 (régimen transitorio hasta el desarrollo del Estatuto Básico por las leyes de función pública de las Comunidades Autónomas) le corresponde fijarlo al Estado o, podría incluso mantenerse, que a las Comunidades Autonómas, mediante Ley, pero no, desde luego, a los Ayuntamientos. Por tanto, parece que la única opción sensata es la aplicación de una reducción del 5 por 100 a este complemento o, dicho de otro modo, aplicar las tablas contenidas en la Resolución citada.

Más compleja es la aplicación de las medidas al complemento específico dado que su cuantificación deriva de la aplicación de un sistema de valoración, cuyo sistema más extendido es la determinación de una puntuación para cada puesto de trabajo en función de la concurrencia de una serie de factores (responsabilidad, dificultad técnica, penosidad, dedicación,...) y la conversión de esa puntuación a metálico mediante el valor/punto.

Teniendo en cuenta que la justificación de las medidas del Decreto ley es estrictamente económica, la reducción que se aplique no parece que pueda ser distinta a la variación de ese valor/punto en un porcentaje que, si bien no tiene que ser del 5 por 100 exactamente, ha de ser tal que el conjunto de las retribuciones experimente una reducción del 5 por 100, por lo que, cálculos se pueden hacer pero, parece más práctico aplicar ese mismo porcentaje a todas y cada uno de los complementos específicos, pero no un porcentaje distinto para unos u otros.

Un ejemplo de una aplicación distinta es la adoptada por la Generalitat Valenciana que parece ser (no se ha publicado su Decreto-Ley en el momento que escribo esto) ha obtenido un ahorro adicional de la supresión de las previsiones de promoción profesional, lo que le ha permitido reducir los complementos específicos en unos porcentajes inferiores al 5 por 100 ( entre el 3 y el 4 por ciento).

Respecto a la reducción del resto de conceptos retributivos (productividad y gratificaciones extraordinarias), no es imprescindible su reducción individual, pero ha de tenerse en cuenta que la reducción del 5 por 100 alcanza al conjunto de las retribuciones. Podría optarse por la reducción de conceptos retributivos (en productividad) la disminución del número de efectivos con derecho a su percepción o la minoración de los servicios extraordinarios con tal que se alcance el objetivo marcado por el Real Decreto-Ley.

III - Aplicación al personal laboral

La reducción de retribuciones del personal laboral del sector público por el Real Decreto-Ley, de un modo mucho más claro, se aplica de manera lineal a todos los trabajadores mediante la “minoración del 5 por ciento de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina y que les corresponda percibir según los convenios colectivos que resulten de aplicación, a excepción de lo que se refiere a la paga extraordinaria del mes de junio de 2010 a la que no se aplicará la reducción...”, con la excepción de los trabajadores cuyas retribuciones no alcancen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, 13.299,30 €/año incluidas las pagas extraordinarias, que no sufrirán reducción.

IV - Aplicación al personal eventual o de confianza

Esta clase de personal está afectado por el objetivo global de reducción del 5 por 100, si bien la aplicación individual de esta medida debe acordarla cada Entidad. Como es frecuente que sus retribuciones y la actualización anual estén equiparados al resto del personal a efectos retributivos (a puestos de trabajo existentes en la RPT), puede ser automática la minoración de sus emolumentos. En otro caso sería imprescindible un acuerdo explícito sobre sus nuevas retribuciones.

V – Aplicación a las retribuciones de los miembros electos de la Corporación

El Real Decreto-Ley no se refiere ni es aplicable a los corporativos por lo que, legalmente, el Ayuntamiento tiene plena libertad para adoptar las decisiones que estime pertinentes, independientemente de la valoración que puedan merecer a sus votantes y, al personal al servicio de la entidad.

VI - Acuerdos o resoluciones necesarios para su aplicación

Como puede deducirse de todo lo anteriormente expuesto, parece imprescindible que la aplicación concreta del Real Decreto-Ley se efectúe mediante acuerdos o resoluciones de los órganos municipales competentes, previa negociación en las correspondientes Mesas generales, sectoriales u órganos correspondientes del personal laboral. Esta cuestión merecería más detalle, lo que excede del objeto de esta reflexión pero entiendo que, a salvo de la regulación propia de cada Administración, sería lógico tratar este asunto en la Mesa General de Negociación común o conjunta de cada Entidad.

Para el personal laboral, la aplicación es inmediata, se reducen sus retribuciones en el 5 por 100 en todos sus conceptos, sólo haría falta la resolución correspondiente a la tramitación del gasto.

Para el personal funcionario, la parte de retribuciones básicas y de complemento de destino, no requiere interpretación alguna, pero sí las retribuciones complementarias (complemento específico, productividad y gratificaciones) que entiendo precisarían de acuerdo plenario que debería contener:

En la parte del complemento específico, reducir un 5 por 100 sus cuantías individuales (o el valor/punto). Estrictamente procederían otras soluciones, pero no veo posible una aplicación no lineal por cuanto las variaciones singulares o por tramos de este concepto requerirían una valoración o reconsideración de los factores que concurren en los distintos puestos de trabajo.
En los complementos de productividad de carácter fijo (haberlos haylos, y muchos) no cabe otra solución que lo dicho para el específico. En los variables, puede reconsiderarse la prioridad de unos u otros.
En las gratificaciones por servicios extraordinarios, podría optarse por la reducción de los servicios en lugar de reducir su importe unitario, pero ello podría dar lugar a un simple postergamiento del abono a ejercicios siguientes si los servicios efectivamente se realizaran. De todos modos, en este concepto no creo que puedan exigirse limitaciones globales, pero sí la adopción de medidas que garanticen la reducción de esta partida, siendo de nuevo la mejor opción la reducción en un 5 por 100 de su importe unitario.

VII - Posibilidad de aplicación retroactiva.

Los acuerdos correspondientes a las retribuciones fijas podrían adoptarse con posterioridad a la fecha de devengo de las mismas (1 de junio de 2010) siempre y cuando puedan entenderse mera aplicación del Real Decreto-Ley, lo que puede entenderse procedente en todos los casos, salvo en la reducción de los importes unitarios de las gratificaciones extraordinarias, que no parece que pueda deducirse de esta disposición, por lo que los acuerdos correspondientes no podrán tener efectos retroactivos, no podrán aplicarse a los servicios realizados antes de la modificación de su importe.

Huelga en las Administraciones Públicas el 8 de junio

2010-06-03T18:01:00.005+02:00

De sobra sabemos que la huelga del día 8 de junio no va a cambiar nada, salvo la deducción de un día de las retribuciones de esa mensualidad. No tengo decidido lo que haré ese día y no sé si estaré "de servicios mínimos", pero todavía recuerdo con vergüenza, en la última que se convocó (uno de los años de 'congelación') que hubo poca incidencia y el gobierno al valorar esa circunstancia declaró que los funcionarios estaban de acuerdo con las medidas aprobadas. En esa ocasión no hice huelga pero me arrepentí, me escocieron esas declaraciones.

A partir de la efectividad de la reducción de retribuciones, creo que veremos con otros ojos algunos gastos habituales en nuestros Ayuntamientos que nos harán pensar si verdaderamente no estamos pagando nosotros el pato (la crisis), ya que no parece que se afronte la situación con seriedad. Y también pensaremos seguramente que la reducción de nuestras retribuciones se ha destinado (por imperativo legal, es un Decreto-Ley) a enjugar remanente de tesorería negativo o, en defecto de éste, a amortizar operaciones de crédito cuyo causa u origen era la realización de algunos gastos que tampoco pueden merecer el calificativo de prioritarios.

Es totalmente cierto que esta medida no la han decidido los Ayuntamientos y no tienen porqué pagar los platos rotos, pero me parece totalmente exigible un plan de reducción de gastos (o de austeridad). No es suficiente con la reducción de las retribuciones de los cargos electos y personal de confianza, deben suprimirse o rebajarse sustancialmente los gastos superfluos lo que, no dudo, es una tarea difícil, pero imprescindible. En otro caso, sí que va a cundir la desmotivación, si es que no va a ocurrir de todos modos.

Me imagino participando en la tramitación de algunos expedientes relacionados con gastos como los lanzamientos de fuegos artificiales o los alumbrados extraordinarios, de fiesta, las entregas de premios con comida o cena incluida, o las celebraciones de días diversos (que hay de todo tipo, loables y execrables), las ferias de tal o pascual, la contratación de artistas de todo tipo, etc. Pero no sólo fiestas o similares, que representan un porcentaje reducido del presupuesto. También están los contratos de servicios para diseños de cartelería de diversos actos, los cachés de conferenciantes de dudoso interés, los servicios externos jurídicos o técnicos para dictámenes o proyectos que no se llevarán a cabo y un sinfín de gastos similares que aún no representando un gasto muy importante, es necesario que reduzcan, aunque respondan a una promesa electoral.

En fin, todos sabemos que esto de la austeridad tiene un componente de ejemplarización que debe afectar a ciertos gastos aunque no sean, en términos relativos, muy importantes. Pero la verdadera reducción de gastos tiene que pasar por los que sí representantan un porcentaje importante del presupuesto: el capítulo de personal, que tendrá que hacer más esfuerzo que la propia reducción acordada por el Decreto-Ley (los servicios extraordinarios necesariamente se habrán de reducir) y los servicios externalizados (basuras, limpieza viaria, etc.,), que deberán someterse a un estudio para reducir su coste.

Por último, no soy partidario de que se plantee el incremento de productividades o gratificaciones para amortizar parte de la reducción de las retribuciones. No me parece serio, entre otras cosas.

El recortazo: Rumores y bulos sobre el recorte de sueldos de los funcionarios

2010-05-17T20:44:00.007+02:00

Faltan escasos días para que se consume el recortazo, que hace pocos días se negaba y ahora falta poco para hacerse realidad en el BOE (21 o 22 de mayo).

Son algunas de las cosas que he oído, de unos y de otros y que ya veremos si son verdad o mentira, todo podría ser. O tal vez se trate de mi imaginación alterada por la crisis.

El recorte de retribuciones supondrá que el Ayuntamiento dispone de ese importe para aplicarlo a otras partidas de gastos del presupuesto. No me lo creo ni de coña, eso supondría que el gasto del sector público no se reduce y haría la medida del Gobierno totalmente inútil.
Como se recortan retribuciones fijas, se podrá compensar la reducción con retribuciones variables (productividad o gratificaciones). Por el mismo motivo anterior, esto no puede ser y además, se establecerán medidas para que se acredite el cumplimiento de recortazoagasto real y si no, tiempo al tiempo.
Se reducirá por el mismo importe la Particicipación en los Tributos del Estado. Esto no creo que se produzca, ya que se se ha reducido bastante. Lo que no sé es si se atraverán a poner esta Participación como garantía del cumplimiento de las medidas de recorte. O de las cantidades pendientes de percibir del Fondo estatal (o cielos, que ocurrencia más malévola).
Las retribuciones de los Concejales se reducirán en los mismos porcentajes. Esta es la cuestión más complicada porque la situación es distinta en cada Ayuntamiento. En esto pienso que se va a dejar libertad y serán los partidos políticos los que planteen las medidas a adoptar.
Los Ayuntamientos podrán anular sus peticiones del Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad para mantener las retribuciones de sus funcionarios. También podrán proponer medidas de ahorro en otros conceptos con el mismo fin. Esta no me la creo ni yo que me la he inventado.

Respecto a las retribuciones de los políticos, lo más probable es que se deje a la autonomía municipal la decisión, si bien desde la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) o si no hay consenso o se pretende "enmerdar" un poquito más , se formule directamente por el PSOE.

Y ojo, que después vendrá el impuestazo. A este paso, se van a sumar -5% del recortazo, -1% por la subida del IVA, un poco más por la subida del IRPF y con la congelación del 2011, el que más y el que menos va a perder un 10 % de poder adquisitivo.

Menos mal que somos unos "privilegiados". Todavía estoy esperando un gesto de austeridad de los directivos de bancos y grandes empresas, entre otros...

Día negro en España: Garzón, Camps y las medidas contra la crisis.

2010-05-14T18:39:00.008+02:00

Esta semana, en un mismo día, se producen tres hechos sin aparente relación entre sí, que nos asoman a una país con un imagen sombría, con un negro futuro.

La primera, la apertura de juicio oral contra el juez Garzón, que aunque pueda gustarnos más o menos, es digna de un esperpento: se le imputa el delito de prevaricación por instruir diligencias en relación con delitos del franquismo. Hoy mismo se ha sabido que el Consejo General del Poder Judicial le suspende de sus funciones por este motivo.

La segunda, la reapertura del proceso contra el presidente de la Generalitat (Comunitat Valenciana) por cohecho. En este caso, también por unos hechos que podrían considerarse triviales, si bien se sospecha que están vinculados al trato de favor de un entramado de empresas que se supone financian irregularmente al Partido Popular o a algunos de sus miembros, lo que sí tiene una gran importancia.

Y la tercera y la más relevante: estamos en crisis, una crisis aguda, profunda, de tal magnitud que "obliga" al Presidente del Gobierno a borrar de un plumazo su habitual optimismo y tomar medidas drásticas entre las que destaca (por lo menos para mí) el castigo que se inflinge a los denostados funcionarios, seres privilegiados en estos tiempos, ineficientes e improductivos, que bastante tienen con un sueldo fjo, reduciéndoles sus inmerecidos sueldos en un 5 % por ciento (de media).

Ya se oyen gritos de rebelión (trabajo a reglamento, más pausas para fumar, que trabaje rita,...) que no tardarán en apagarse pero que los más descontentos (ya lo estaban antes) no olvidarán: ¡por lo que me pagan, ya trabajo bastante! Una excusa más para no hacer nada o casi nada. Me pregunto cuáles serán los efectos sobre un gran número de empleados con una gran desmotivación laboral.

Esta medida, de todas las posibles, supongo que es la más fácil y la que menos votos hace perder, comparada con otras como la subida de impuestos. Pero votos, el partido del Gobierno va a perder muchos. No sé adónde se irán, supongo que la mayoría se quedarán en casa.

Todavía no he asimilado la noticia pero lo que de verdad me siento es engañado, estafado. Personalmente habría asumido subidas de impuestos, incluso en un porcentaje similar al que ahora se plantea de disminución de retribuciones, pero no me sentiría víctima de una decisión fácil y con una justificación muy discutible. De ese modo, se obtendría el mismo resultado económico pero se repartiría entre otros "privilegiados": los empleados de los bancos, los de empresas públicas (que parece que no se les aplicará esta reducción), a los directivos de grandes empresas privadas, etc.

Me resulta también curioso que el paquete de medidas pretenda un ahorro de 15 mil millones de euros, cifra muy cercana a los 13 mil millones de los Fondos estatales para los Ayuntamientos de 2009 y 2010. Ahora resulta que este aluvión de obras, muchas absurdas y la mayoría precipitadas en todos los Municipios de España las vamos a pagar de nuestros sueldos. ¿A que cabrea pensarlo?

Y no está claro que esto se acabe aquí, todavía puede ser peor. Pueden venir las pensiones (eso sí las futuras), las prestaciones sociales e incluso los impuestos.

La Ley de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana: primeras impresiones

2010-05-07T19:43:00.016+02:00

En esta fecha, 7 de mayo, se ha publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana esta Ley que, como en la mayoría de las ocasiones, empiezo a leer por el final, por aquello de la entrada en vigor, las disposiciones transitorias, etc.

Y aquí encontramos la primera sorpresa: a pesar de su entrada en vigor al día siguiente al de su publicación, las sedes electrónicas de las entidades locales tienen un plazo de un año para cumplir lo establecido en la ley, plazo que se cuenta desde la entrada en vigor de la normativa que lo desarrolle "respecto de aquellos requisitos que exijan objetivamente su concreción en el citado desarrollo reglamentario". ¡Y nos quejábamos de la Disposición Final tercera de la Ley 11/2007! Aquélla que supeditaba el derecho de los ciudadanos a ejercer los derechos reconocidos en la misma ley en las entidades locales a que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias.

Otra perla relativa a la sede electrónica: por la "varita" de la Disposición Transitoria Única, las páginas web y los portales de las entidades locales tendrán la consideración de sedes electrónicas locales. ¡Gracias por el favor! Ahora los Ayuntamientos quedan obligados a cumplir todos los principios exigibles a las sedes electrónicas según la Ley 11/2007 respecto de toda la información contenida en sus páginas web, aunque sen de lo más variopinto y no pueda pensarse, en serio que deba tener esa consideración y desde luego, el legislador estatal no creo que eso pretendiera: una cosa es la página web de un Ayuntamiento y otra, su sede electrónica, algo que ya expliqué en otra ocasión, aunque el punto de acceso a ambas sea el mismo. Espero que esta Disposición transitoria esto pueda tener esta interpretación.

Después de leer las disposiciones adicionales, transitorias y finales, hay que coger la norma por el principio (dejando para un poco después la exposición de motivos): el ámbito subjetivo de aplicación.

Esta ley se aplica a las entidades locales y entidades públicas vinculadas o dependientes de éstas, incluyendo a los consorcios (bueno, esto de los consorcios como entidades vinculadas a las entidades locales es para nota, positiva en este caso, aunque es algo muy discutido, especialmente por las administraciones supralocales). Lo malo de declararse aplicable a la administración local es que, a pesar de ello, el contenido o no se refiere a las mismas, o no es aplicable. Veamos.

Excluyendo los principios generales, las definiciones, los derechos y deberes de los ciudadanos y la organización de la administración electrónica, nos encontramos con el contenido aplicable a las entidades locales en cuanto el régimen jurídico de la administración electrónica (Título II) y en el procedimiento administrativo electrónico (Título III):

Regulación de las sedes electrónicas: artículos 10, 14, 15, 16 y 17.2
Acreditación electrónica: artículo 18 que me parece prescindible, no añade nada nuevo a la Ley 11/2007 y los artículos 21 y 22 que generalizan las dos formas de representación electrónica de los ciudadanos recogidos en la Ley 11/2007: a través de funcionario público y mediante representante, exigiendo la regulación de los registros de representantes.
La regulación de los registros, archivos y expedientes electrónicos, artículos 23, 25, 26 y 27, merece una lectura más reposada pero quiero destacar el primer párrafo del artículo 23.2: " La presentación, a través del registro electrónico que corresponda en cada supuesto, de solicitudes, escritos, peticiones, reclamaciones, consultas u otro tipo de comunicación, iniciará preceptivamente el cómputo de plazos".
Lo mismo digo respecto a comunicaciones y notificaciones, en otra ocasión comentaré algo, artículos 28 a 32

Más interesante me parece el capítulo V del título II, Administración integral que regula cuestiones tales como la "carpeta personal electrónica" que si bien es habitual en muchas oficinas virtuales, supone dar soporte legal a esta herramienta informática; y la regulación de los cajeros electrónicos de autoadministración, en el artículo 34.2, algo que, en mi opinión, se irá extendiendo por todas las oficinas públicas.

Termino aquí por ahora pero ya estoy viendo que siguen siendo muy necesarias las Ordenanzas municipales en esta materia y con un contenido que provocará una cierta disgregación del régimen jurídico de la administración local, con especialidades importantes según con qué ayuntamiento se relacione el ciudadano.

Añado ahora algunos enlaces sobre esta ley:

http://www.que.es/valencia/201004211218-corts-aprueban-administracion-electronica-generalitat.html

(Impagables las declaraciones del diputado del PP que ha comparado la ley con la máquina de vapor).

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-sanchez-leon-asegura-ley-administracion-electronica-desterrara-vuelva-usted-manana-20100303115833.html

http://www.20minutos.es/noticia/684019/0/

http://www.rojoyazul.es/noticias/valencia-sanchez-de-leon-asegura-que-la-ley-de-administracion-electronica-desterrara-el-vuelva-usted-manana/

http://www.que.es/valencia/201004211218-corts-aprueban-administracion-electronica-generalitat.html

El Padrón Municipal de Habitantes ya no es lo que era

2010-01-27T20:59:00.016+01:00

Al menos desde 1985, desde la aprobación de la Ley de Bases
de Régimen Local y de su Reglamento de Población y Demarcación Territorial de 1986, el Padrón siempre ha sido un registro administrativo destinado a contener los datos identificativos y el domicilio de los residentes en un Municipio.

Esta información que se pretendía fuera lo más ajustada a la realidad, debiendo prevalecer el domicilio efectivo (okupas, sintecho, etc.,) sobre la legitimidad en la ocupación de la vivienda, siempre ha tenido dos funciones esenciales:

El adecuado ejercicio de las competencias municipales (fiscalidad, tráfico, ordenanzas municipales, etc.)
La confección del Censo electoral.

En la versión actual de las normas citadas al principio, se preveía un proceso de revisión quinquenal que aseguraba que, al menos, cada cinco años se realizaba un trabajo de campo para comprobar la efectividad de la residencia.

Además de la supresión de la figura del transeunte, con la implantación de la actualización continua se eliminó esta revisión y también se suprimió la necesidad de efectuar previamente la baja en un padrón para inscribirse en el de nueva residencia. Ambos procesos reforzados por una mayor intervención en la coordinación de los Padrones por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), si bien se mantenía la esencia del instrumento, las dos funciones esenciales antes referidas.

Sí que produjo una ruptura de la esencia del Padrón de Habitantes la modificación introducida en la legislación de régimen local por la Ley Orgánica 14/2003, de reforma de la "ley de extranjería", en la primera revisión de esta norma especialmente ideada para controlar a los extranjeros "ilegales" (entiéndase "no comunitarios sin permiso de residencia"):

Se prevé la cesión de los datos del Padrón a la Dirección General de Policía para el control y permanencia de los extranjeros en España (actual Disposición Adicional Séptima de la Ley de Bases).
Se establece la caducidad en dos años de la inscripción en el Padrón de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia no permanente (actual artículo 16.1 de la Ley de Bases).

Dejando de lado la cesión de los datos a la Policía, necesaria mientras la normativa exija permisos de residencia o similares, la caducidad ha supuesto una fractura colosal de la verdadera naturaleza del Padrón. Habrá quien diga que se trata de un simple trámite adicional para los afectados, que deben volver a tramitar su inscripción o renovación, pero en realidad supone un trato diferenciado para estos ciudadanos, no justificado por los fines de este registro municipal.

Esta legal "persecución" de los ilegales, solapada si se quiere, desde las oficinas municipales ha llevado a algunos Ayuntamientos a intentar dar algún paso más, ya que es cierto que la normativa vincula al Padrón con el control de la legalidad de la permanencia en nuestro país, que como ya he dicho el propio legislador introdujo. Y así últimamente en Vic, o en Torrejón de Ardoz, pero ya se hablado muchas veces de esto, y se ha intentado en algunos otros Ayuntamientos, creo que incluso se propuso por la Administración del Estado (que luego corrigió su posición), pero no hay duda ninguna que se han pretendido ejercer competencias que no corresponden a los Ayuntamientos y utilizar el Padrón de habitantes más allá de la misión que siempre ha tenido este registro administrativo.

Más sutil me parece la nueva propuesta del gobierno, pero creo que sigue siendo lo mismo: utilizar el Padrón, que debe servir para proporcionar información (más o menos real, según los medios que se destinen a comprobación y revisión) para controlar el derecho de acceder a prestaciones públicas básicas, como la educación o la sanidad.

Y es que, si se quieren limitar estos derechos, dígase, hágase, pero no pasen la pelota a los Ayuntamientos y provoquen que algunos alcaldes utilicen estas estrategias para captar votos de los descontentos y hacer campañas que lo único que provocan es mover los vientos de la xenofobia que, no olvidemos, en tiempos de crisis siempre arrecian.

La Directiva de Servicios y la administración electrónica.

2009-11-29T17:53:00.009+01:00

A pesar de mi inicial incredulidad, por la información que llevo unos días recopilando, tengo la sensación que la Directiva de servicios va a conseguir lo que no ha sido capaz de hacer la implantación de la Ley 11/2007: integrar a todas las Administraciones públicas en un portal único, en siglas se ha denominado VUDS, Ventanilla Única de la Directiva de Servicios, prevista en la propia Directiva y en los artículos 18 y 19 de la Ley de horizontal de transposición (la ley paraguas), con las siguientes funciones:

Proporcionar toda la información sobre los trámites necesarios para el acceso y ejercicio de una actividad de servicios.

Realizar dichos trámites por vía electrónica.

Esta ventanilla única se establece para la totalidad del Estado español.

La otra gran "pata" sobre la que se asienta el derecho al acceso y ejercicio de las actividades de servicios en todo el mercado interior de la Unión Europea es dirigida directamente por la Comisión. Es el sistema denominado IMI, acrónimo en inglés que traducido mantiene el orden de las iniciales: Información del Mercado Interior.

Este sistema permite la localización de autoridades competentes en materias y procedimientos de toda la Unión Europea y y el intercambio entre ellas de consultas e información y lógicamente la formulación de consultas por cualquier interesado. De momento se aplicará al reconocimiento de cualificaciones profesionales y al acceso y ejercicio de actividades de servicios, en cumplimiento de sendas Directivas.

La creación, formación y supervisión de la red de información está dirigida por un complejo entramado de coordinadores y autoridades:

NIMIC, coordinador a nivel Estado (Dirección General de Cooperación Autonómica, del MPT)
DMIC, coordinador sectorial, relativo a una materia.
SDMIC o superDIMIC, coordinador regional, en España, de Comunidad Autónoma.
El SDMIC será el encargado de dar entrada a las autoridades locales: Ayuntamientos.

Existe ya una lista de los coordinadores publicada por el Ministerio de Política Territorial, y se puede acceder a un volumen muy importante de información sobre el IMI desde la web de ese ministerio.

En el Boletic de septiembre de este año se incluye un monográfico sobre esta materia con artículos de algunos de los máximos responsables de estos sistemas.

Es de esperar que pronto se requiera a los Ayuntamientos para la integración en el sistema de información IMI como en la ventanilla única. Pero, como ya he dicho en alguna entrada anterior, en todo esto de la Directiva de servicios creo que llegamos algo tarde o, al menos, fuera del plazo establecido.

Directiva de Servicios (2). Empieza la retahíla de normas: La Ley paraguas.

2009-11-26T20:52:00.011+01:00

Se ha publicado la primera de las normas de transposición de la Directiva de Servicios. Eso si excluimos la ya lejana aunque todavía incumplida, con carácter generalizado, Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Es la denominada Ley paraguas, Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, publicada en el B.O.E. del día siguiente que, como siempre, empiezo a leer por el final, por lo de la entrada en vigor, la vacatio legis, el régimen transitorio,...

No hay mucha sorpresa con la entrada en vigor: el 27 de diciembre de 2009, un día antes de la fecha límite de transposición de la Directiva de servicios.

El régimen transitorio tiene algo interesante, aunque por otro lado, habitual: que los procedimientos iniciados antes de la fecha anterior se rigen por la normativa vigente en ese momento, salvo que la resolución se dicte después del 28 de diciembre de 2009 en que, en ningún caso podrán tenerse en cuenta los requisitos que contenga aquella normativa para autorizar una actividad de servicios en España si se encuentran entre los prohibidos por la Ley paraguas (me encantan los apodos en las leyes), que se podrían sintetizar como sigue:

No puede exigirse la nacionalidad o residencia del titular de la actividad, de su establecimiento (ni principal ni secundario), de su personal, su capital social o de los miembros de sus órganos rectores. En España o en alguno de sus entes territoriales.
No puede exigirse inscripción en registros, colegios o asociaciones.
No puede solicitarse prueba de existencia de necesidad económica, demanda en el mercado, ajuste a objetivos económicos o de procedencia de los productos.
No pueden participar en el procedimiento de autorización los competidores, incluidas las cámaras de comercio y los colegios profesionales.
No pueden exigirse garantías financieras o seguros a concertar en España.
No puede requerirse previa inscripción en registros en España o previo ejercicio de la actividad en nuestro país.

En su disposición final quinta se anuncia la Ley Omnibús (se nota el retraso en la tramitación, está cumplida hace meses) que podría promulgarse antes de la fecha tope de transposición, y que modifica 46 Leyes. La modificación de las normas estatales con rango de Ley se completa con la modificación de la Ley 7/1996 de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista que se ha descolgado del tren (mejor dicho, del omnibús).

Y después queda más tarea:

Deben modificarse un gran número de normas reglamentarias estatales afectadas por la Directiva de Servicios, que ya están identificadas.
Deben modificarse las Leyes y Reglamentos autonómicos afectados por la Directiva de Servicios (que supongo que la mayoría de Consellerias ya las habrán identificado).

En cuanto a los Ayuntamientos, los últimos de la cola, se nos insiste en que debemos empezar la evaluación de nuestras Ordenanzas afectadas (no veo que suponga demasiado trabajo, en la mayoría de los Municipios), y que empecemos a tramitar su modificación con los proyectos o anteproyectos de las normas de transposición estatales y autonómicos, aún sin que el Estado y las Comunidades Autónomas hayan hecho los deberes todavía y sin que dispongamos de las normas a las que las Ordenanzas municipales deben adaptarse.

Aunque esto puede considerarse lo lógico han de hacerse varias consideraciones:

En los Ayuntamientos debemos conocer las normas, incluso las procedentes de Europa, pero no tenemos ni el personal, ni los medios ni la información que disponen en la Administración del Estado y en las Comunidades Autónomas. En particular por no haber participado, salvo contadas excepciones y a través de la F.E.M.P, en las múltiples comisiones y grupos de trabajo constituidos para llevar a cabo la transposición de la Directiva.
No se ha facilitado, ni comunicado directamente a los Ayuntamientos (al menos en la Comunidad Valenciana), ni la evaluación de la normativa sectorial afectada por la Directiva, salvo lo que podamos conocer a través de las páginas web del Estado /CC.AA., o directamente a través de los boletines de Congreso y Senado (o Cámaras autonómicas). Hago una excepción: algo se informó respecto a la venta no sedentaria que, de largo, creo que es la actividad que va a estar más afectada por la entrada en vigor de la Ley paraguas.
En fin, no se ha puesto a disposición de los Ayuntamientos propuestas de Ordenanzas (o sus líneas básicas) ni desde la Administración del Estado, ni desde la Generalitat, ni desde la Diputación Provincial (en mi caso, de Alicante). Bueno, para ser justos, la Generalitat ha convocado a los Ayuntamientos a una jornada sobre el tema el día 26 de noviembre, el día en que escribo esto.

No quiero pensar que la idea pueda ser que cada Ayuntamiento (pequeños y grandes) adapte, a su criterio, sus Ordenanzas a la Directiva de servicios, o simplemente que no las adapte.

Puede decirse que jurídicamente si puede, para disponer de su propia normativa adaptada a la directiva y a la ley paraguas a tiempo, por cuanto la disposición derogatoria en relación con la disposición final tercera así lo parece establecer.

Pero lo que sí parece inevitable es que tras el 28 de diciembre de 2009, las actividades de servicios y su ejercicio van a tener tantos regímenes jurídicos como Municipios (o casi).

Y todavía no he hablado de la ventanilla única, que me da la risa...

La Directiva de Servicios. Una tarea imposible..., dentro de plazo.

2009-11-17T20:09:00.011+01:00

A poco más de un mes para el vencimiento del plazo para la transposición de la Directiva de Servicios — DIRECTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DOUE 27.12.2006)— que se cumple el día 28 de diciembre de 2009 (artículo 44 de la Directiva), todavía estamos la mayoría “en mantillas” (como los recién nacidos), con todo el trabajo por hacer.

Esta directiva se refiere a las actividades de servicios por cuenta propia que se realizan a cambio de una contraprestación, pero no a los servicios no económicos de interés general y otros excluidos de su ámbito de aplicación. Su objetivo fundamental de la Directiva es “eliminar los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento de los prestadores en los Estados miembros y a la libre circulación de servicios entre los Estados miembros y garantizar, tanto a los destinatarios como a los prestadores de los servicios, la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de estas dos libertades fundamentales del Tratado”. Y este objetivo se pretende conseguir fundamentalmente mediante:

La simplificación de los procedimientos administrativos para el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio.
Las limitaciones en la exigencia de autorización previa y, en los casos en que perviva, su concesión mediante condiciones objetivas y no discriminatorias .

Por lo que oigo a algunos compañeros, en algunos Ayuntamientos todavía no son ni siquiera conscientes de la tarea que se avecina. Parece que simplemente les suena lo de “Directiva Bolkestein”(por el Comisario Europeo de Mercado Interior Frits Bolkestein, inicial impulsor de la misma) o “el fontanero polaco” (expresión que se acuñó para hacer referencia a los posibles efectos de la aplicación del “principio del país de origen”, finalmente eliminado, que corresponde a la imagen que se inserta aquí).

Pero es que el Estado, el primero que debería haber hecho los deberes, o se ha dormido (se ha retrasado, ha sido lento) o le ha pillado el tren (las dificultades en el proceso de “elaboración” han sido muchas). La estrategia estatal de transposición de la Directiva de Servicios en España se planteó sobre la base de una Ley horizontal, la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio a la que se ha dado el sobrenombre de Ley paragüas.

La elección de esta opción se ha justificado principalmente por su efecto derogatorio de las normas estatales contrarias a la Directiva (mejor dicho, a esta Ley de transposición). La referida derogación de las normas contrarias a esta Ley paragüas se refiere al 27 de diciembre de 2009 y ello sin perjuicio de la previsión de otra ley, que se está tramitando también en estos momentos, la Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, cuyo sobrenombre es la Ley omnibús, por la que se modifican un gran número de normas, entre otras, la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley 30/1992, (LRJAEPAC), y la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (precisamente el artículo que esta norma dedicaba a la transposición (por lo visto precipitada o, al menos, insuficiente) de la Directiva de Servicios.

Pues bien, una vez aprobadas y en vigor dichas normas, es cuando debe aprobarse la modificación de las Ordenanzas municipales afectadas, que el Ayuntamiento ya debería tener identificadas y entre las que destacan la Ordenanza municipal sobre venta ambulante o no sedentaria.

Actualmente, la Ley paragüas ha finalizado su tramitación y su texto definitivo se puede encontrar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso) de 10 de noviembre de 2009 y por tanto debe ser inminente su promulgación y publicación en el BOE.

La Ley omnibús, por su parte, se encuentra todavía en el Senado (Comisión de Economía y Hacienda), pendiente de enmiendas y propuestas de veto desde el 16 de Noviembre de 2009.

Imprescindible para empezar, los documentos sobre la materia que se encuentran en la web del Ministerio de Economía.

Esta entrada (espero) será la primera de esta materia que espero continuar, especialmente por mi interés en la modernización administrativa que se califica en estas normas y documentos como una necesidad y una oportunidad en el proceso de adaptación a la Directiva de servicios.

Ahora dicen que van a hacer algo contra la corrupción

2009-11-08T09:19:00.004+01:00

Los últimos episodios de corrupción, por citar algunos por su nombre policial, "Gürtel" que significa correa en alemán (iniciada en Boadilla del Monte y Majadahonda y con su extensión en la Comunidad Valenciana, el más sonado), "Pretoria" (Santa Coloma de Gramenet y otros, Barcelona), "Molino" (La Muela, Zaragoza), "Poniente" (El Ejido, Almería), están obligando a los dirigentes de los grandes partidos políticos, ahora que las implicaciones empiezan a extenderse a cargos públicos de todos ellos, a anunciar la toma de decisiones antes que se les recrimine de que no hacen nada para evitarlo. Ya no vale decir que los corruptos son los otros, ya no se lo cree nadie.

A pesar de lo que se mantiene por la mayoría de comentaristas políticos, prefiero pensar que la causa real de la corrupción no es la financiación de los partidos políticos, y que los corruptos lo hacen en beneficio propio y no para financiar los partidos políticos que, desde luego, ni fiscalizan ni investigan ni denuncian cuando tienen sospechas de corrupción, tal vez porque reciben parte de los beneficios obtenidos, tal vez por los efectos negativos que tendría en los resultados electorales reconocer que en su partido hay corrupción.

Respecto a las medidas legislativas propuestas creo que, a pesar de que no puedan calificarse de negativas, serán poco eficaces. Ni el endurecimiento de penas y modificación del elemento subjetivo en varios delitos cometidos por los funcionarios públicos; ni la modificación de la Ley de Financiación de Partidos, haciendo pública la actividad de los partidos políticos y sus contratos, aumentando sus ingresos procedentes del erario público; ni la modificación de la Ley de Bases del Régimen Local, aumentando la transparencia sobre las actividades y patrimonio de los miembros de la Corporación, regulando los derechos y obligaciones de los concejales y reforzando las posibilidades de control de la oposición; tampoco la reforma de la financiación local, para desvincularla del urbanismo, "la gran tentación"; y desde luego, que gobierne la lista más votada, para evitar el transfuguismo, que lo que pretende no es actuar sobre la corrupción sino reforzar el poder de los grandes partidos políticos en detrimento de las minorías.

En particular, las propuestas de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local sobre los contratos de obras públicas me suenan a tomadura de pelo: pensar que la ampliación de las atribuciones del Pleno, además de suponer una inflexión a la evolución en la materia desde el año 1985, sirve de algo, me atrevo a calificarlo de pueril.

Y respecto de la publicación de los bienes de los políticos, ¿alguien se cree que los políticos que se han enriquecido durante su mandato o participan en negocios oscuros van a publicar su patrimonio real? ¿A qué patrimonio se refieren, al que figura a su nombre, al de su familia, a los títulos y bienes inmateriales que no figuran en registros públicos, las obras de arte, las joyas, los inmuebles adquiridos por sociedades participadas o por testaferros, a las cuentas y fondos en cuentas abiertas en otros países...?

Y mientras tanto los dirigentes del partido político afectado por corrupción miran hacia otro lado, o incluso refuerzan explícitamente su confianza sobre el sospechoso y esperan a que haya una condena (amparándose en la presunción de inocencia) tras largos años de investigación judicial y numerosas estrategias procesales dilatorias o anulatorias de pruebas o actuaciones desarrolladas. Parece que son presuntos de "primera división" y la prensa se hace eco de los ataques a su dignidad y su imagen, algo que parece que no tienen los presuntos "delincuentes comunes" (que también tienen conocidos, familiares, amigos, un trabajo, etc., y pueden ser inocentes de los delitos de que se les acusa).

Respecto a la afirmación de que la corrupción está en los Ayuntamientos, creo que puede ser deliberadamente falsa ya que la corrupción en realidad se encuentra siempre donde está el poder y el dinero, y cuanto más posibilidades hay, más fuerte y organizada será la corrupción y probablemente más difícil de probar en los tribunales (muchos casos ha habido antes de ahora, sobre todo sin condenas). Lo que ocurre es que muchos casos municipales son chapuceros y descarados, y la investigación lo tiene bastante más fácil; y además, los controles internos realmente son mucho más débiles en la administración local que en el Estado o las Comunidades Autónomas.

En fin, la corrupción no es exclusiva de nuestro pais, existe en todos los paises del mundo pero, eso sí, campa a sus anchas en los que no tienen un sistema democrático verdadero cuyo eje fundamental es el derecho y el deber de los ciudadanos de exigir la asunción de sus responsabilidades a los políticos, al menos a la hora de votar. Hay cosas que no se pueden perdonar a un cargo público.

Fondo estatal local 2010: Proyectos y actuaciones financiables

2009-10-27T18:08:00.010+01:00

En el Boletín Oficial de 27 de octubre de 2009 se ha publicado el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Tal y como se desprende de su denominación y contrastando con el anterior "Fondo Estatal de Inversión Local", en esta ocasión se exige que las inversiones, proyectos y actuaciones financiadas contribuyan a la sostenibilidad económica, social y ambiental, líneas en torno a las que se agrupan las posibles actuaciones .

El importe para cada municipio, si consideramos que el total del Fondo es de 5.000 millones de euros y que la cifra de población a 1 de enero de 2008 es de 46,662 millones de habitantes, resulta de 107 euros por habitante, aproximadamente. El importe definitivo, supeditado a la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, se publicará por el Ministerio de Política Territorial.

En el articulado del Real Decreto-Ley se concretan las actuaciones financiables con cargo a este fondo, que se pueden separar en dos grandes grupos:

Obras de competencia municipal, contratos de suministro para equipamiento de dichas obras o para adquisición de equipos y sistemas de telecomunicaciones o tratamiento de la información y contratos de servicios para implantación y desarrollo de sistemas y programas informáticos para dar cumplimiento a la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Gastos corrientes de naturaleza social.

La gran diferencia entre los dos grupos es que en las actuaciones del primer grupo se exige que sean obras, suministros o servicios no previstos en el presupuesto de la Entidad para el año 2009 ni en el Presupuesto de 2010 (lo segundo más fácil, el presupuesto municipal no estarán normalmente aprobado a estas fechas). Respecto al segundo grupo, los gastos corrientes deben realizarse durante 2010 y estar contemplados o incluirse en el presupuesto municipal. Eso sí, debe tratarse de gastos en educación, servicios de atención a las personas en situación de dependencia y derivados de las prestaciones de servicios sociales y reinserción social.

Respecto a los gastos corrientes, se exige la presentación de una "Memoria explicativa de la solicitud de financiación en la que se especifique el programa de actuación, una estimación del número de beneficiarios de dicho programa, así como el presupuesto de gasto previsto". Una vez autorizada, los gastos correspondientes pasarán a tener financiación afectada y a su vez liberarán el mismo importe de los ingresos destinados al resto de gastos del presupuesto para 2010, por una cifra de unos 21 euros por habitante como máximo (20 por ciento del total).

En cuanto a las obras, me gustaría destacar la prohibición de que sean obras cofinanciadas ni segundas o posteriores fases de obras que no sean las del Fondo estatal de 2009 (para que haya paz y no haya "lucha de carteles" en la misma obra). Y también es destacable que la inversión puede incluir el coste de redacción del proyecto técnico y la dirección facultativa, en el mismo contrato de obra o mediante contrato de servicios independiente. Además, el Real Decreto-Ley limita en mayor medida las obras que pueden ser objeto de financiación: parques empresariales, científicos y tecnológicos; infraestructuras de innovación y desarrollo tecnológico; despliegue y acceso a las redes de telecomunicaciones de nueva generación, etc; ahorro y eficiencia energética y de recursos hídricos; accesibilidad y uso de energías renovables; movilidad urbana sostenible; refuerzo de medios de transporte menos contaminantes; centros de servicios sociales, sanitarios, culturales y deportivos.

Es posible también solicitar la financiación de contratos de suministro, bien para equipamiento de edificios e instalaciones objeto de proyectos de obras financiados por este Fondo por un importe máximo del 20 por 100 de dicha obra, bien para adquisición de equipos y sistemas de telecomunicaciones o tratamiento de la información.

Y en cuanto a los contratos de servicios, deben tener por objeto la implantación y desarrollo de sistemas y programas informáticos para dar cumplimiento a la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, eso sí, sin incluir los servicios de mantenimiento, con un importe máximo de 200.000 euros.

Hay que destacar también la posibilidad de incluir estas actuaciones en el Fondo 2010, reconociendo el impulso decidido por parte del Gobierno de España a la implantación de la administración electrónica. Dos comentarios al respecto:
- Uno, que van a ser grandes beneficiados los Ayuntamientos que no hayan obtenido subvenciones del Ministerio de Industria o del Ministerio de Administraciones Públicas (hoy Política Territorial) ya que las convocatorias correspondientes no podían alcanzar el 100 por 100 del presupuesto de la actuación (las del MAP, sólo el 50 por ciento). A ver si ahora es posible.
-Dos, que los Ayuntamientos pequeños no creo que consideren prioritaria la administración electrónica (y con razón, el número de potenciales usuarios no compensa la inversión ni el coste de funcionamiento), y esperarán la integración en plataformas o sistemas de sus Diputaciones o Comunidades Autónomas

No hay muchos más cambios relevantes respecto al Fondo Estatal de 2009, si bien me ha llamado la atención la previsión del artículo 9.5 de aplicación prioritaria del ahorro derivado de las bajas en la licitación a la financiación de "los incrementos impositivos" . Vamos, la subidita del IVA a partir del mes de julio de 2010 (en los facturas de los contratos de obras pasará del 16 al 18 por cien), así que no hay que olvidar poner el criterio de baja económica en los pliegos, pero que no sea mayor del 20 por 100 (v. el artículo 9.5 citado), no pueden establecerse únicamente "mejoras en especie".

También interesante la mención en el Real Decreto-Ley que los famosos carteles de obra deben sufragarlos los Ayuntamientos, mediante reutilización de los carteles del Fondo de Inversión Local de 2009. Así que, cuando las obras acaben, no hay que olvidar retirarlos y almacenarlos.

La hipocresía de los políticos o la tiranía de los votos

2009-10-18T09:44:00.020+02:00

Vengo dándole vueltas a cuál sería la actuación correcta en casos como el "Gürtel" , qué deberían hacer los cargos políticos, tanto electos como altos cargos de la Administración (no me importa tanto lo que hagan los puestos directivos de los partidos) en caso de sospechas de corrupción. Y no valen las presiones de un lado, de dimisiones en masa y, por otro, de aguantar "haste que amaine" ya que está por ver si afecta a los votos (creo que no afecta tanto como pensamos)

Comoquiera que no existe un criterio legal y, mucho menos, uniforme de cómo se debe actuar, las decisiones que se toman en cada caso y en cada partido son distintas más en función de la imagen que se quiera dar que por convencimiento, y siempre pensando en la reacción del electorado. Esto último no está del todo mal, que se decida en función de la presumible voluntad del votante, pero es más probable que lo que se pretenda es influir en la opinión pública y no "limpiar" las instituciones de indeseables, con el mensaje subliminal que la corrupción es inevitable.

De cualquier forma, igual que los partidos se pusieron de acuerdo con el pacto antitransfuguismo (esto les interesaba más porque refuerza la disciplina intra-partido), podrían ponerse de acuerdo en cómo y cuándo se debe abandonar un cargo público (aunque luego este acuerdo no serviría de mucho, como ya sabemos, más hipocresía que realidad).

Para la elaboración de este acuerdo pueden abordarse, entre otros puntos, los que se citan a continuación

Cualquier sospecha no es suficiente. Esto es lo primero que habría que delimitar. Cualquier imputación de la comisión de un delito o de un comportamiento impropio de un representante político publicada en prensa o, incluso, contenida en una querella, no puede dar lugar a la exigencia de una dimisión o suspensión del cargo. Muchas veces estas acusaciones son infundadas o incluso malintencionadas.

La recuperación del cargo es obligada. Si admitimos las reglas del juego en un estado de derecho, una vez finalizado, sin condena, un procedimiento judicial sobre los hechos que se imputan, se debe restaurar el cargo dimitido o suspendido y, lo que es más difícil, la honorabilidad. Incluso en los casos en que el convencimiento general es que el afectado era responsable de aquéllo de que se le acusaba, pero por anulación de pruebas, defectos procesales o decisiones judiciales controvertidas, no ha sido condenado.

Los cargos y el personal al servicio de las administraciones públicas no son tratados igual si son "sospechosos". Esto merece una explicación algo más extensa.

La Ley electoral vigente declara inelegibles e incompatibles a los electos en caso de haber sido condenados a penas privativas de libertad mediante sentencia firme. Del mismo modo, los empleados públicos pierden su condición en caso de sentencia firme que les inhabilite para la misma, lo que incluye también las condenas a penas privativas de libertad.

A efectos penales los cargos electos y los empleados públicos tienen la misma condición de funcionarios públicos y únicamente se diferencian en los casos en que se exige la previa autorización de la cámara a que pertenece (suplicatorio) y los que tienen un fuero especial (no le corresponde conocer los hechos al juez ordinario sino a otro Tribunal).

Pero en el caso que los hechos reprochables no tengan la consideración de delito o falta, las diferencias sí son muchas:

Los cargos electos no tienen un verdadero régimen disciplinario: La pérdida de su cargo sólo puede ser declarada por los jueces y no se prevén actos cometidos por los mismos que, no siendo delitos, puedan suponer dicha pérdida. Tampoco los partidos pueden utilizar un régimen disciplinario propio, entre otros motivos, por la prohibición del mandato imperativo.
Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario a un empleado público resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal (artículo 94.3 del Estatuto básico del empleado público). Y podrá acordarse la suspensión provisional en sus funciones como medida cautelar en dicho expediente disciplinario y durante la tramitación de un procedimiento judicial (artículo 98.3 del mismo Estatuto).

No estoy nada convencido que la aplicación de un régimen disciplinario específico a los cargos políticos sea la solución. Muchos problemas legales e incluso constitucionales tendría esta medida, en particular, en cuanto a efecto a su derecho al cargo.

Pero lo que no parece de recibo es que las "medidas ejemplarizantes" que los partidos toman con sus miembros, sólo se apliquen con quién ellos decidan y cuando les parezca oportuno; lo que ahora se hace parece que se decide más en función del rendimiento electoral.

Lo que ocurre y no debería ocurrir nos debe enseñar, al menos, lo que no debe repetirse en el futuro (proverbio chino o lo parece).

Celíacos

2009-09-27T09:56:00.007+02:00

Como le ocurre a uno de los autores de los blogs que sigo, Dura lex, tengo una hija celíaca. Como sus síntomas fueron leves, prácticamente lo descubrimos por casualidad, gracias a la profesionalidad, diría incluso perspicacia y perseverencia, de su pediatra.

La familia tiene que acostumbrarse a las limitaciones en la dieta que, en casa, no son demasiado graves. No hay que hacer comidas especiales, basta excluir el pan de trigo y utilizar pasta sin gluten que se puede cocinar por separado para el celíaco, ya que hay bastantes productos a la venta debidamente etiquetados (sin gluten).

Podrían ser muchísimos productos más si los procesos de elaboración fueran más cuidadosos (hay riesgo de contaminación por contacto con otros productos que contienen gluten) o se sustituyeran algunos elementos complementarios (almidones y otros espesantes, colorantes, etc.) por otros sin gluten.

Las dificultades son mayores para comer en restaurantes y bares, donde la utilización de las freidoras o el empleo de productos elaborados que no tienen la garantía "sin gluten", disminuyen el número de platos disponibles para los celíacos.

No sé si el todavía reducido número de celíacos hace rentable introducir en los procesos de elaboración de alimentos las exigencias de la dieta para celíacos, pero estoy seguro que, si no es obligatorio algún día (parece que el etiquetado lo va a ser pronto), el agradecimiento de las familias que nos encontramos en esta situación merece la pena.

Y el número de celíacos va aumentando considerablemente...

Imprescindible la Lista oficial de alimentos aptos para celíacos y sus actualizaciones que edita la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, ya que muchos productos son aptos y no se indica en su etiqueta.

El transfuguismo lo permite la Constitución

2009-09-17T20:55:00.019+02:00

Aunque se empeñen los partidos políticos, el cargo de Concejal o Diputado pertenece a quien lo ostenta y no a la lista o partido político en cuya candidatura participó en las elecciones y no tiene la obligación de abandonarlo si deja de pertenecer a dicho partido.

Este derecho al cargo de los electos, que deriva de su naturaleza de mandato representativo o libre (frente al mandato imperativo) que se reconoce en nuestra Constitución y se defiende tajantemente por el Tribunal Constitucional, se manifiesta principalmente como el libre ejercicio de las funciones públicas para las que han sido elegidos nuestros representantes sin vinculación alguna a sus votantes. Libertad que también gozarían respecto de los partidos políticos o candidaturas de las que forman parte.

Y así se cumple en cuanto a los electores que, fuera de sus votos, no tienen otros medios democráticos para exigir que el candidato que ha resultado elegido cumpla sus propuestas, sin perjuicio de otras formas que pueden considerarse legítimas para mover sus voluntades, como las manifestaciones públicas o los escritos con miles de firmas, pero que no vinculan a los concejales o diputados, aunque son a veces eficaces, pues los políticos valoran el rendimiento electoral que puede producirles acceder a esa presión o no.

Pero los partidos políticos tienen a su disposición distintas herramientas legales y otras no tanto, para hacer que el electo cumpla sus instrucciones, aun en contra del propio programa político.

Dentro de las facilidades que les otorgan las leyes, destaca la de confeccionar y presentar las listas de candidatos, ya que el sistema electoral favorece los partidos y coaliciones frente a otras opciones (agrupaciones de electores).
Aún más importante son las denominadas listas cerradas: No se puede votar a Concejales, Diputados del Congreso o de las Asambleas autonómicas individualmente, necesariamente se vota a un partido, una candidatura o lista completa.

Estas atribuciones de que gozan los partidos son contrarias a la esencia del mandato representativo, que el pacto anti-transfugismo considera irreal, pues defiende que la realidad tiene más que ver con el mandato imperativo y los puestos de los Concejales y Diputados resultan de los votos de los ciudadanos a una candidatura, a un partido político, y por tanto no les pertenece a los elegidos sino a los partidos, algo que como ya he dicho es contrario a la Constitución.

El catedrático Pedro de Vega (1) describe esta contradicción del siguiente modo:
"Por un lado, y conforme al principio clásico de representación y a la lógica implícita en la prohibición del mandato imperativo, no es cuestionable que la titularidad del mandato corresponde jurídicamente al diputado y, por tanto, sólo él puede ejercer y disponer de esa titularidad.

Pero, por otro lado, no es menos claro que, de acuerdo con la lógica de la democracia de partidos y del principio de proporcionalidad electoral, la representación individual del diputado y las actuaciones parlamentarias de éste, deben quedar en todo caso encuadradas en la acción global del partido, para que la relación entre composición política del Parlamento y composición política del cuerpo electoral, no sufra alteraciones ni conmociones notables. Es entonces cuando el mandato representativo del diputado protegido constitucionalmente, se convierte de facto en un mandato imperativo condicionado por las órdenes del partido a que pertenezca".

Lo que sería conforme a la Constitución y a la verdadera democracia es que si un partido se desvía de su programa electoral injustificadamente, el concejal o diputado pueda decidir conforme a sus convicciones. Aunque lo que parece que exige la opinión pública mayoritaria es que cuando un electo abandona su partido o se suscribe un pacto con quien que algún concejal o diputado que lo ha abandonado (porque no está permitido pasar de un partido a otro, tránsfuga en sentido estricto) debe ser sancionado y "desterrado" a pesar de que no es una práctica ilegal. En la legislación de régimen local, a consecuencia de este pacto un Concejal que abandona o es expulsado de su grupo pasa a ser"no adscrito", perdiendo las ventajas de su integración en grupo político.

Además de estar amparado por nuestro ordenamiento jurídico el tránsfuga, el que desobece las instrucciones del partido o lo abandona pactando con otro grupo, no siempre es el malo. Y téngase en cuenta que, en la práctica, no en las declaraciones públicas, los partidos sólo condenan explícita y tajantemente los casos de transfuguismo de los demás y suelen justificar los propios ("este caso es distinto", dicen, "es por la gobernabilidad", también suele oirse).

Todos podríamos recordar alguna polémica decisión en una Cámara o Pleno de un Ayuntamiento en la que los miembros de un grupo político defendían lo contrario a lo que teóricamente esperarían sus electores (por ir en contra de su programa político o incluso sus promesas electorales) y cuando alguno de sus miembros anuncian su intención de votar en coherencia con sus principios o su ideología y en contra de la "disciplina de voto", suelen ser amenazados con la expulsión de sus partidos. Eso por no hablar de las legendarias "dimisiones en blanco" que debían entregar los candidatos a sus partidos (parece que en su día fue práctica común) pero que además de ser ilícitas, son inútiles una vez se ha reconocido pacíficamente la revocabilidad de los escritos de renuncia.

Con todo esto no niego que en muchos pactos con tránsfugas haya intereses inconfesables. Y tampoco que lo más ético, mientras nuestro sistema sea el que es, que cuando el cargo elegido se separa de la línea de su partido, debe renunciar a su puesto de Concejal o Diputado. Pero también tendría sentido (y es la verdadera democracia, dirían algunos) que los ciudadanos elijan a sus representantes y éstos sean los responsables de las decisiones que toman y no meros instrumentos que materializan el voto que les imponen sus partidos en las Cámaras o Asambleas de las que forman parte.

Para esto sería necesario cambiar la ley electoral y modificar el sistema de elección de nuestros Concejales y Diputados y, al menos, que las listas no sean "propiedad" de los partidos políticos. Muchas propuestas hay al respecto, como las llamadas listas abiertas. La elección directa de Alcaldes, que a veces se cita como beneficiosa en la democratización de los Ayuntamientos, intuyo que tiene "gato encerrado"...

(1) Una referencia sobre el origen y la aplicación del mandato no imperativo, puede ser el artículo de Pedro de Vega "Significado constitucional de la representación política", a pesar de ser de 1985. Opiniones críticas muy conocidas sobre nuestro sistema, las de Antonio García Trevijano, sirva por ejemplo ésta. Y en blogs, el de Antonio Morcillo en el que se incluye una viñeta de Forges muy ilustrativa.

El PP y el PSOE son iguales en muchas cosas: las subvenciones

2009-08-25T20:04:00.013+02:00

(rectificado el 29 de agosto)

Antes de explicar el título de esta entrada, aclaro que cito los dos partidos con mayor número de votos y de gobiernos en España (contados los autonómicos y los locales), aunque podría extenderse a todos los partidos con suficiente cota de poder y asumiendo que es una generalización que en casos particulares no se cumple.

Desde luego no me refiero ni a sus políticas, ideologías o programas (aunque me temo que hay más similitudes de las que podamos pensar). En lo que yo creo que son iguales 'igualicos' es en su forma de administrar el poder, o mejor dicho, los dineros que atribuye ese poder, que distribuyen favoreciendo de un modo descarado a los de su propio partido o, incluso, a los de su línea afín dentro del mismo. Y lo peor de todo, como ambos partidos lo hacen, admiten y consienten que el otro partido lo haga. O incluso lo ven "democrático", lo que es peor.

En algunas ocasiones salen a la luz excepciones a esta regla, pero no por tanto por la ilegalidad de las subvenciones otorgadas sino por la discriminación de unos partidos políticos frente a otros.

Admito que cuando escribo todo esto estoy pensando en los criterios de adjudicación de subvenciones del Estado, Comunidades Autónomas y Diputaciones Provinciales a los Ayuntamientos, bien sea mediante convocatoria pública, bien sea mediante convenios singulares, bien ejecutando directamente determinadas obras, servicios o instalaciones. Y en el mejor de los casos, las subvenciones o ayudas se distribuyen en atención a cuotas de representación de cada uno de los partidos o grupos de poder de los mismos, prescindiendo de la priorización en función del valor del proyecto, de la necesidad, etc., aunque formalmente aparezcan valorados y adjudicadas las subvenciones en función de los criterios que figuran en la convocatoria.

Últimamente se han publicado las quejas del PP de Andalucía denunciando favoritismo en determinadas subvenciones de la Junta a favor del PSOE, y CiU denuncia en Cataluña el trato de favor a ERC. Se observará que la queja siempre se dirige a la desproporción entre representatividad y subvenciones otorgadas pero, o mucho me equivoco, ésta no es ni puede ser legalmente el criterio de distribución de estas ayudas. Y en esto son todos exactamente iguales, esa es la regla en que mejor se mueven: el poder o el dinero se reparte proporcionalmente a los votos obtenidos (escaños, alcaldías, lo que sea...). Recuerdénse los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, y otras altas instituciones del Estado, en los que el criterio de reparto es el que subyace (o "florece") en la decisión correspondiente.

No obstante, los recientes Planes anti-crisis como el Fondo estatal de inversión local incluido en el Plan E o el Plan de inversión productiva de apoyo a los Municipios de la Comunidad Valenciana, atribuyen un importe en función de la cifra de población, pero ha de tenerse en cuenta que en estas "convocatorias" no hay concurrencia ni competencia entre los diversos proyectos, hay "dinero para todos" si se cumplen las condiciones establecidas.

NOTA: La imagen procede de la página www.laotrafsp.com/images/ratones.jpg

No siempre se cobran comisiones

2009-08-14T18:37:00.013+02:00

En estos últimos tiempos la corrupción en las instituciones públicas aparece a menudo en las primeras páginas. Parece que los medios de comunicación pretenden sensibilizarnos sobre su trascendencia. O en realidad no, únicamente se trata de destacar los sucios asuntos de los políticos del partido contrario al de la "línea editorial" del medio de que se trate.

En otras entradas de este blog he tratado de este tema (ahora mismo voy a crear una nueva etiqueta que se llame "corrupción" para agruparlos todos), porque realmente me preocupa. Y en ésta me propongo recopilar diversas formas de obtener beneficios, ventajas o privilegios ilegítimos (cuando no delictivos) de la actividad política, distintos a la "legendaria" comisión del 3 por 100.

Así, algunos motivos por las que se contrata con una empresa o profesional, distintos al único procedente, que es la mejor oferta, técnica o económicamente, podrían ser:

Por amistad, el contratado es amigo o conocido.
Por familiaridad, el contratado es familiar (más allá del grado en que existe prohibición, o incluso dentro de éste, a través del más viejo truco: mediante la titularidad del capital de una mercantil).
Por no complicarse la vida, si esta empresa lo viene haciendo y no del todo mal.
Por pereza, para qué complicarse la vida.
Porque más vale malo conocido, no es tan fácil encontrar empresas de confianza.
Para quedar bien, ya conocemos la empresa y sus directivos, que nos hacen regalos y nos invitan a comer (esto ya sería entrar en otras cuestiones, aunque si no lo hacen en consideración a nuestra función...).
Para devolver un favor o incluso, pedir un favor que luego habrá que devolver...
Para presumir de eficacia o celeridad o de buenos contactos
Porque es del partido la empresa o profesional que se contrata
Porque es simpático el empresario, su directivos o el profesional a quien se hace el encargo.
Porque invita a comer o a cenar, que puede incluso ser el motivo principal (a veces invitan a clubs, puticlubs, vamos)
Porque hace "regalitos chulos", más de lo mismo.
Porque da prestigio, es una empresa con renombre en los medios de comunicación (aunque en un círculo más cercano todos conozcan su "reputación").
Porque es "del poble", expresión valenciana para referirse a las empresas hechas y radicadas en el municipio, con trabajadores del mismo. Este motivo puede decirse que es el mismo que alguno de los anteriores como amistad, familiaridad, etc., pero lo he puesto porque alguna vez lo he oido literalmente.
Por costumbre, también con elementos comunes a alguno de los anteriores, como la pereza, el no complicarse la vida o más vale malo conocido.
Por error, motivo autónomo y trágico ya que se elige un contratista pensando que es competente y se yerra totalmente (e incluso involuntariamente).

Estos días, en una búsqueda amplia sobre el tema en google, encontré en una publicación del Instituto Nacional de Administración Pública de México la siguiente fórmula (que se cita como conocida): Corrupción = Decisiones monopólicas + Discrecionalidad - Rendición de Cuentas

Y es la rendición de cuentas, en la que se incluye la transparencia y el acceso a la información, por tanto, la mejor medicina para esta enfermedad.

NOTA: El libro es "Corrupción. Patología colectiva" de GONZÁLEZ LLACA EDMUNDO (2005)

Los españoles se toman su voto en serio

2009-07-21T18:56:00.010+02:00

Ya ha pasado el tiempo de las valoraciones sobre la última convocatoria electoral celebrada, las elecciones europeas de 7 de junio de 2009. En cualquier caso, lo más destacable sería la baja participación (aunque podría haber sido peor, había predicciones que nos acercaban al "Ensayo sobre la lucidez" de José Saramago).

Me propongo en esta entrada confeccionar una lista, al puro estilo Rosa Cobos, de algunos hechos que no afectan al sentido del voto de los españoles (incluidos vascos y catalanes, por el momento), aunque los mismos españoles critican airadamente. Y es que, como decía en una entrada anterior, la hipocresía es una de las grandes "virtudes" nacionales (perdón, estatales, que es como se dice ahora). Y es que, a la hora de votar, se olvidan las "pequeñeces" y se vota de verdad.

Esta es mi lista de lo que se critica y se ensalza, pero que luego no afecta al voto (al menos no afecta en una medida trascendente).

La corrupción en sentido estricto, en sus diversas formas delictivas, principalmente malversación de fondos, prevaricación y cohecho. Ni siquiera en las elecciones municipales parece afectar en gran medida. Los votantes no acaban de creerse las imputaciones, a veces ni aún recayendo sentencias condenatorias.
Los "regalitos", en la medida que no constituyan cohecho (ni siquiera el ya famoso cohecho impropio). Impagable la Sra. Alcaldesa de Valencia en el arranque del cambio de estrategia del Partido Popular: ahora ya no es que no existan los regalos, sino que son normales. Así lo entienden todos, también el PSOE y alguno más atrevido afirma que prohibirlos sería como suprimir los Reyes Magos (el Conseller de Inmigración y Ciudadanía). Probablemente esta nueva línea pueda dar mejores frutos en sede judicial y total, los ciudadanos "votantes" (a estos dos partidos principalmente, que son más del 80 por 100 de los españoles), lo aceptarán perfectamente. Bueno a lo mejor hasta lo quitan del Código Penal.
Obtener ventajas del cargo, en la sanidad, en el transporte, en la educación, en la información de todo orden. Entre "colegas" se hacen favorcillos, faltaría más.
Cometer errores de todo orden: en las previsiones económicas, en los resultados de una estrategia política (como en extranjería o educación), en la planificación operativa en las operaciones de tráfico, en gestión de graves accidentes militares o medioambientales, etc. Al fin y al cabo, todos somos humanos (salvo l@s secretari@s judiciales y l@s enfermer@s..., en que las medidas disciplinarias son ejemplarizantes).
Mentir a los ciudadanos. Esto también se suele perdonar por los votantes, habrá alguna buena causa para mentir, aunque hay una honrosa excepción: los atentados del 11 de marzo de 2004. Al menos yo creo que esa fue la principal razón del inesperado resultado de las elecciones, con ayuda de prensa, con maniobras varias del partido ganador y todo lo que se quiera.
La gestión del gobierno de turno. A nivel municipal se suele decir que las obras que dan rentabilidad son las que se ven (parques, centros culturales o sociales) pero que los alcantarillados, redes de aguas pluviales o agua potable, no dan rendimiento. Pero si llevar adelante todas esas obras ha exigido un insoportable endeudamiento o prescindir de otras inversiones objetivamente más necesarias, eso no importa. A nivel estatal no puedo evitar mencionar la multimillonaria inversión en las líneas AVE, que parece que todos apoyan pero que personalmente me parece cualquier cosa menos prioritaria.
El talante de los dirigentes políticos. Utilizo esta expresión a sabiendas de su desgaste y de su vinculación al Presidente del Gobierno, aunque el PSOE, tampoco es un ejemplo de ello (tampoco el PP, desde luego). En realidad me refiero a la ampliación de las posibilidades de participación ciudadana, más negociación, más transparencia. Lo que me da la sensación que se suele hacer es calibrar la rentabilidad política de las decisiones y para ello es necesario contrastar la opinión de determinados grupos, los que tienen voz.

Supongo que al final que la mayoría de los ciudadanos que acuden a las urnas tienen el voto decidido y muy pocas cosas lo cambian (igual que del Madrid o del Barça, aunque pierdan). Y esto los políticos parecen saberlo, da la sensación que cuando hablan sólo se dirigen "a los suyos".

Ni que decir tiene que personalmente me gustaría que estos hechos afectaran al voto de los ciudadanos. Pero me temo que aquellos a los que les afectan estos hechos y podrían hacer variar los resultados piensan que "todos los políticos son iguales" y al final ni siquiera acuden a votar.

De aquí que lo más importante en una campaña electoral (creo que ahora coincido con los analistas) es movilizar el voto, incrementar la participación, que los que no suelen votar lo hagan, pero claro..., echándose "mierda" encima constantemente y no siendo capaces los principales partidos políticos de llegar a acuerdos en cuestiones trascendentales (educación, sanidad, política penitenciaria y penal, o medidas contra la crisis económica), qué podemos esperar. Tal vez no quieran que se movilicen los ciudadanos desencantados, tal vez porque no les van a votar a ellos.

Todo esto no está respaldado por ningún estudio profundo, de esos por los que alguna reputada consultora podría cobrar 'tropecientos' euros (o mejor un importe que no supere el límite del contrato menor, y ya vendrán nuevos encarguitos).

Ah, se me olvidaba. El dibujito de arriba es el escudo nacional de Chile, con una inspiradora leyenda que dice "por la razón o la fuerza", expresión que a veces se simboliza gráficamente con la balanza y la espada y que, contrariamente a lo que parece, no defiende el uso de la fuerza.

Guía de recursos para la implantación de la Ley 11/2007

2009-06-26T20:23:00.011+02:00

Recopilo en esta entrada algunos de los materiales que ido localizando sobre esta materia. En primer lugar los elaborados específicamente en relación a las entidades locales:

Y por el enfoque y su procedencia, dos documentos del Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas (CENATIC):

Agradezco a las personas o entidades que me llevaron hasta estos documentos, mediante enlaces o referencias pero, lamentablemente, no guardé esa información. Pido disculpas si alguno de los enlaces no funcionan despúes de esta fecha.

Destaco que, como se verá al acceder a la Guía de la FEMP, ha sido publicada por el Departamento de Formación de la Diputación Provincial de Alicante, al que hay que reconocer su labor, también en esta materia.

Añado (un día después a la fecha de esta entrada) por su interés, un documento disponible desde la web de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), un "resumen" de 45 páginas de un documento sobre la administración electrónica en las Universidades.

Los enchufes y "lo corriente"

2009-05-28T20:40:00.018+02:00

El trabajo de la hija de Chaves, los viajes en avión militar de Zapatero, el supercontrato en Telefónica de Zaplana, el puesto de senadora de Leire Pajín..., todos casos muy "celebrados" por los medios de comunicación y los partidos políticos oponentes.

Yo siempre he pensado que a los afectados les parece normal, son los privilegios propios de su posición, aunque lógicamente nunca lo reconocerán en público, no es políticamente correcto. Y también me da la sensación a veces que esos "cabreos" entre ellos cuando se critican todas estas cosillas es por que duele más que los que son de su misma condición no entiendan que estas cosas son así, "entre bomberos no se pisa la manguera".

Pero ahora miremos lo que es normal en nuestro contexto, el de los que no tenemos un alto cargo. Y es que para que te atiendan en la sanidad pública mejor o más rápido, se llama a un amigo que trabaja en tal hospital, si lo tienen; o para que te gestionen un alta o una modificación en iberdrola, telefónica o aguas municipales, le pides a otro amigo que te eche una mano para evitar colas o reducir papeleo; para presentar alguna escritura pública en un registro o liquidar un impuesto, le pides a un vecino que trabaja en Hacienda que te haga el favor. Y así, una lista interminable. Qué importante es tener muchos amigos, y si tienen un trabajo que te pueda ayudar, mejor. Pero, ¡qué hipócritas e interesados somos! Tal vez sea cierto que el favor o la ventaja obtenida depende de nuestra posición social o profesional y lo que obtienen los altos cargos es comparable a alguno de los ejemplos a nuestro nivel.

Y esto por no hablar de los regalos en navidad, las invitaciones a comidas por empresas, etc. Una vez oí decir algo así: "los jamones no suponen cohecho". Siguiendo ese planteamiento, llamar a un amigo de un organismo público para que te proporcione información a la que no tienen derecho los ciudadanos o te tramite con más celeridad una petición tuya, no supone ílicito sancionable ni administrativa ni penalmente. O que un pariente funcionario de sanidad te proporcione una cita en fecha muy próxima saltándose la lista de espera, tampoco lo es.

El que no tenido nunca alguno de estos deslices, es digno de mi admiración, sinceramente. Es lo que debe ser, de verdad. Pero para la mayoría (aclaro que no me incluyo en este grupo) el que no utilice estos "enchufes" será considerado un bicho raro, cuando no (perdón) un "gilipollas".

Y por lo expuesto, entiendo (esto parece un informe) que la airada crítica a los supuestos casos escandalosos citados al inicio, no es más que un ejercicio flagrante de hipocresía española. La mayoría lo que piensa, aunque no lo reconozca, es que en su caso haría lo mismo. Así nos luce.

La Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (VII): Los plazos y el registro electrónico

2009-05-22T20:56:00.017+02:00

En una entrada anterior traté qué escritos y solicitudes se pueden presentar en un registro electrónico. En ésta pretendo abordar cómo se computan los plazos en la presentación de escritos y solicitudes a través del mismo.

Necesariamente hemos de distinguir cómo se efectúa el cómputo para el ciudadano (normalmente, cuando termina un plazo) y para la Administración (cuando se inicia un plazo, para resolver o de caducidad, por ejemplo).

Para el ciudadano, cuando la presentación se efectúa en un día inhábil en el municipio donde tenga su sede el órgano administrativo a que va dirigido el escrito, se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente. Y aquí se presenta la primera curiosidad, ya que la Ley de Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992) establece en su artículo 48.5 de la Ley 30/1992 que son inhábiles los días que lo sean en el municipio de residencia del interesado y en la sede del órgano administrativo. Como este precepto no es aplicable en el procedimiento electrónico, según dispone la propia LAE, un mismo día puede ser hábil para el registro electrónico e inhábil para el registro convencional en papel (por ejemplo un día festivo en el municipio de residencia del interesado) y, por tanto, un plazo puede finalizar en un día distinto según se plantee la realización del trámite a través de un registro electrónico o de uno convencional. Eso sí, en estos casos el plazo más ventajoso lo tendría el registro convencional, ya que la Ley 30/1992 contempla, como hemos visto, más posibles días inhábiles.

Para la Administración el inicio del cómputo es distinto según se trate de procedimientos que se gestionan electrónicamente (al menos existe una solicitud normalizada adaptada para el procesamiento automático de sus datos) y los demás procedimientos.
En el primer caso comenzará en el día y hora de presentación en el registro electrónico, sea hábil o inhábil. En el segundo caso, desde la recepción del escrito o solicitud en el registro del órgano destinatario.

Para las solicitudes o escritos normalizados (el primer caso) algún autor ha entendido que el cómputo no empieza el día y hora efectivos de presentación sino aquél en que se entiende presentado, el primer hábil siguiente, es decir, igual que para el ciudadano, pero esto no es lo que dice literalmente la Ley. Para el resto (el segundo caso, solicitudes y escritos no normalizados) el cómputo de plazos es el mismo que en un registro convencional, el mismo criterio que establece la Ley 30/1992.

Para facilitar mayor información a los ciudadanos, en los trámites normalizados (primer caso) se podría proporcionar al interesado, además de la información exigida por la LAE (recibo consistente en una copia autenticada del escrito o solicitud, incluyendo fecha, hora de presentación y número de registro de entrada), la comunicación prevista en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992: fecha de inicio del cómputo (cuya determinación se efectuará conforme a lo referido antes), plazo máximo para resolver y efectos del silencio administrativo; esta comunicación, aún siendo todavía poco frecuente en nuestras Administraciones, es obligatoria. Pero sólo podría integrarse esta comunicación en el aplicativo del registro cuando la se trate de formularios electrónicos para un procedimiento específico con sus concretos plazos de resolución y los efectos previstos del silencio administrativo.

Antonio Vega....

2009-05-14T20:12:00.009+02:00

Tristeza por tu muerte, muchas veces antes anunciada.
Orgullo por las numerosas muestras de admiración y reconocimiento.

Valga este video para oir su música.

Y este otro, de una canción menos reconocida que la anterior.

La Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (VI): Lo mínimo para cumplir la Ley

2009-04-30T20:56:00.018+02:00

La más conocida como Ley de administración electrónica tiene como objeto principal, tal como proclama su denominación, garantizar el derecho de los ciudadanos a relacionarse con todas las Administraciones Públicas por medios electrónicos.

Pero siendo este objeto realmente trascendente, fundamentalmente por lo que supone de eliminación de las barreras físicas y temporales entre la Administración y el ciudadano (no hay que desplazarse a una oficina para realizar un trámite o consulta y puede hacerse cualquier día del año durante las 24 horas del día) es imposible separar la implantación de esta importante norma de una verdadera modernización administrativa, algo que constituye un objeto secundario de la Ley, contenido especialmente en su parte programática: mejora del funcionamiento interno de las Administraciones Públicas (mejora continuada en la consecución del interés general, dice), proximidad con el ciudadano y transparencia administrativa, mayor participación ciudadana e incremento de eficacia y eficiencia con el uso de las T.I.C. y con la simplificación de los procedimientos administrativos.

Pero todos estos fines, en el contexto electrónico, requieren una adaptación de los procedimientos y es este aspecto el que dedica la Ley su título tercero "De la gestión electrónica de los procedimientos", que tiene únicamente siete artículos, del 33 al 39.

Pero no es la escueta regulación de esta materia lo que quería destacar, podría ser suficiente aun siendo breve. Lo verdaderamente relevante es que la gestión electrónica de los procedimientos no es obligatoria, se prevé un nivel de cumplimiento de la norma distinto para los procedimientos gestionados electrónicamente y para los demás.
Así, en los procedimientos que no se gestionen electrónicamente el derecho de acceso electrónico a la información se reduce únicamente a disponer de "servicios electrónicos de información del estado de la tramitación que comprendan, al menos, la fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad responsable" (artículo 37.2 de la Ley)

Así pues, el cumplimiento de "mínimos" de la Ley podría limitarse (que no es poco) a lo siguiente:

Adaptación de la municipal al régimen jurídico establecido para la sede electrónica (ver entrada anterior): además de la formalización de su creación mediante disposición general, deberá darse cumplimiento al régimen jurídico previsto para la misma en la Ley: identificación de su titular, seguridad de las comunicaciones, calendario y horario oficial y control del contenido de la información publicada, que vincula a la Administración titular de la sede.
Creación del registro electrónico y su regulación en la correspondiente Ordenanza municipal, cuidando especialmente la actualización de la relación de trámites que pueden realizarse electrónicamente. Y ello aun cuando este registro se limite a recibir las solicitudes o escritos que correspondan, que en mi opinión deben ser todos en el caso de los Ayuntamientos. Claro que si los procedimientos no se gestionan electrónicamente, acabaría reproduciéndose el escrito o solicitud en papel.
Sistema de acceso electrónico a la información sobre el estado de los expedientes. Se distinguirá entre los procedimientos gestionados electrónicamente y los que no lo están, en los que la información a suministrar se limita por la Ley, como se ha dicho, a la fase en que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad responsable.

En esta escueta lista se obvian numerosas cuestiones de carácter transversal que, en mi opinión, requiere la implantación de la Ley (como el establecimiento de los sistemas de identificación de la entidad y sus empleados o la adaptación de la organización). Pero en lo que se refiere al acceso electrónico a la información quiero destacar que, lógicamente, es un sistema limitado a los interesados en cada procedimiento, debidamente identificados.

Por tanto, queda fuera del cumplimiento de la Ley y que debía ser tarea de todas las administraciones públicas la realización de un "inventario de sus procedimientos" para estudio y mejora de su diseño, simplificación y, por último, su adaptación a la gestión electrónica.

Siendo esto así, no sé si esta Ley merecía realmente la denominación de administración electrónica (título que perdió durante su tramitación) si es que debía responder al concepto que de ésta da la Comisión Europea: "el uso de las TIC en las AAPP, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas”.

La Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (V) : Plan de actuación municipal para la implantación de la Ley 11/2007

2009-04-02T18:52:00.015+02:00

Vuelvo a lo que fue el objeto de este blog para sugerir humildemente algunas pautas para implantar la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (LAE) en los Ayuntamientos, en el ya escaso plazo que queda para dar cumplimiento a esta norma: hasta el 31 de diciembre de 2009. Pero eso sí, siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, de lo que ya traté brevemente en una entrada anterior.

Pues bien, para una ordenada implantación de la LAE en una entidad local, a pesar de no ser exigible por la Ley, se estima imprescindible una adecuada planificación.
Puede ser de gran utilidad la Guía de adaptación de las entidades locales a la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (Junta de Castilla y León - Red de Municipios digitales de Castilla y León) que prevé las siguientes áreas de actuación:

Adaptación de procedimientos administrativos a la tramitación electrónica.
Adaptación de los Canales de comunicación.
Adaptación de la Tecnología de Front-Office.
Adaptación de la Tecnología de Back-Office
Adaptación organizativa a las necesidades de actuación por medios electrónicos
Adaptación normativa: regulación de la sede electrónica, registro electrónico, actuación automatizada, etc.

En cualquier caso, desde mi punto de vista, la relación de actuaciones a contemplar en el Plan de actuación, que además habría de contener un análisis de la situación de partida, se podrían agrupar en las siguientes líneas:

1ª . Determinación de las necesidades tecnológicas o informáticas.
a. Elección o diseño de aplicaciones para gestión electrónica de procedimientos o expedientes
b. Elección o diseño de las aplicaciones para el ejercicio de los derechos de acceso electrónico establecidos en la LAE (al menos a través de Internet): sistemas de identificación, registro electrónico, archivo electrónico, integración en redes etc. En su caso, también adaptación de los equipos informáticos.
c. Integración en plataformas o redes para validación de firma electrónica y obtención de información o documentación electrónica en poder de otras Administraciones Públicas

2ª . Análisis de procedimientos municipales.
a. Relación o inventario
b. Rediseño para mejorar su funcionalidad y adaptarlos a las aplicaciones informáticas.

3ª. Definición del régimen jurídico de la Administración electrónica municipal
a. Ordenanza municipal reguladora
b. Adaptación de la organización municipal (política y administrativa).

4ª. Formación del personal.

Las líneas de actuación referidas se pueden iniciar simultáneamente, si bien el avance de unas irá supeditado al de las otras, salvo la formación del personal que tiene carácter transversal.

También es conveniente tomar ciertas decisiones organizativas previas que deben incluir al menos la creación de un departamento municipal o delegación política para el impulso del plan, aunque en ayuntamientos pequeños o medianos no se puede pedir más que lo segundo y vincular a un departamento o empleado municipal la dirección del proyecto.

En cuanto a la ejecución del Plan, es conveniente la creación de uno o más grupos de trabajo para cada línea de actuación y una coordinación general, pudiendo servir un grupo de coordinación con representación de cada una de las líneas. Los grupos de trabajo tendrían una composición fija, participando otros empleados o empresas externas en determinados momentos.

Además debe establecerse el calendario o programación temporal, que se detallará para cada línea de actuación por los grupos correspondientes.

No puede faltar tampoco una previsión presupuestaria aun por aproximación ya que el coste definitivo de implantación del plan puede sufrir importantes modificaciones con las propuestas de los grupos de trabajo, pero al menos es conveniente disponer de crédito suficiente para adquisición de las aplicaciones informáticas, su desarrollo y la formación del personal técnico, equipos (servidores fundamentalmente) y gastos para contratación de servicios, gastos que entiendo sí se pueden estimar.

Siendo la elección de los aplicativos una cuestión fundamental, no me resisto a apuntar que debe contarse con el software de fuentes abiertas, no descartarse de inicio, pudiendo obtenerse información al respecto del Observatorio Nacional del Software de Fuentes Abiertas (CENATIC), Fundación privada en la que participan numerosos organismos públicos y su estudio de 2008 "Software de Fuentes Abiertas para el Desarrollo de la Administración Pública Española. Una visión global" ( http://observatorio.cenatic.es)

Por último, sigo pensando que es un buen momento para afrontar esta tarea e intentaré justificarlo en otro momento. Y si no se puede, porque "no quieren" o "no les interesa" o "no saben/no contestan" los que tienen que tomar las decisiones correspondientes, pues allá ellos. Esto ya nos ha ocurrido a todos otras veces, y como recuerdo decía, a su estilo, Joan Elías en su conferencia sobre clientes-ciudadanos "para la motivación, agua y jabón", la motivación la tenemos que traer de casa. Aunque momentos bajos los tenemos todos y para esto usamos los blogs, por ejemplo.

Y es que este "bonito plan", que a grandes rasgos describo en esta entrada, no se ha llegado a tramitar.

Dejo también para otro comentario próximo una tesis (no doctoral sino "alumnal") sobre el cumplimiento de la Ley 11/2007 en su versión de "mínimos".

Sobre la necesidad de formación de nuestros Concejales.

2009-04-01T16:57:00.022+02:00

Hoy, antes de comer, aunque ya eran casi las cuatro de la tarde, escuchaba en la radio unas declaraciones de Joan Laporta (sí, ese, el presidente del Fútbol Club Barcelona) en las que decía, refiriéndose a los candidatos para presidir el Real Madrid, que el Presidente de un Club es necesario que sepa de fútbol pero que no se crea que realmente sabe, que los que saben de verdad son sus técnicos, pues en caso contrario, corría el riesgo de quedar en rídiculo ante ellos.

El cargo de presidente de un club de fútbol ( en los que quedan que todavía no son sociedades anónimas) se parece en muchas cosas al cargo de alcalde y me recordó que esta afirmación podría trasladarse a los Ayuntamientos (¿estaré enfermo que hasta el fútbol me recuerda a los Ayuntamientos). No le quita mérito a estas declaraciones el hecho que en Cataluña, en muchas de sus entidades locales, ya se ha hecho en mayor medida que en el resto de España la necesaria diferenciación entre el político y el profesional, introduciendo en la línea intermedia la figura de los directivos profesionales que, a su vez, pretenden deslindar sus funciones de las de los políticos (que lejos estamos los demás).

Pero realmente, cuando decimos que los Concejales de nuestros Ayuntamientos precisan formación para el ejercicio de sus funciones, ¿a qué clase formación nos referimos, la que les prepararía como políticos o como profesionales de la administración local?

Así planteada la pregunta, parece evidente que la gran mayoría de las respuestas se decantarían mayoritariamente por la primera opción, pero no debemos olvidar que son los políticos los que toman (o asumen) as decisiones y en muchos casos, especialmente en ayuntamientos pequeños, sin el asesoramiento necesario (estoy pensando en aquéllos que tienen potestad para resolver, los Concejales Delegados de Área o Servicio). En esta línea la mayoría de acciones formativas específicas para Concejales y Alcaldes que se vienen convocando en los últimos años se dirigen a impartir conocimientos básicos sobre organización y funcionamiento municipal, haciendas locales, urbanismo, etc., pero supongo que no deben llegar más allá de que los Concejales o Alcaldes sin experiencia no se sientan perdidos en su Ayuntamiento con asuntos que resolver sobre los que no saben prácticamente nada.

En realidad quería incidir ahora no tanto en la necesidad de tener esos conocimientos que, por supuesto, son necesarios (le doy la razón a Laporta..., es que soy del Barça) sino de lo que deben saber como políticos, percibir las demandas de sus ciudadanos, valorarlas y jerarquizarlas. Y esto es ahora más necesario que nunca que se gobierna con las urgencias, dejándose llevar por la opinión pública (o publicada, como decía el ex-presidente Felipe González), que se toman decisiones por presión popular, especialmente en materias penales (comentarios valientes sobre esta cuestión he leido en el blog Dura Lex) por populismo, por las presiones de grupos más o menos organizados o por la "alarma social" de ese día o de ese mes.

Estos conocimientos que entiendo deberían disponer prioritariamente los políticos se contienen en una asignatura denominada "Análisis de Políticas Públicas" que puede encontrarse en estudios universitarios de Ciencias Políticas y se suelen incluir en algunos programas de oposiciones a plazas de funcionarios públicos.

Políticas públicas se pueden definir, siguiendo a Tamayo Sáez (no confundir a este profesor universitario con los diputados de la Asamblea de Madrid Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez) como el "conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios." Y el proceso o ciclo de construcción de las políticas públicas comprende las siguientes fases:
1. Identificación y definición del problema.
2. Formulación de las alternativas de solución.
3. Adopción de una alternativa.
4. Implantación de la alternativa seleccionada.
5. Evaluación de los resultados obtenidos.

De sentido común, ¿verdad?. La referencia en esta materia es Joan Subirats, con varias publicaciones al respecto (alguna publicada por el INAP).

Recuerdo también un pequeño libro, "Manual para el liderazgo local" de Antoni Biarnés, muy recomendable desde los dos puntos de vista, conocimientos básicos sobre asuntos municipales y algunas ideas para dirigir un ayuntamiento.

Los delegados sindicales: algunas leyendas "urbanas"

2009-03-29T20:26:00.002+02:00

Hablamos tanto de delegados sindicales stricto sensu o como de delegados de personal o miembros de Juntas de Personal o Comités de empresa, que en lo que a este comentario respecta no se diferencian en nada. Y claro, como no podía ser de otra forma, con presencia en ayuntamientos españoles.

Son algunas de las cosas que se dicen de ellos, ni son totalmente verdad, ni totalmente mentira. No se dan en todos los casos pero tampoco se puede decir que no se den nunca. Se trata, de alguna manera de leyendas urbanas municipales:

1) Los delegados sindicales no defienden los verdaderos intereses de sus representados en sentido amplio, se quedan en la defensa de sus necesidades fisiológicas (recordar pirámide de Maslow): sueldo, vacaciones, descansos, permisos, ayudas sociales o similares. Incluso defienden los intereses de aquéllos que no merecerían defensa (por amiguismo o falso compañerismo).
2) Los delegados sindicales lo son para defender intereses personales o de su círculo de amigos, familiares, afiliados. O también simplemente para trabajar menos.
3) Los delegados sindicales son capaces de venderse por un plato de lentejas (dícese de los incrementos retributivos vinculados al mismo o un nuevo puesto de trabajo singularizado de reciente nombramiento).
4) Los delegados sindicales "líderes" reciben todo o parte del crédito sindical de otros delegados que no son como ellos: los ceden porque su cargo lo deben al "líder" y no suelen obtener gran cosa a cambio (aunque se mantienen en el círculo que mencionaba en el punto 2).
5) Los delegados sindicales utilizan el crédito de horas que les otorga la ley principalmente a asuntos personales, incluso las horas cedidas que acabo de mencionar: el caso es no trabajar.
6) Algo "positivo": No tienen la culpa del mal funcionamiento de los males de nuestra empresa-ayuntamiento, los culpables son los dirigentes que caen en las trampas que les tienden los delegados sindicales, que aceptan acuerdos que no benefician realmente al colectivo, únicamente contentan a los representantes sindicales, a cambio de una paz social que, no dura mucho, ni siquiera los cuatro años de horizonte de la mayoría de los políticos.

Si algún día los empleados públicos que se mantienen en su sitio aunque cambie el partido que gobierna, que siguen trabajando con la misma profesionalidad, que entienden lo que es la verdadera lealtad hablaran..., como en "Ensayo sobre la lucidez" de José Saramago.

Las incompatibilidades: Las normas se pueden "interpretar"

2009-03-29T12:11:00.009+02:00

Ante la controversia surgida sobre el ejercicio de otras actividades por sus señorías al margen de su condición de Diputados (así en El País de hoy 29 de marzo de 2009) me planteo las diversas opciones de interpretación de las normas sobre incompatibilidades en un Ayuntamiento, pues así lo hacen los padres de la patria.

El artículo 157 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece, en esencia, que el mandato de los Diputados y Senadores se ejercerá en régimen de dedicación absoluta, que es incompatible con el desempeño "de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma", admitiendo a los parlamentarios que reúnan la condición de profesores universitarios que podrán colaborar, en el seno de la propia universidad, en actividades de docencia o investigación de carácter extraordinario, que no afecten a la dirección y control de los servicios, pudiendo sólo percibir por tales actividades las indemnizaciones reglamentarias establecidas.
Los matices contenidos en el artículo 159 de la misma Ley respecto a actividades privadas, no excluyen que la incompatibilidad sea la regla general, aun cuando en este precepto, apartado 3 se diga que de la prohibición anterior se exceptúan las actividades privadas que autorice a la Cámara.

Este precepto entiendo que difícilmente admite una interpretación que permita el ejercicio de diversas actividades profesionales o de administración desarrolladas por numerosos Diputados aunque supongo que las autorizaciones que se confieren traen causa de Resoluciones, Acuerdos o Normas menores anteriores, que se han aplicado en diversas ocasiones. Tal vez sea esta la causa y no el oscurantismo, la falta de transparencia sobre las actividades desarolladas u otras similares las que hacen que los informes emitidos no se conozcan por todos los Diputados, incluso cuando tengan que votar sobre ello.

No sé si el revuelo de los últimos días tiene que ver con la crisis económica (parece que todas las retribuciones de cargos y funcionarios públicos están en cuestión) o se trata de una reflexión sincera sobre algo que me parece, cuanto menos, poco edificante.

Pues bien, sin descender al detalle, en cuanto al ejercicio de actividades privadas por los funcionarios no existe una prohibición absoluta como la establecida para los Diputados (para un segundo puesto con cargo a los presupuestos públicos, la prohibición sí es general), únicamente se establece que no puede menoscabar o interferir en sus funciones (algo que ya se establecía en las normas sobre función pública preconstitucionales) y que no podrá autorizarse cuando las retribuciones del puesto público principal superen un determinado umbral que, por mi experiencia, superan casi todos los funcionarios públicos locales.

Aunque el Estatuto básico del empleado público establece una regulación más sensata, vinculando la imposibilidad de compatibilizar actividades privadas a supuestos en que se ejerza el puesto con dedicación exclusiva (que honestamente creo que siempre ha sido el propósito de la Ley de incompatibilidades, antes de la introducción de la regla del 30 por 100), la práctica actual, hasta la efectiva aplicación de la regulación referida (Disposición Final Tercera de la Ley 7/2007 y Disposición Final Cuarta que pospone su aplicación), se podría clasificar en los siguientes grupos:

1º) Las administraciones que siguiendo el criterio del Congreso, entienden (supongo yo) que como la Ley de incompatibilidades es excesivamente rigurosa, la interpretan de un modo favorable a la autorización de la compatibilidad y conceden las que se solicitan para el ejercicio de actividades privadas, siempre y cuando no exista conflicto de intereses con el puesto de trabajo que desempeñan. No le "arriendo las ganancias" al jurídico que informe en estos términos (aunque seguro que los hay que informan así y no pasa nada).

2º) Consentir el ejercicio de estas actividades privadas, sin autorizar la compatibilidad expresamente como exige la Ley, incluso aun ejerciéndose notoriamente, con despachos abiertos al público, cotizando a la Seguridad Social, emitiendo facturas, etc.

3º) Consentir o no darse por enterados del ejercicio de estas actividades, siempre y cuando se ejerzan sin ostentación, a través de terceros, etc. Esta es la opción más habitual y por ello tiene incluso algunas manifestaciones peculiares o diversas.

En algunos casos se presenta solicitud de autorización de compatibilidad por el interesado y no se contesta, lo que hace al interesado titular de una situación favorable, la posible concesión por silencio administrativo (contra legem, obviamente).
En otros casos no se presenta esta solicitud, porque probablemente se denegaría y la situación se convertiría en la contraria a la anterior.
Los que se encuentran en esta situación se ven "obligados" a cobrar en negro, no cotizar, y demás prácticas vinculadas al ejercicio clandestino de una profesión.

Cuanto mayor sea la notoriedad o el consentimiento de la Administración sobre el ejercicio de las actividades incompatibles no autorizadas, menor será el riesgo disciplinario para el interesado, menores serán las posibilidades de que triunfe un expediente por la comisión de una falta disciplinaria por incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.

Parece que en este pais mantenemos determinadas normas por hipocresía y preferimos eludir su aplicación antes de modificarlas, como si "el pecado fuera menor". Uy..., esto me recuerda la modificación de la ley del aborto pero, esto es otro tema.

Corrupción en los Ayuntamientos

2009-03-24T20:19:00.011+01:00

Verdaderamente preocupante parece el incremento de los casos de corrupción en los Ayuntamientos, o al menos, el número de los que trascienden a los medios de comunicación.

Pienso que el asunto "estrella" fue el Ayuntamiento de Marbella, ejemplo paradigmático no sólo de corrupción, sino de estructura creada específicamente para eludir todos los controles, especialmente la fiscalización previa por la Intervención, mediante la creación de varias sociedades municipales que mediante encomienda de gestión u otras fórmulas (esto lo desconozco) asumían las competencias municipales en las áreas de gobierno correspondiente.

Pero ¿realmente han aumentado últimamente los casos de corrupción en los Ayuntamientos? o ¿la persecución policial y judicial (o su eficacia) es mayor?
La respuesta a la primera pregunta es que no, su aumento estoy seguro que no ha sido significativo. En cuanto a la segunda pregunta, quiero pensar que hay más o mejores medios para perseguir la corrupción.

De todos modos la tolerancia de la corrupción por parte de los ciudadanos es mucho mayor de lo que podemos pensar y voy a señalar algunos datos que me permiten afirmarlo:

Los resultados electorales en los Ayuntamientos no suelen variar en gran medida, siempre y cuando el político corrupto haya reforzado suficientemente su red clientelar, tenga un número amplio de electores agradecidos. Si aumentará el índice de abstención (aunque esta tendencia existe, aun sin aflorar casos de corrupción). No hay más que ver el número de vecinos que jalean y apoyan a los políticos cuando los detienen (al menos al principio).
Las pequeñas corruptelas están muy enraizadas en la cultura administrativa y por ejemplo un buen número de profesionales o empresarios de diversos sectores económicos o empresariales son conocedores cuando no partícipes o autores de los delitos relacionados con la corrupción (cohecho, tráfico de influencia, etc.) y no lo destapan porque se encuentran inmersos en el sistema, "esto funciona así...". El empleado municipal puede sospecharlo, intuirlo, incluso conocerlo con certeza, pero lo normal es que no tenga pruebas de la existencia de dichos delitos (en otro caso, hay que ir a la fiscalía, por supuesto), eso salvo los cómplices o autores de los mismos, que haberlos hay tantos como políticos. No debemos caer en el error que los políticos son una rara avis, son reflejo de nuestra sociedad. Y también el ciudadano suele pedir al político con mucha frecuencia que haga "trampillas" para solucionarle un pequeño problema (una multa de tráfico, la admisión en un curso o centro, una ayuda de emergencia,...) y no suelen entender que el político les diga que no puede hacer nada, que es contrario a las normas.
Los partidos políticos no actúan decididamente en contra de los casos de corrupción de sus cargos públicos tal vez pensando en lo que pueda afectar a sus resultados electorales, tal vez por complicidad (amistad) personal o corporativismo, o incluso por otros motivos... (¿financiación ilegal? ¿participación en beneficios?)

Creo que la situación se va a complicar más en los próximos años y las normas y las prácticas en materia contratación, selección de personal (tal vez debería decir provisión de puestos), haciendas locales.., no parece que vayan a solucionar las cosas: contratos menores o procedimientos negociados de importes muy elevados, incremento de puestos de libre designación, creación de organismos privados para gestión de asuntos públicos (sociedades mercantiles o fundaciones), etc.

Sólo la profundización en la democracia, un avance en la real participación de los ciudadanos en los asuntos públicos puede suponer un freno a la corrupción pero claro, a quién le interesa estas cosas: la gobernanza, la transparencia... Y esto sin dejar de lado que algunos procesos de participación ciudadana son bastante frustrantes: particulares o entidades ciudadanas que únicamente pretenden resolver sus problemas particulares o sus necesidades más cercanas pero bueno, por algo se empieza. Hay que educar en la participación, el ciudadano debe saber que si participa puede conseguir algo positivo.

Tampoco les interesa demasiado a la mayoría de los empleados públicos que en los mejores casos piensan para qué o por qué van a empujar del carro en una dirección opuesta a la que sus dirigentes pretenden y que los ciudadanos ni siquiera piden: Bueno, y ¿a nosotros quien nos motiva? Aunque este ya es otro tema.

Proyecto Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 11/2007 de acceso electrónico (primeras notas)

2009-03-09T20:53:00.010+01:00

Enterado por el blog de Julián Valero de la publicación del proyecto de Real Decreto de desarrollo parcial de la Ley 11/2007 (LAE), me propongo hacer algunos comentarios respecto a su contenido.

Dejando para el final de esta entrada la "grandilocuente" exposición de motivos, en primer lugar, interesa tener en cuenta que el ámbito de aplicación se limita, lógicamente, a la Adminstración del Estado lo que no excluye que pueda (o incluso deba) servir de referencia para las disposiciones o actos que puedan dictar las entidades locales, en particular, la Ordenanza municipal reguladora de registro electrónico.

Respecto al contenido de esta Ordenanza, ampliando lo dicho en anterior entrada, en aplicación del artículo 24.3 de la LAE, el Ayuntamiento debería disponer de un registro electrónico común que habría de recibir todo tipo de solicitudes dirigidos a la entidad local y a sus organismos dependientes.

Prevé también el proyecto de reglamento la posibilidad de prever interrupciones planificadas al funcionamiento continuado del registro electrónico (excepción, por tanto, al principio de disponibilidad que exige la LAE para la sede electrónica), exigiéndose que su duración sea por el tiempo imprescindible, que concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo y que se anuncie con la antelación que resulte posible. No se prevé una prórroga de plazos de presentación en estos casos, si en las interrupciones no planificadas.

Bueno, esto puede suponer un cierto alivio para los encargados del mantenimiento de las webs municipales, que podrán suspender su funcionamiento durante el tiempo necesario para las copias de seguridad y otras tareas de mantenimiento periódico que serán, a buen seguro, planificadas y reúnen las demás condiciones recogidas en este proyecto de reglamento.

También nos aclara el proyecto que no tendrán la consideración de registro electrónico ni los buzones de correo electrónico de los empleados públicos ni los dispositivos de recepción de fax, por si alguno tenía duda y pensaba que lo iba a tener así de fácil.

Para terminar esta entrada, una joyita de la exposición de motivos. Dice su tercer párrafo: "Esta ambiciosa estrategia se ha asumido con una gran decisión".

Se refiere al enfoque de la LAE centrado en los derechos de los ciudadanos (es la estrategia, vale..., aceptamos que es ambiciosa), y la gran decisión es como se califica la fecha del 31 de diciembre de 2009 para la plena eficacia de los derechos reconocidos. Bueno, ya que simplemente se asume el plazo establecido en el Plan de acción de administración electrónica i2010 de la Unión Europea, hubiera sido mejor decir que se asumía con valentía y pasión, ¡torero!, que es más español.

La Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (IV) Sistemas de identificación de la Administración

2009-03-05T18:33:00.007+01:00

Para la efectividad del derecho al acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos se requiere la identificación de las dos partes, la Administración y el ciudadano, por regla general.
La identificación de la Administración, siempre habrá de darse al exigirse en la Ley 11/2007 (LAE) el cumplimiento de dicho requisito a la sede electrónica.

La identificación del ciudadano que accede a la sede podrá no ser necesaria para acceder a información no protegida. O incluso se podrá exigir únicamente disponer de cierta información que sólo debía disponer el titular para acceder a la misma (como las referencias catastrales en la Oficina virtual del Catastro, o determinados datos de la declaración del IRPF en la web de la Agencia Tributaria). Tampoco puede estar limitado mediante identificación electrónica el acceso a la comprobación de la autenticidad de la copia en papel de un documento electrónico (el "código de verificación" que figurará impreso).

Pero lo que diferencia a la firma electrónica avanzada de los demás sistemas de identificación en el canal electrónico es que además acredita la voluntad del titular de la misma, siendo su principal manifestación la integridad de un documento que lleva incorporada la firma avanzada, que acredita que dicho documento no se ha alterado. Cuando la firma avanzada se basa en un certificado reconocido emitido por un prestador de servicios de certificación, se la denomina firma electrónica reconocida.

Tras esta introducción que me parecía necesaria, me propongo hacer algunos comentarios sobre la utilización de la firma electrónica como sistema de identificación de la Administración.

Dejando a salvo los certificados no personales, vinculados a la sede electrónica (certificados de dispositivo seguro o certificado de servidor seguro, que garantizan la privacidad de los datos que se transmiten o el certificado de sede electrónica que todavía no está muy extendido) o el sello electrónico para la "actuación automatizada", las actuaciones de la Administración se efectúan, sean o no electrónicas, a través de su personal, bien sean empleados públicos, cargos públicos (Concejales Delegados, Alcalde) o fedatarios de los actos realizados por los órganos colegiados municipales (Secretario), que suscribirán, en ejercicio de sus funciones, los documentos correspondientes.

Y a eso se refiere la Ley de acceso electrónico cuando dice que la Administración actúa mediante la firma electrónica de su personal, para identificar y autenticar el ejercicio de sus competencias.

La firma electrónica del personal que puede utilizarse, siempre que se autorice (por el Ayuntamiento) sería la incorporada al certificado electrónico personal o, mejor solución y entiendo que es la opción que se irá generalizando, el certificado de empleado público.

Pero también menciona la Ley la firma incorporada al certificado de entidad, que representa a la entidad a la que pertenece el empleado público, pero que pueden utilizar varios empleados, cada uno en su nombre, en representación del Ayuntamiento. Esta es la única opción para la realización de algunos trámites ante otras Administraciones Públicas.

En realidad, esto sería lo mismo que ahora hacemos en papel. Cuando un documento se firma por un empleado o cargo público de un Ayuntamiento se está actuando en representación de la entidad, es un acto del Ayuntamiento, del que éste responde, y lo firma con su nombre el funcionario o Concejal.

Y parece claro que lo normal es que a nadie se le ocurra firmar un documento autorizando, denegando, informando o interveniendo en un trámite en el que no tiene atribuciones. Pues bien, mediante la firma electrónica debería procurarse que ocurra lo mismo: si se trata de trámites electrónicos relativos a cotizaciones sociales, accidentes de trabajo, etc., deberán autorizarse a los empleados responsables de realizar dichos actos, y así con todos los demás (Agencia Tributaria, Ministerio de Administraciones Públicas,...). Claro que todos estos trámites se realizan en nombre del Ayuntamiento y se suscriben personalmente por un empleado municipal, para lo que deberán estar expresamente apoderados (en nuestro lenguaje administrativo, habilitados o autorizados). Y además, es muy conveniente que la relación de empleados autorizados deben estar inscritos en un Registro que incluya los actos o trámites para los que puede representar al Ayuntamiento, aunque no exige su creación la LAE.

Curiosamente sí prevé la Ley la necesidad de crear un registro de funcionarios habilitados para firmar en representación de los ciudadanos, posibilidad que pienso que puede tener una gran utilidad y que puede suponer un contrapeso a la posibilidad por los ciudadanos de utilizar el canal no electrónico, para los procedimientos que se pretendan tramitar de un modo exclusivo electrónicamente.

¡Música, maestro!

2009-02-22T21:41:00.003+01:00

El espectáculo se llama Pagagnini. Es un cuarteto de cuerda liderado por un violinista libanés, Ara Malikian, que interpretan música de todo tipo con mucho humor, baile y sorpresas.
Merece la pena.

La Ley de acceso electrónico en los Ayuntamientos (III) Qué se puede presentar en un Registro electrónico

2009-02-22T20:43:00.007+01:00

Uno de los elementos centrales en la implantación de la administración electrónica o utilizando la terminología de la propia ley, para el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos (locales) es el registro electrónico, por el que acceden los escritos y solicitudes dirigidas a la entidad local, en este caso sin necesidad de personación física en la oficina correspondiente (cualesquiera de las previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992).
Cada Administración Pública debe crear su registro electrónico (o varios de ellos) que recibirá solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a dicha Administración o dirigidos a otras Administraciones si se suscribe el correspondiente convenio de colaboración.

La creación del registro electrónico está supeditada a la previa o simultánea creación de la sede electrónica, cuyos principios o requisitos son predicables del mismo. Además, debe acordarse mediante disposición general (Ordenanza municipal) que ha de publicarse en el Diario Oficial correspondiente y en la sede electrónica.
El contenido de esta Ordenanza debe incluir la relación de solicitudes, escritos y comunicaciones que puedan presentarse electrónicamente, debiendo estar esta relación permanentemente actualizada. Esta necesidad de actualización permanente casa mal con la larga tramitación de una Ordenanza municipal por lo que habrá de rebajarse el rango de dicha relación, facultándose para su actualización a la Alcaldía (la relación que se aneje a la ordenanza tendrá un carácter testimonial, será la relación inicial), que deberá publicarla en los mismos medios antes citados.

Respecto al contenido de tal relación, el artículo 24.2 de la LAE establece que los registros electrónicos podrán admitir, bien cualquier solicitud, escrito o comunicación dirigido a la administración titular del registro (apartado b), bien únicamente documentos electrónicos normalizados de procedimientos o trámites previamente especificados (apartado a). Esta opción conferida por este apartado 2 del artículo 24 LAE, entre la creación de un registro con admisión general o con admisión restringida ha de entenderse que no es tal para los registros centrales o únicos de las Administraciones Públicas, por cuanto el apartado 3 del mismo precepto establece que “en cada Administración Pública existirá, al menos, un sistema de registros electrónicos suficiente para recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a dicha Administración Pública”, por lo que una regulación distinta contraría la LAE. Dicha opción otorgada por la Ley se referiría a la generalidad de los registros electrónicos, pero no para una Administración considerada en su conjunto, que debe disponer al menos de un sistema apto para todas las solicitudes y escritos dirigidos a la misma. Dicho de otro modo, cada Ministerio o Conselleria no debería tener un registro electrónico capaz de recibir todo tipo de escritos o solicitudes, pero sí la Administración del Estado o la Generalitat.
Así, en el ámbito municipal, una Gerencia de Urbanismo o un Organismo Autónomo Local pueden disponer de un registro electrónico con una relación limitada de trámites admitidos, pero el Ayuntamiento de que depende debe disponer de un registro electrónico que pueda recibir todo tipo de solicitudes dirigidos a la entidad local (y sus organismos dependientes). Además, mediante convenios de colaboración, puede permitirse la presentación de escritos de la competencia de otra Administración, de manera análoga al sistema tradicional de “ventanilla única” (hoy red de oficinas de atención al ciudadano).

En cualquier caso, junto a las solicitudes, escritos o comunicaciones se podrán presentar otros documentos con tal que cumplan “los estándares de formato y requisitos de seguridad que se determinen en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad” (artículo 25.4 LAE).

Por otro lado, no precisa la ley qué ocurre si se presentan escritos o documentos no admisibles, debiendo significarse en la disposición de creación del registro. Así la ORDEN APU/513/2007, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden APU/203/2004, de 29 de enero, por la que se crea un Registro Telemático en el Ministerio de Administraciones Públicas para la presentación de escritos y solicitudes y se establecen los criterios generales de tramitación telemática de determinados procedimientos, prevé lo siguiente: “Cualquier solicitud, escrito y comunicación que el interesado presente ante el Registro telemático del Ministerio de Administraciones Públicas no relacionado con los procedimientos y actuaciones a que se refiere el apartado Primero de la presente Orden, no producirá ningún efecto, y se tendrá por no presentada, comunicándose al interesado tal circunstancia, indicándole los registros y lugares que para su presentación habilita el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.”

Desaparición de documentos en el Ayuntamiento

2009-02-18T20:12:00.008+01:00

Aparece publicado en el Diario EL PAIS de 18/02/2009 la siguiente noticia:
Desaparecen varios documentos del Ayuntamiento de Pinto
El gobierno local (PSOE, Izquierda Unida y Juntos por Pinto) denunció ayer que han desaparecido cerca de una decena de facturas y expedientes emitidos durante la época en la que el Partido Popular estuvo al frente del Ayuntamiento.
Más leña al polvorín de Pinto. El gobierno local (PSOE, Izquierda Unida y Juntos por Pinto) denunció ayer que han desaparecido cerca de una decena de facturas y expedientes emitidos durante la época en la que el Partido Popular estuvo al frente del Ayuntamiento. Entre esos documentos hay un encargo a una agencia de detectives realizada por el Departamento de Recursos Humanos.
El Consistorio, según confirmó un portavoz municipal, desconoce "para qué se realizó ese encargo". También han desaparecido expedientes relativos a diferentes contrataciones, valoración de puestos de trabajo o la elaboración de una auditoría de las cuentas municipales de la localidad.

Es algo que puede ocurrir en un ayuntamiento como el nuestro, en que no existe todo el orden que debiera (es una generalización injusta, por supuesto). Pero no estaba pensando en eso: ocurre que muchos contratos de servicios, de asesoramiento especialmente (por no citar la contratación de detectives) tienen como clientes los Concejales o Alcaldes, que los encargan directamente, definen su objeto y conciertan su precio. Y aunque no se trate de contratos tan truculentos como los de espionaje, tan de moda estos días (¿se formalizarán contratos con este objeto?) sus resultados muchas veces acaban en mesas poco duchas en la organización, el archivo y demás técnicas de custodia y ordenación de documentos.

No digo yo que la Intervención municipal o el responsable del departamento correspondiente (si es posible, que no sea funcionario eventual) deba tener una copia de un documento que contiene información "confidencial" antes que el político la conozca (aunque sería lógico, incluso que el encargo partiera de ese departamento, aunque sólo sea para cumplir las exigencias de la Ley de Contratos en cuanto a la racionalidad del gasto y la justificación de su contratación), pero sí parece lógico que antes de la aprobación de la correspondiente factura, quedara un ejemplar "en su sitio". Y sí, también en los contratos menores, debería haber un sucinta descripción de la necesidad del contrato (al menos los que superen un determinado importe).

Y es que estos "tochos" de informes, estudios, etc., que precisan un gran número de horas para su comprensión y asimilación, acaban arrumbados en estanterías o incluso en domicilios particulares (sin mala intención, incluso) y luego, cuando cambia el gobierno municipal puede que nadie se acuerde de donde estaban (o también puede ocurrir que "...sí, a tí te lo voy a dar").

Y estos escándalos que a veces saltan a la prensa, a veces no esconden más que una mala organización (aunque no sé si es el caso del Ayuntamiento de Pinto). Pero para que a nosotros no nos ocurra, habríamos de pensar cuál es el sistema para controlar que una prestación (de contenido material) no sólo se haya entregado (firma de la factura, albarán o informe) sino también se determine quien queda a cargo de su resultado (a quien corresponde mantener, al menos, un ejemplar del informe, dictamen, estudio, etc.), a ser posible, que sea empleado público.

Y, desde luego, las facturas que se digitalicen, para que por lo menos las que ya están pagadas que no se pierdan (como en Pinto). A lo mejor no han pagado esas facturas que se han perdido..., aunque si son "buenos clientes" supongo que cobrarán un poquito antes.

La Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Implantación en los Ayuntamientos (II): El Tablón de anuncios electrónico

2009-02-17T20:35:00.011+01:00

El Tablón de anuncios, como sección en la sede electrónica, según la Ley 11/2007, puede ser complementario del tablón de anuncios convencional (en papel) o sustitutivo de éste.

No se ven más que ventajas a la existencia de un tablón de anuncios en la web complementario al tablón tradicional, por la mayor difusión que ello proporciona, pero viene suscitando más dudas establecer el tablón electrónico con carácter exclusivo, ante la posibilidad de que la denominada brecha digital deje sin acceso real a la información contenida en el mismo a un número importante de ciudadanos. Incluso se ha llegado a afirmar que ello supone atentar al principio de igualdad y no discriminación en la elección del canal de relación con la Administración, principio reconocido en la propia Ley 11/2007 también como derecho de los ciudadanos, por cuanto suprime el canal no electrónico.

La verdad es que esta posible vulneración de la Ley podría evitarse de un modo bastante sencillo: simplemente con disponer de un equipo informático (incluso en la tradicional ubicación del tablón de anuncios) con visualización permanente de la relación de anuncios publicados y que permita seleccionar por los interesados cualquier anuncio completo, creo que la información proporcionada sería más efectiva que la que proporcionan los tradicionales tablones "atiborrados" de papeles cuya lectura (incluso su localización) es bastante incómoda (por no decir imposible, piensa en los sistemas de vitrina cerrada).

Además se ha discutido si tiene sentido la publicación de anuncios en el tablón electrónico del Ayuntamiento del último domicilio (artículo 59.5 de la Ley 30/1992) cuando el acceso a los anuncios no está limitado por la residencia del interesado. ¿No debería publicarse en el tablón electrónico de la administración que tramita el expediente?

Por otro lado, aunque la Ley 11/2007 no contiene ninguna exigencia respecto a la necesidad de una sección específica del tablón en la sede electrónica, parece lógico pensar que debe ser, al menos, de fácil localización en la web

Por último, respecto al funcionamiento del tablón electrónico, cuando no se mantiene el tablón en papel, debería contener copias electrónicas auténticas de los documentos a publicar en el tablón electrónico (o documentos electrónicos debidamente firmados, si el procedimiento se gestiona electrónicamente). Y la publicación de los edictos y anuncios debería poder acreditarse fehacientemente, como se exige para el perfil del contratante, por sistemas electrónicos como el de la Agencia de Certificación de la Comunidad Valenciana de nombre "Fandango" (no es coña).

La Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Implantación en los Ayuntamientos. (I) La sede electrónica

2009-02-16T00:12:00.010+01:00

Empieza con ésta una serie de entradas con las que intento compartir mi interés por la Ley 11/2007, abordando algunas cuestiones prácticas para los Ayuntamientos que espero puedan aportar algo nuevo.

Creo no caben dudas que no toda la web oficial tiene que constituir la sede electrónica, puede ser únicamente una parte de la misma y así, sólo a esta parte le sería exigible el cumplimiento de los requirimientos de la Ley. En particular me interesa ahora destacar lo relativo al contenido de la información, que debe responder a los principios de veracidad, publicidad oficial, etc. , sin que puedan admitirse las cláusulas de exclusión de la responsabilidad por la información publicada: Si se incluye en la sede electrónica, la información debe ser correcta, es información oficial. Y además, en muchos casos, bastaría con insertar un vínculo al diario oficial correspondiente se cumpliría la finalidad pretendida.

Pero junto a la información oficial sobre trámites, actas, Ordenanzas municipales..., no es difícil encontrar otro material al que no creo que pueda exigírsele ese rigor, no creo que debe entenderse que forme parte de la sede electrónica y que se encuentra en gran número de las webs de nuestros Ayuntamientos, como podrían ser las noticias de la actualidad municipal que redacta el gabinete de prensa (normalmente vinculado a Alcaldía), las farmacias de guardia o el callejero. Aunque todo ello puede ser de interés para vecinos y visitantes, no parece lógico exigir que cumpla aquellos principios, ¿o sí debería cumplirlos? ¿Puede admitirse que un gabinete de prensa municipal "adorne" la realidad? Bueno, sobre los medios de comunicación de titularidad pública habría mucho de que hablar, pero no es ahora el momento.

Por otro lado, debe destacarse que tiene una justificada excepción el principio de accesibilidad, que el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, que aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, exige para "toda la información disponible en las páginas de internet de las administraciones públicas" (artículo 5.1), no sólo la que se incluye en la sede electrónica (concepto que no se trata en esta norma).

Respecto al contenido de la sede electrónica, debe ubicarse en la misma el tablón de anuncios (en caso de constituirse su versión electrónica, ya que no es obligatoria) el registro electrónico, el acceso a los trámites electrónicos y el resto de información oficial cuya publicación sea pertinente o se acuerde por el Ayuntamiento. Asimismo debe incluirse el perfil del contratante, cuya preceptiva existencia establece la Ley de Contratos del Sector Público (siempre que no se opte por su integración en las plataformas del Estado o la Comunidad Autónoma).

Sobre la sede administrativa también me parece necesario aportar que, a mi juicio, el acto administrativo de creación de la sede administrativa no tiene naturaleza de disposición reglamentaria, sin perjuicio de su publicación. Otra cosa debe decirse de la determinación, en su caso, de las condiciones e instrumentos de creación de otras sedes electrónicas de entidades u órganos municipales que, entiendo, deberían contenerse en una Ordenanza municipal.

La crisis y la implantación en los Ayuntamientos de la Ley 11/2007

2009-02-15T13:07:00.006+01:00

He leído en algunos blogs (por ejemplo, en el de Rosa Cobos) los efectos de la crisis económica en relación a la implantación de la "Ley de administración electrónica".
Ciertamente el condicionamiento contenido en la Disposición adicional tercera de la Ley a que se dispongan de recursos económicos suficientes, está justificado para muchos Ayuntamientos en circunstancias normales, y en estos momentos aún lo está más.
Pero esto es así para todas las decisiones sobre gasto que se puedan planificar. Me explico: dejando a salvo los casos en que los ingresos ordinarios apenas alcancen a cubrir gastos obligatorios (servicios contratados, suministros, gastos de personal, amortizaciones de préstamos, etc.) lo que es frecuente en muchos ayuntamientos, corresponde a los políticos municipales decidir cuáles son las prioridades.

Y reflexionando sobre cuáles pueden ser los motivos que pueden hacer decidir sobre si un gasto es prioritario o no, encuentro que la implantación de la administración electrónica los reúne todos:

Dar cumplimiento a un norma (valdría también un compromiso electoral, aunque creo que no es vinculante, ni exigible jurídicamente)
Mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos (o implantar nuevos servicios).
Incrementar el número de votos de la candidatura que apoya al equipo de gobierno.

Dentro de cada uno de los motivos, se podrían priorizar las actuaciones a realizar, en función de la mayor o menor consecución del objetivo. Y la implantación de la Ley 11/2007 puede tener una mayor "puntuación" según quien valore, pero lo que no se puede negar, entiendo yo, que reune todos los méritos para ser prioritaria.

Esto empieza aquí

2009-02-11T19:25:00.007+01:00

Desde hace un tiempo, buscando información sobre administración electrónica, sobre la Ley 11/2007, de acceso electrónico, y otros temas relacionados, y especialmente en cuanto a su implantación en los Ayuntamientos, he empezado a conocer algo más del mundo de los blogs y a visitar con frecuencia algunos que me han parecido interesantes, que iré incluyendo en el mío.

Tengo que explicar también el porqué del nombre del blog, ASÍ NOS LUCE, expresión castiza algo pesimista que viene a reconocer que muchos de nuestros males nos los hemos buscado nosotros mismos.

Escribir esto último me recuerda un pequeño libro escrito por dos consultores expertos en estrategia empresarial y marketing que se llama "La buena suerte", (ediciones Urano, 2004) que en forma de fábula contiene como principal enseñanza que la suerte nos la creamos nosotros mismos, somos de algún modo dueños de nuestro propio destino.